La Ley de Violencia Intrafamiliar no se aplicará en casos de violencia de género y desprotección de menores

Es un espacio para hacer sugerencias, previo a que haya un borrador sobre la mesa. Abierto el 27 de julio y que se cerrará el miércoles 31 de agosto. Hasta el momento, hay tres aportaciones ciudadanas. Una alerta sobre el objetivo de esta ley de «invisibilizar la violencia del hombre hacia la mujer», porque ese maltrato «no se da solo en el ámbito familiar y la Junta lo sabe perfectamente». En ese argumento insiste la segunda sugerencia, que insta a no «confundir conceptos», en referencia a la violencia intrafamiliar frente a la violencia de género. Por contra, la tercera persona que ha dejado su opinión en ese foro oficial deja entrever, desde la posición opuesta a las dos anteriores, su decepción con la futura ley. «Si esto no deroga la ley de violencia de género autonómica será un fracaso», esgrime. Eso no se contempla.

Son las tres sugerencias registradas hasta el momento sobre un texto en el que desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige la popular Isabel Blanco, se hace un esbozo de lo que será la futura Ley de Violencia Intrafamiliar. Y deja claro lo que no será, al excluir su aplicación a cuestiones que encajen en violencia de género y protección de menores. Hasta en tres ocasiones, en apenas tres folios, recalca estas dos exclusiones, «que se regularán por su legislación específica», incide. En paralelo, a mediados de julio, Blanco comunicó a los agentes sociales que reactivaba la reforma pendiente de la Ley de Violencia de Género de Castilla y León, proyecto que se quedó en puertas de llegar a la Cortes en diciembre, con el adelanto electoral.

Así las cosas, ¿qué pretende regular el Gobierno de coalición de Castilla y León? El texto destaca que quieren impulsar la sensibilización, la información, la prevención, la detección precoz y la atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, que es la «que se produce entre ascendientes, descendientes o hermanos, propios o del cónyuge o conviviente». O «sobre menores o incapaces (se usa este término)» que se hallen bajo tutela o acogimiento en ese hogar o sobre «cualquier otra persona amparada por cualquier relación por la que se encuentren integrados en el núcleo de convivencia familiar», remarca el texto. Todo ello, siempre que no se trate, vuelven a recalcar, de supuestos que se consideren violencia de género o desprotección de menores.

El resumen que hacen desde la Junta de lo que será la futura regulación habla de varias «esferas» de aplicación: en situaciones de violencia filioparental, de hijos menores a padres y hermanos; en casos de maltrato a personas mayores y a personas con discapacidad; en supuestos de violencia de mayores con deterioro cognitivo o demencias seniles, o personas con discapacidad o trastorno mental con comportamientos disruptivos hacia los familiares que los cuidan; y en casos «de violencia de pareja que no tengan la consideración de violencia de género».

La normativa contemplará, entre otros aspectos, el derecho a asesoramiento legal gratuito, que incluye asistencia letrada en juicios, y a recursos de alojamiento. Eso recoge el avance de intenciones que la Junta plasma en este 'espacio de participación ciudadana' de su página web. Un paso previo al inicio del proceloso proceso de puesta en marcha de una ley, que conllevará la elaboración de un anteproyecto que deberá someterse en Gobierno Abierto a un plazo de información pública. Luego al análisis por todas las consejerías. A ello suma el anteproyecto la obligación de contar con informes sobre repercusión presupuestaria y de perspectiva de género antes de llegar a la evaluación de organismos como el Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Tras cada paso, la consejería responsable puede ajustar el texto con las recomendaciones o los reparos que se le planteen. El camino culminará con su aprobación en el Consejo de Gobierno para su remisión posterior a las Cortes. A partir de ahí se añade un mínimo de 4 a 6 meses de tramitación parlamentaria hasta su votación en el pleno. Ese es el calendario, si no hay contratiempos, para una normativa que Vox planteó con un alto calado ideológico, pero que se perfila con una aplicación muy acotada. En ese momento, la fecha que vence, es la de las sugerencias iniciales: el miércoles 31 en Gobierno Abierto.