Las víctimas con dificultades para comunicarse tendrán un «facilitador» en los juicios

En Castilla y León, según los datos que maneja el Consejo de Colegios de Logopedas de la comunidad, el 6,5% de la población (unas 156.000 personas de los 2,3 millones) tiene una discapacidad reconocida, «aunque hay personas con otras patologías no reconocidas que tienen dificultades de comunicación a nivel de expresión y comprensión». Personas con parálisis cerebral, afasias, demencias, disartias, hiperactividad, pero también las que tienen problemas con el lenguaje escrito, con dislexias o dificultades de aprendizaje, y no necesariamente con discapacidades cognitivas, personas extranjeras «que no necesiten traducción, sino comprensión» y, en general, cuaquier ciudadano con problemas para comunicarse que se vea envuelto en un procedimiento judicial podrá disponer de este apoyo. Por el momento, los promotores cuentan con el respaldo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y después de Navidad presentarán la iniciativa al presidente de la Audiencia y al juez decano de Valladolid. La pretensión, explica la presidenta del Colegio de Logopedas de Castilla y León, Verónica Martínez Mata, es que, como ocurre con el turno de oficio de los abogados, «este servicio sea sufragado por las administraciones y no sea a costa del usuario con discapacidad que, por lo general, carece de recursos propios porque no trabaja y suele mantenerse de prestaciones públicas».

Ferrero defiende que sean los logopedas y no otros colectivos quienes desempeñen esta tarea de «facilitador de la comunicación» en los juzgados con el argumento de que «somos profesionales sanitarios titulados, nos encargamos de la comunicación y partimos de una base científica, tenemos la capacidad de evaluar a la persona con discapacidad y de asesorar a cualquier operador jurídico (abogados, jueces), ayudando a que sea más inteligible la comunicación entre las partes». Por el momento ya se han apuntado al turno 200 logopedas de toda España. La importancia de este trabajo en sede judicial, sostiene, es evidente. «En muchos casos, el agresor sexual queda impune porque la víctima no tiene un lenguaje oral normalizado y no puede declarar. Por eso se necesitan estos apoyos a la comunicación».

Según el canal de denuncias abierto por la confederación de atención a personas con parálisis cerebral (Aspace) a nivel nacional a raíz de la pandemia de coronavirus, se han recogido hasta el momento 54 denuncias de agresión sexual, la última de ellas, registrada a primeros de este mes de diciembre. De ellas, 37 son por violencia sexual y 2 por explotación sexual. Pero de los 54 casos solo han podido ser judicializados 15. En el resto, los agresores quedan impunes. «El problema es que puede pasar mucho tiempo y las pruebas se desvirtúan, si además no hay restos biológicos...».

Indican las logopedas que, en paralelo a su inclusión en los procesos judiciales como facilitadoras de la comunicación es necesario que se produzca «un cambio de óptica» en los operadores jurídicos. Especialmente, cuando se trata de dar validez a la declaración a partir de pictogramas y otros sistemas alternativos. «Cuando se trata del testimonio de una persona con lenguaje normalizado, se le da mucha importancia lo que en derecho se denomina la persistencia de la declaración, es decir, que la descripción de los hechos que realice en un primer momento se repita en el resto del proceso de manera similar, sin apenas variación en el relato, de forma que sea coherente la declaración», señala Alicia Ferrero, que es coordinadora de la comisión de facilitadores del Consejo General de Colegios de Logopedas. Con las personas que tienen dificultad con el lenguaje oral, como los autistas, esa «persistencia en la declaración» cambia, pero con los facilitadores como garantes, sostiene, «sus manifestaciones van a tener la misma validez y eficacia, pues manejamos y sabemos interpretar los sistemas alternativos que ellos usan a diario, bien sean pictogramas, sintetizadores de voz, pantallas eléctrónicas que se guían por los ojos, conmutadores... ». El objetivo es que sus manifestaciones se realicen con todas las garantías procesales y ninguna parte implicada pueda solicitar la nulidad de actuaciones con el argumento de que su declaración no es válida.

Hasta ahora, en los juzgados no se han admitido con carácter general los denominados Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAC), explican estas especialistas del lenguaje, sino que el uso de estos apoyos depende de la «sensibilidad» del juez y el fiscal de turno. Con la incorporación de los «facilitadores» al proceso judicial, la víctima de un delito que tenga problemas de comunicación podrá declarar ante el estrado y el logopeda utilizará la técnica más apropiada y adaptada a cada usuario para que se haga entender y pueda comprender, a su vez, el desarrollo del procedimiento judicial. Porque, concluyen, «no hay justicia para una persona a la que no permites expresarse».