Violencia machista, promesa pendiente en Castilla y León

Es bueno recordarlo un 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ha hablado estos días Nevenka Fernández. Era concejala del PP en Ponferrada cuando hace más de 20 años denunció al alcalde por acoso sexual. «No es fácil ser valiente cuando te acosan o maltratan y la sociedad te culpa por ello», ha confesado al recoger un reconocimiento en el Ministerio de Igualdad, en el primer acto de la vallisoletana Ana Redondo como ministra. Nevenka sabe lo que dice. Ella tuvo que irse de España y el condenado por acosarla siguió con su vida en El Bierzo.

Sigue haciendo falta compromiso de lucha contra la violencia machista. Hay un montón de trabajo avanzado para revisar esa ley pendiente. Los políticos de esta nuestra comunidad ya se habían puesto a ello en el último Gobierno de Juan Vicente Herrera. Se montó entonces una comisión en las Cortes por la que pasaron durante meses una treintena de personas para mostrar los flancos débiles en la atención a las víctimas de malos tratos. Desde profesionales de los cuerpos policiales, de la fiscalía, de los tribunales, de la abogacía, a responsables de la sanidad y del mundo de la educación. Era 2018. Y aquí estamos. Esperando sus frutos. La vida avanza para casi todo el mundo menos para las promesas electorales, que tienden a eternizarse.

En el caso de la reforma de la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León, el PP estaría en disposición de cumplirla mañana mismo. Existe un texto de 44 páginas con una contundente exposición de motivos que argumenta la necesidad de actualizar la norma, cosa que hace a través de 68 artículos. Ese proyecto de ley refuerza los derechos de los huérfanos de asesinadas y recoge el aprendizaje de la covid-19, con un impulso al acceso telemático a los recursos de atención.

La norma incorpora realidades muy duras que en 2010, cuando se aprobó la que está en vigor, casi ni se imaginaban: el ciberacoso, la usurpación de identidad, la pornografía no consentida, el espionaje a través de redes sociales, la difusión de imágenes íntimas...

Todo eso esta empantanado desde hace años. En diciembre de 2021 fue uno de los anteproyectos damnificados por el adelanto electoral. El motivo ahora es claro. El PP tiene como compañero de viaje en la Junta a Vox, que primero dijo que iba a exigir derogar esa norma y, cuando vio que estaba blindada por el Estatuto de Autonomía y una regulación estatal superior, impuso redactar una Ley de Violencia Intrafamiliar.

Alfonso Fernández Mañueco mantiene anestesiado este último proyecto, pero solo tramitará la Ley de Lucha contra la Violencia de Género reprometida si necesita marcar diferencias con Juan García-Gallardo. Con Vox. El último trámite que ha superado el texto fue hace algo más de un año, en septiembre de 2022. Pasó el análisis del Consejo Económico y Social con informe favorable.

Y tras el arreón, nuevo frenazo.

Frente a los mensajes políticos de Vox, la consejera Isabel Blanco ha garantizado en el día a día los programas de asistencia a víctimas de violencia machista. En 2023 la Junta ha atendido a más mujeres maltratadas y a más menores a su cargo. Pero eso no justifica la ley pendiente, sin aprobar. Prometida desde hace tanto tiempo. Demasiado.