Yolanda Díaz enviará a la Junta un segundo requerimiento por el Serla

Díaz envió un primer requerimiento el 13 de marzo que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que dirige Mariano Veganzones inadmitió argumentando que la ministra carece de competencias sobre el Serla, que la Junta no tiene la obligación de financiar el servicio y que el requerimiento fue remitido fuera de plazo. Sin embargo, en el plazo transcurrido entre la llegada de la instancia y la respuesta, el 3 de abril, la consejería desistió de su intención inicial de suprimir el Serla y accedió a mantenerlo capitidisminuido, con menos atribuciones y menos financiación.

Los dirigentes sindicales han mostrado su satisfacción a la salida del encuentro por esta nueva implicación de la ministra. Esperan que tras la «primera rectificación parcial e insuficiente» del ejecutivo autonómico, el segundo requerimiento sirva para que la continuidad del Serla sea en las mismas condiciones anteriores. Ahora, con un presupuesto de 400.000 euros frente a los 900.000 anteriores, la presidencia de su patronato que dirige Veganzones quiere que solo se encargue de mediaciones en conflictos colectivos y no en los individuales.

Para Vicente Andrés, el Serla «tiene que ser un organismo integral para la resolución de conflictos que necesitamos tanto las personas trabajadoras como las empresas». El secretario general de CC OO confía en que el segundo requerimiento que va a presentar el Ministerio de Trabajo sea el definitivo «y se avengan a razones», si bien admite que «queda un largo camino». Andrés lamenta «la política del socio minoritario en la Junta, obsesionado con destruir todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo».

En sentido similar, Faustino Temprano valora esta nueva intervención de la ministra con un «compromiso firme para salvaguardar un servicio que pertenece a los castellanos y leoneses». «La situación del Serla es urgente y seguiremos luchando por que este organismo conciliador siga funcionando en nuestra comunidad», añade.

En su respuesta negativa al requerimiento anterior, el departamento de Veganzones argumentó que no existe obligatoriedad de financiar el Serla, «dado que el acuerdo de financiación suscrito entre la Junta y los firmantes del III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL) perdió su vigencia el día 2 de octubre de 2020».

Según el consejero de Vox, al ser la ley de Presupuestos la que fijó la financiación de la Fundación Serla y no incluirse financiación para el servicio en la Cuentas de 2023 «no cabe un requerimiento previo a la vía judicial por parte del Ministerio, puesto que correspondería manifestarse al Tribunal Constitucional».

Pese a ello, el titular de Empleo presentó posteriormente un «plan de viabilidad» del Serla con una reducción en el presupuesto hasta los 400.000 euros y según el cual los conflictos individuales serían gestionados por la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid «para evitar el sobrecoste de este servicio a los ciudadanos y eliminar las distinciones territoriales».