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Unicaja Banco ha informado a los sindicatos de cuál será la afectación de su expediente de regulación de empleo (ERE) en Castilla y León: cierre de 80 sucursales y despachos y salida de 401 trabajadores. La entidad ha abierto el periodo de consultas del ... ERE, «dirigido a reducir los despidos y atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad», pero la representación de la plantilla ya ha calificado la propuesta de «barbarie».
La entidad quiere cerrar tres oficinas en Ávila, otras tantas en Burgos, 14 en León, 12 en Palencia, 10 en Salamanca, una en Segovia, 11 en Soria, 14 en Valladolid y 12 en Zamora. Estos datos incluyen oficinas y despachos, es decir, sucursales que no abren todos los días. Las clausuras afectarán principalmente al medio rural, segun explican fuentes de UGT, que consideran la medida un mazazo para los problemas de despoblación de la comunidad autónoma.
Los cierres planteados por la dirección de la entidad, en proceso de fusión con Liberbank, conllevarían la salida de 13 empleados en Ávila, 24 en Burgos, 118 en León, 33 en Palencia, 57 en Salamanca, cuatro en Segovia, 20 en Soria, 97 en Valladolid y 35 en Zamora.
Unicaja Banco ha planteado una propuesta para reducir su plantilla en 1.513 empleados, de los que 1.005 pertenecen a la red de oficinas y 508 a servicios centrales. El ajuste de empleo excluiría a los empleados de entre 50 y 56 años y el criterio preferente de adscripción será la voluntariedad, aunque si no fuera suficiente recurrirá a los despidos forzosos. Una vez iniciado hoy el proceso formal de consultas, el plazo para cerrar un acuerdo es de 30 días, de modo que Unicaja cerraría el ERE en los primeros días del mes de diciembre.
Los sindicatos reclaman que el banco garantice que todas las salidas sean voluntarias. Desde CC OO, CIC, UGT y CSIF ya han amenazado con «concentraciones, movilizaciones, huelgas y las medidas legales necesarias» para alcanzar dicho objetivo. Aseguran que serán «implacables en la defensa de toda la plantilla» ante «la barbarie que plantea la empresa».
Para los sindicatos, resulta «inadmisible el argumento esgrimido por la empresa por el que se pretende otorgar una especial protección al segmento de trabajadores de 50-56 años, excluyéndolos así de la posibilidad de la adscripción a las desvinculaciones voluntarias, al tiempo que quedan sometidos a la aplicación forzosa de la movilidad geográfica, lo que de facto lleva implícito en casi todos los supuestos la extinción de la relación laboral con la indemnización mínima prevista en la legislación vigente». Estiman que lejos de proteger la empleabilidad de este colectivo, se le aboca «a un riesgo cierto de despido, a una inseguridad jurídica inasumible y a una clara discriminación por razón de edad».
Se trata del primer ERE de la historia de Unicaja, un despido colectivo que se suma a las salidas de CaixaBank (unas 6.500), Santander (3.500), BBVA (2.700) y Sabadell (unas 1.700 bajas).
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