La Asociación de artistas Visuales acusa a la Consejería de falta de transparencia

En mayo de 2020, AVA CyL propone a la Consejería una serie de actuaciones para «la protección del sector de las artes visuales que se concretan en el documento '20 medidas para la reactivación del sector de la cultura en Castilla y León', que hacen hincapié en la necesidad de realizar inversiones, como ya han hecho Francia o Alemania, para una recuperación efectiva». La mayor parte de las propuestas cayeron en saco roto, si bien una de las medidas planteadas era la «Propuesta anual de una dotación económica para adquisición de obra de los artistas de la comunidad a fin de fortalecer la profesionalización y de paso aumentar y enriquecer las colecciones de la Junta de Castilla y León y otros museos y centros de la comunidad.»

AVA esperaba «la realización de una convocatoria que, en cumplimiento de las buenas prácticas que nuestra Asociación preconiza, cumpliera con los requisitos de plazos, publicidad e independencia del jurado que garantizaran la participación y la transparencia de una convocatoria que nunca existió».

La Asociación denuncia que en lugar de hacer una convocatoria pública de adquisición de obra la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo, «decide hacer una supuesta base de datos, sustentada en una aplicación de hoja de cálculo que además se hace pública a través de la web de la Fundación Siglo y que recoge datos como DNI, dirección, teléfono, e-mail de los artistas que participan y a los que, en cumplimiento de la ley de protección de datos, se les obliga a firmar una 'autorización para el tratamiento de difusión de datos de obras, artistas y galeristas'».

Para AVA «esta base de datos, que es más bien un listado de obras con datos personales de sus autores, sirve de base para la adquisición que la Fundación Siglo decide en marzo de 2021, con lo que la Consejería denomina 'fondo de reactivación artística', sin que haya mediado convocatoria».

En resumen, «la reciente adquisición de 40 obras de 34 artistas por valor de 200.000 euros se ha realizado sin convocatoria pública, mediante un procedimiento escasamente respetuoso con la protección de datos y los derechos de autor y una considerable falta de publicidad y transparencia».