Castilla y León

Los veterinarios calculan que el sector ganadero ha perdido 3,8 millones en diez días

Todo como consecuencia de la Orden del Gobierno surgida para contrarrestar los efectos de la resolución de la Junta, en cuya elaboración, denuncian desde el sindicato, no se tuvo en cuenta los criterios técnicos de los veterinarios de la administración autonómica y que contemplaba «cosas de una gravedad impresionante» para la salud pública como el movimiento de animales «sin garantías sanitarias» o la asistencia de animales a certámenes «sin prueba sanitaria».

Desde Sivecal, según recoge Ical, condenaron además los actos violentos que un grupo de ganaderos llevó a cabo el pasado lunes al intentar entrar por la fuerza en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca y, en todo caso, tendieron la mano al conjunto del sector para recuperar la senda del diálogo «con los técnicos, no con los políticos» para mejorar, en la medida de lo posible, los programas de prevención, control y erradicación de la tuberculosis bovina en Castilla y León.

Los veterinarios de Castilla y León han augurado «pérdidas millonarias» en el sector ganadero de la comunidad por las restricciones ministeriales al movimiento pecuario y ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que intervenga con «urgencia» para detener «la sangría económica y, sobre todo, la pérdida del, hasta ahora merecido, prestigio de los productos pecuarios de Castilla y León».

El presidente de Sivecal-Uscal, Manuel Martínez, ha considerado que la mayor prevalencia de tubercolosis en Salamanca se puede deber a que es la provincia de España con mayor número de cabezas por hectárea, «la más ganadera», y ha apuntado como otra causa el hecho de que la Junta no esté llevando a cabo «todas las actuaciones de control sanitario en la fauna silvestre que se deberían llevar a cabo».

«No han hecho caso omiso», ha reprochado el presidente del sindicato de veterinarios a la Junta y ha insistido en la necesidad de poner en marcha «unidades de fauna silvestre en toda España y en toda Castilla y León» para controlar la prevalencia de la enfermedad en los animales silvestres donde cree que se puede hacer más.

Según sus datos, los jabalíes tienen una positividad del 12,45%; los cérvidos, el ciervo, el gamo y el corzo, del 7,95%, y los carnívoros, como el tejón, el zorro o el lobo, tienen del 4,51%, unas prevalencias que, según ha explicado, requieren unas «medidas especiales», unos «controles exhaustivos» y unos «programas concretos de control, vigilancia y, en su caso erradicación, de toda esta fauna silvestre».

«Eso tenemos que denunciarlo, Castilla y León no está llevando a cabo todas las actuaciones de control sanitario en la fauna silvestre que debería llevar a cabo», ha lamentado el presidente del sindicato de veterinarios que ha asegurado que este colectivo lleva «muchos años» pidiendo que se creen esas unidades de fauna silvestre «para que se encarguen de todos los programas sanitarios de la fauna silvestre de Castilla y León» y que, según ha aclarado también, «requiere algo más que hacer chequeos a los animales silvestres», como analizar las prevalencias en los reservorios.

También ha aconsejado «reservar permanentemente» los programas sanitarios desde el reconocimiento de que «no son fijos e inalterables» si bien ha defendido los resultados de unos programas sanitarios que se empezaron a aplicar en España en el año 1986 con una prevalencia del 11% que ha bajado a una media nacional del 1,4%.

Martínez ha recordado que la tuberculosis es «una enfermedad zoonósita transmisible al hombre» y ha reprochado al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, de Vox, que afirmase en su primera comparecencia en las Cortes que no es un problema de salud pública cuando cada año mueren 1,5 millones de personas por esta enfermedad, si bien ha aclarado que en España los datos son «más positivos».

«Sí es un grave problema de salud pública», ha aseverado Martínez que cifrado en un 2,07% la prevalencia de la tuberculosis bovina en Castilla y León en el año 2022, el último dato disponible, tras una «aumento significativo» del 0,73% respecto al año anterior cuando era del 1,34%, si bien ha aclarado que el incremento no ha sido uniforme en todas las provincias donde la mayor incidencia se sitúa en Salamanca, con una prevalencia del 4,47%, «y en menor medida en la provincia de Ávila», con un 1,84%.

