El Valle de Tobalina juega la última carta del turismo para desconectarse de Garoña

Pero, aun cerrada, va a seguir mandando en la economía de la zona durante bastante tiempo. Al menos, hasta que Nuclenor, la empresa coparticipada por Iberdrola y Endesa, empiece con el desmantelamiento –programado inicialmente para 2019, aunque se habla de una ampliación de plazos hasta 2023– y siga manteniendo los residuos en la planta y pague por ello, nadie sabe hasta cuándo. A lo mejor, sospechan los vecinos más antinucleares, la planta burgalesa se convierte en cementerio nuclear , en ese Almacén Temporal Centralizado que iba a construirse en Villar de Cañas (Cuenca) para alojar todos los residuos radiactivos que genera España. El Gobierno de Pedro Sánchez paralizó la construcción en julio pasado, lo que vuelve a dejar en el alero la gestión de la basura nuclear por cuyo almacenamiento la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) paga a Francia más de 522.000 euros a la semana, 2,2 millones al mes y 27,2 millones de euros al año. Porque de aquel Plan Garoña que iba a crear 1.000 empleos en la zona apenas queda una gigantesca nave blanca sin terminar en el polígono (donde solo hay dos o tres empresas instaladas). Es la prueba flagrante de que los fondos del plan de reindustrialización de Zapatero se fueron por el desagüe arrastrados por la crisis.

El Ayuntamiento de Valle de Tobalina, ubicado en Quintana Martín Galíndez, va a dejar de percibir por el cierre de la central 800.000 euros, calcula la alcaldesa, porque Garoña ya no paga el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), lo que supone restar un buen pellizco de su presupuesto anual de 3,3 millones de euros. Es un ayuntamiento que sigue siendo rico en comparación con la mayoría de los de Castilla y León de similar población. Raquel González Gómez, del Partido Popular, que en 2015 sustituyó al frente del Consistorio al incombustible Rafael González Mediavilla, indica que en la anterior legislatura ya se preveía que iba a haber cambios. «La central ha marcado la identidad del municipio durante muchas décadas y se ha reflejado en los ingresos que ha recibido el Ayuntamiento y en el empleo», indica. Aunque reconoce que, en la actualidad, «no es que sea exagerada la cantidad de población que depende directamente de Garoña».

Hace diez años, cuando se producían las 'paradas' en la planta para la recarga de combustible o limpieza, se generaban expectativas de empleo temporal, había «movimiento de empleo en el valle y la zona, con la consecuencia positiva de que la gente permanecía en el valle». Pero cuando empezaron las dudas sobre la pervivencia de la central y la tendencia al cierre, la población se mantuvo a la expectativa, sin dar el paso al emprendimiento. «Ahora ha comprendido que la central tenía una vida útil y que hay que empezar a vivir sin esa empresa, a desarrollar iniciativas económicas sobre los recursos de toda la vida», plantea.

Cuando se le recuerda el Plan Garoña, indica que «sí se generaron ayudas, se dieron muchísimas ayudas» pero «no tuvo resultado positivo». ¿El motivo? «Que se planteó de arriba hacia abajo, sin contar con los municipios». E insiste en que el nuevo plan en el que está trabajando el Ayuntamiento y que presentará en breve «no es un Plan Garoña 2». Participan 14 municipios en 10 kilómetros de la central. Se lo van a llevar a la Junta, al Gobierno central y al Congreso. «Necesitamos que se impliquen en el desarrollo de telecomunicaciones e infraestructuras y ofrezcan incentivos a las empresas que quieran establecerse; no es pedir dinero porque sí», sostiene.

Pero en estos seis años, el Ayuntamiento no se ha quedado quieto buscando alternativas. Menciona el edificio de desarrollo rural, que tiene oficinas de emprendedores, «el primer paso, como un nido de empresas, para que tengan un sitio de referencia, con calefacción, Internet, por 70 euros al mes». Al lado, un grupo de viviendas municipales, «para el día que venga una familia a instalarse» y un parque empresarial «para el que quiera una nave, por 250 euros al mes».

No tiene mucho éxito. La pérdida de población ha sido un goteo constante en el Valle de Tobalina, que tenía un millar de habitantes y ahora son 980. En los dos años que lleva cerrada la central, subraya la regidora, lo que más se ha notado no ha sido el goteo de jóvenes que se van, porque hay muy pocos, una veintena, sino la mortalidad. La pérdida de población preocupa, pero no se achaca en exclusiva a la central. De entrada, se va a notar en las próximas elecciones. «Vamos a tener siete concejales en lugar de nueve», se lamenta.

En la central, todo son incertidumbres. La única certeza que se atreve a mencionar Alberto César González es que el convenio que tienen suscritos los trabajadores después del ERE que firmaron el año pasado es hasta el 1 de diciembre de 2020. Este veterano representante del comité de empresa, vecino de la zona, indica que desconoce cuándo empezará el desmantelamiento. El trabajo actual de los 119 trabajadores que quedan en la planta burgalesa consiste en cuidar del combustible. «Tenemos 2.700 barras de combustible en la piscina –explica– y tenemos que velar por la seguridad, velar por que el agua esté en perfectas condiciones». No se sabe cuándo Enresa tiene previsto sacar ese combustible de la piscina y llevárselo.

Los empleados que forman parte de este 'retén' son del Valle, de Miranda de Ebro, Medina de Pomar... y de Santander. El resto, los más jóvenes, fueron recolocados en otras plantas y los mayores se prejubilaron. En sus buenos tiempos, antes del parón unilateral de 2012, hubo hasta 800 en las paradas de recarga de la central. Enresa calcula el coste de desmantelar Garoña en 345 millones de euros y se prolongaría durante 13 años.

