Usuarios del Ave piden a la Junta que se sume al Gobierno central y bonifique los viajes laborales a Madrid

Antes de la pandemia unos 11.000 viajeros de Zamora, Palencia, León, Salamanca, Valladolid y Segovia se desplazaban en tren a diario a sus centros laborales en la capital de España. «Ahora el escenario ha cambiado y suelen hacerlo un 60% de ese contingente, pues las grandes empresas asentadas en Madrid están aplicando el teletrabajo y reorganizando equipos y plantillas con el fin de ahorrar costes, con lo cual hay quien podría viajar dos o tres días a la semana a su puesto de trabajo y vivir en la región», explica Carlos Perfecto, presidente de la Asociación de Usuarios del Ave de Castilla y León.

El trayecto en Avant ida y vuelta de Valladolid a Madrid durante un mes (cinco días a la semana) supone un desembolso de unos 670 euros, unos mil si el trayecto se realiza desde Zamora y poco menos de 300 si es desde Segovia. Con la rebaja del 50% los bonos serán mucho más asequibles, pero lo serían aún más, arguye Carlos Perfecto, «si la Junta subvencionase al menos el 25% que comprometió hace un año. Entonces habría mucha más gente que vendría vivir a Castilla y León desplazándose a trabajar a Madrid y generando riqueza en nuestra tierra; si es caro, el transporte ferroviario no se utiliza, pero si es asumible socialmente muchos trabajadores de la región estarían en las mismas condiciones que el que vive en Getafe o Fuenlabrada».

Cuenta el portavoz de los viajeros de Alta Velocidad que han recibido varias consultas de personas que trabajan en empresas de la capital y estarían interesadas en asentarse en zonas de la comunidad, pero para ello deberían conocer antes del 1 de septiembre con qué ayudas cuentan para poder realizar trámites antes de esa fecha como cambios de colegio o universidad.

En julio del año pasado la Junta de Castilla y León anunció que subvencionaría hasta un 25% del coste de los trenes de alta velocidad con un límite de 2.000 euros al año a los empadronados en cualquier municipio de la región y con domicilio fiscal en la comunidad pero que trabajen fuera, principalmente en Madrid. La medida impulsada por el entonces portavoz de la Junta y representante de Ciudadanos, Francisco Igea, se iba a aplicar en octubre de 2021 a la espera de que junto a Renfe y el Instituto Nacional de Estadística se implementasen las herramientas tecnológicas necesarias para comprobar la veracidad de los datos de empadronamiento.

Ahora, desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que dirige María González Corral, se señala que «la Junta de Castilla y León está reclamando la declaración de Obligación de Servicio Público de todas las líneas de altas prestaciones para permitir bonificar los viajes con ese 25%, iniciativa que cuenta con un horizonte temporal de cuatro años (no de tres meses) y 9,6 millones de euros».

Una de las reivindicaciones pendientes ante el Gobierno central es el corredor ferroviario que uniría Medina del Campo, Valladolid y Palencia, un proyecto que se ha trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ante el que aún no hay respuesta. Esta iniciativa que impulsó Comisiones Obreras en 2015 podría interesar a más de 400.000 personas que viajan habitualmente, según apuntó el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en un acto celebrado a mediados de abril en el Ayuntamiento.

A aquel encuentro acudieron regidores de trece municipios de Valladolid y Palencia, que unieron sus voces para hacer ver la necesidad de este corredor cuya infraestructura requeriría una inversión cifrada en 23 millones de euros y que pondría en servicio trenes con frecuencias de 30 minutos.

Los municipios implicados en la demanda de este proyecto son Medina del Campo, Pozaldez, Matapozuelos, Valdestillas, Viana de Cega, Valladolid, Santovenia, Cabezón de Pisuerga, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Dueñas, Venta de Baños y Palencia.