Martínez ha diferenciado la situación concreta en estas dos provincias con las de las provincias de León, Burgos y Valladolid, que han sido declaradas recientemente por la Unión Europea como zonas libres de una enfermedad que la UE quiere tener erradicada en 2030, como se ha conseguido ya con la brucelosis.

Y respecto a la flexibilización de las medidas aplicadas por la Junta y ahora anuladas, ha explicado que no establecía criterios de actuación en función de las prevalencias que haya en determinadas zonas y se ha referido a «dudas» en la interpretación de los resultados de la propia prueba intradérmica de la tuberculina donde se reinterpretaba la suspensión de la calificación sanitaria y el restablecimiento de la calificación, la que se conoce como 'carta verde', «que reinterpreta lo que dice la normativa y establece o permite movimientos de animales en contra de la normativa, lo más relevante».

A modo de ejemplo, ha explicado que se permitía asistir a los certámenes «sin pruebas previas que descarten la posibilidad de ser positivos». «Es decir, que lo relaja hasta tal punto que se podían presentar a un certamen ganadero sin hacer los chequeos previos», ha añadido el presidente del sindicato de veterinarios que ha advertido de que se trata de asuntos «de una gravedad impresionante».

También ha criticado que se aplicaban las pruebas serológicas de la brucelosis en animales mayores de 24 meses en lugar de 12 meses y que autorizaba cebaderos y movimientos de animales a los mismos «sin garantías sanitarias y en contra de la normativa vigente» y que permitía movimientos de pastos con animales positivos a explotaciones de origen que están prohibidos «sin las pruebas correspondientes».

Este sindicato asegura que tres días después de la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que se establecen medidas para el movimiento de animales de la especie bovina desde Castilla y León «ya se están haciendo plomizos los devastadores efectos económicos de su aplicación».

«Y todo ello -explican a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press- por la absoluta incapacidad para la gestión sanitaria y productiva de los actuales dirigentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, que no solo están propiciando unas pérdidas millonarias al subsector del vacuno, sino que están llevando al desprestigio y pérdida de confianza a toda la producción pecuaria de esta comunidad».

Por este motivo, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León se ha dirigido al presidente de la Junta para que intervenga «decididamente» en este «asunto transcendental» para el futuro del sector ganadero de Castilla y León y su imbricación en la Salud Pública.

Y recuerdan que la aportación de la ganadería a las cuentas económicas de la comunidad autónoma representa el 51% de la producción de la rama agraria autonómica, 15 puntos por encima de lo que supone en España, que es el 36%, a lo que añaden que su potencial productivo «contribuye decisivamente al desarrollo y sostenibilidad del mundo rural de la comunidad».

A través de este comunicado lamentan también el «escaso éxito» de su petición a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez Vidal, para que modificase la Resolución de la Junta por la que se desarrollan «determinados aspectos» de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en Castilla y León.

E insisten en que poner en peligro la credibilidad sanitaria de un sector que en Castilla y León alberga el 22% del censo de vacuno de carne del país donde es, además, «la locomotora nacional» en la producción de leche de oveja de España con el 66% y lidera también el censo de cerdo ibérico con más del 30% del total nacional, «supone un riesgo sin precedentes del que difícilmente saldremos indemnes».

«Hemos asistido atónitos a las declaraciones que ha vertido -el consejero de Agricultura- en relación a los programas de erradicación de la tuberculosis bovina, enfermedad de la que, por cierto, le hacemos notar la distorsión sanitaria y productiva que tiene de ella, y le recordamos que si se hacen realidad sus intenciones dejarían en un evidente riesgo de inmovilización y pérdida de competitividad a este nuestro sector ganadero tan importante por los motivos que le hemos expuesto«, advierten los sindicatos.

Este sindicato urge a Fernández Mañueco a que inste a Gerardo Dueñas a que modifique la Resolución de la Junta para ajustarla a la normativa nacional y comunitaria por la que se establecen los Programas de Control, Vigilancia y Erradicación de Enfermedades de los Rumiantes.

Y solicitan amparo y protección para los funcionarios «que en el ejercicio profesional de sus actuaciones científico-técnicas, y en su obligación constitucional de protección de la salud, están siendo objeto de acoso laboral y escrache personal por parte de algunas agrupaciones que, aunque no sean representativas de los verdaderos ganaderos, si están socavando el ejercicio de la función pública».