En Barcina del Barco, Juana Corbacho cocina para su familia. Comenta que poco ha cambiado su vida con respecto a lo que narró a este periódico hace seis años, y que en su pueblo el cierre de Garoña no ha tenido mucho impacto porque tan solo hijos de dos o tres familias trabajaban allí en tiempos. El resto sigue viviendo, la mayoría, de la agricultura. Con orgullo indica que el relevo generacional está asegurado, porque un hijo de cada casa ha optado por quedarse y trabajar el campo: «El 80% ha seguido con la labranza de los padres». Explica que Barcina «no es pueblo de veraneo» pero viene alguna gente de excursión, «gente maja, tranquila, no es un turismo invasivo». Juana cree que el futuro pasa por el turismo de naturaleza «controlado» y alude al nuevo embarcadero en Sobral, que cree que «será un éxito».

A 800 metros en línea recta de la central, Mijaraluenga, con la señal amarilla del punto de encuentro en caso de incidente nuclear clavada en «la única iglesia abovedada de Burgos, de 300 años», es la viva estampa de la despoblación. Allí residen dos vecinos. La residente más longeva, que vio construir Garoña, falleció el año pasado cuando estaba a punto de cumplir los 105 años, «era la única que estaba en el pueblo cuando ocurrió lo de Fukusima y llegaron los periodistas porque es de la misma época que Garoña», cuenta su yerno, Jesús Palacios Ruiz. Reside habitualmente en Santurce, pero le encanta este pueblo y dice, mientras arregla el vehículo de un amigo, que le gustaría, algún día, mudarse definitivamente.

A pocos pasos de la iglesia de Pangusión y una escuela construida en 1948 en cuya verja cuelga una sábana con un 'no a la cantera' está la casa de Alfonso García Cancino, argentino de nacimiento pero que vive desde hace más de 30 años en el pueblo. Calcula que hay ocho casas abiertas y unos veinte residentes durante todo el año. El turismo que llega, explica, es estacional y generalmente viene a pasar el día de excursión y se marcha. Señala que el pueblo se ha quedado fuera del Internet de la Junta «quizá por población». No le extrañaría, dice, que la planta de Garoña terminara por albergar el cementerio nuclear.

A un vecino suyo, de los pocos que tienen una empresa de aventura en la zona, tampoco le extrañaría. Félix Santa Coloma, está al frente de Azulair, para viajes en globo, recuerda que, al principio, existía el miedo de que la gente se quedara sin trabajo si se cerraba la central. «Pero no ha sido para tanto, incluso ahora muchos de los que están trabajando son del valle, no como antes». Apunta que «el desmantelamiento va a dar trabajo para otros 15 años, y teniendo en cuenta que el cementerio nuclear centralizado de Cuenca no sale, aquí se pueden quedar los residuos de tapadillo y convertirlo en un ATC».

Más que la central, el problema que les preocupa ahora es el de la cantera. «Estamos peleando, porque ya han hecho catas y está al lado de la planta, con lo que puede suponer para las grietas, las explosiones y eso». Apunta hacia una vinculación entre la gravera y la central «porque podría servir para sacar material de construcción para el almacén nuclear». Dice que no quiere imaginar el tráfico de camiones por los estrechos túneles de Sobrón y el idílico paisaje. Con respecto al futuro de la zona, es otro de los que apuestan por el turismo de naturaleza y desconfían de los resultados de ese nuevo plan de dinamización. Se refiere a la excesiva burocracia («parece que todo está preparado para que nadie se mueva») y, por otro lado, a la apatía de los naturales del valle. «La mayoría de emprendedores hemos venido de fuera. Me gustaría que mis hijos consiguieran trabajo aquí, pero parece que lo que se buscan son soluciones de ciudad para el medio rural».

El negocio de Abel Fernández, hostelero de Trespaderne, un municipio al que se considera en el límite de la zona de la influencia de la central pero en el que la repercusión de Garoña ha sido clave, sí ha notado un importante bajón en la facturación desde el cierre. Aunque reconoce que en los dos últimos años la subida del turismo ha ayudado un tanto a equilibrar las cuentas. Este empresario tiene la esperanza puesta en el proyecto de la Vía Verde Santander-Mediterráneo, con la construcción del tramo Burgos-Oña. La inversión es de 6 millones de euros por Adif, y Fernández cree que el inicio de las obras puede ser inminente.

Tampoco confía en el plan de dinamización porque considera que «sin empuje de las administraciones, no hay manera de fijar población». En su localidad, que hace seis años contaba con 1.200 habitantes, hay 900. La única excepción a la regla general de despoblación es Cabiñanos, indica: 60 habitantes y 20 niños. Este veterano concejal del grupo socialista dice que, con el cierre, los ingresos del Ayuntamiento han pasado de 1,2 millones a 900.000 euros. Sobre la recaudación del impuesto promovido por la Junta de Castilla y León, se muestra cauto con respecto a la inversión que puede llegar a esta zona «y cómo se repartiría». Y sobre el futuro turístico, señala que «por el momento, de ello la comarca no vive, para fijar población se necesita otro tipo de actividad». Y en cuanto al futuro de las instalaciones de Garoña, sostiene que «el gran debate es dónde se entierran los residuos nucleares, dónde se almacenan, y ese es el toro que ningún gobierno quiere coger por los cuernos».