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El sobrevuelo de una posible moción de censura contra Alfonso Fernández Mañueco ha tensado durante toda la semana la agenda política autonómica. El varapalo electoral que los socios de gobierno en la Junta, PP y Cs –sobre todo estos últimos– han recibido en Cataluña ... y el revés del Supremo al adelanto unilateral del toque de queda, unido al descontento social con restricciones anticovid, han hecho de acelerantes para desempolvar una herramienta política de uso delicado.
El PSOE de Luis Tudanca mantiene viva la amenaza de una moción que, al igual que ocurrió con el pacto autonómico entre PP y Cs, de sustanciarse con posibilidades de prosperar se dilucidará en Madrid. En junio de 2019 decidió Albert Rivera y ahora lo haría Inés Arrimadas. «Imagino que en Cs debe haber debate interno sobre cómo se plantea su futuro asociados al PP», indica Jesús Quijano, histórico dirigente del PSOE de Castilla y León.
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Antonio G. Encinas
«Honestamente creemos que en la piscina hay agua», refieren fuentes de la Ejecutiva socialista de Castilla y León, que indican que están trabajando de forma «seria y a todos los niveles» con el objetivo presidir la comunidad y promover un cambio profundo en las políticas de la Junta. «Movimientos ha habido», resaltan desde el equipo autonómico que encabeza Luis Tudanca.
Francisco Igea, vicepresidente y portavoz del Gobierno de coalición, tildó de «espectáculo un poco patético» la «moción interruptus» de Luis Tudanca. El dirigente de Cs atribuye el amago al déficit de liderazgo del secretario general del PSOE de Castilla y León respecto de dirigentes como Óscar Puente, alcalde de Valladolid, o Javier Izquierdo, delegado del Gobierno, con un congreso autonómico que se divisa en el horizonte del otoño. El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, acusó a Tudanca de promover una moción «al estilo Abascal», como la de Vox y de haber perdido «la poca dignidad que le quedaba» dejando abierta la puerta a esta posibilidad en medio de una pandemia. «Se han puesto muy nerviosos», analizan desde el PSOE.
Sin Cs no salen los números de una moción de censura que se plantee lograr el Gobierno de Castilla y León. Los doce escaños naranjas fueron en 2019 la llave que mantuvo al PP en la Junta, con Mañueco de presidente pese a haber perdido las elecciones autonómicas. Los populares pasaron de los 41 escaños que dejó Herrera a 29 y el PSOE logró 35. Dos procuradores de Podemos, uno de UPL, otra de Vox y un último de Por Ávila completan un hemiciclo de 81 parlamentarios. «Los números son los que son, no vamos a buscar rebeldes, como van diciendo, somos gente seria», insisten desde el PSOE.
De momento, la estrategia pública es la de interpelar machaconamente a la bancada de Cs. «¿Es esta la aportación que quieren hacer a nuestra tierra? ¿Es esta de verdad?», remarcó el martes, en el pleno, la socialista Ana Sánchez, después del «reflexionen si para esto vinieron a la política» de su compañera Virginia Barcones. «Estamos acostumbrados a los tejemanejes de la oposición, pero es una falta de respeto a nuestro trabajo. No gusta esa incitación continua», reconoce Marta Sanz, responsable de Comunicación de Cs en Castilla y León y procuradora autonómica, que resalta que en 2019 «firmamos con el PP, y lo que firmamos los cumplimos».
La máxima responsable autonómica, Gemma Villarroel, y el núcleo que arropa a Inés Arrimadas en la dirección nacional han optado por el mutismo. La versión oficial insiste en la satisfacción sobre cómo están funcionando los pactos en «los gobiernos autonómicos que tenemos». El menos concluyente ha sido Luis Fuentes, presidente de las Cortes, portavoz de Cs en Castilla y León y miembro del Comité Permanente nacional. En el marco de una entrevista sobre el aniversario del Estatuto de Autonomía, en RTVCYL, deslizó sobre la posible moción del PSOE que es una «hipótesis» y que «hasta que no se den las condiciones no sabemos exactamente qué es lo que van a pedir».
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La situación en Cs es más complicada que en 2019, cuando Rivera, con 56 diputados, hizo socio preferente a un PP al que aspiraba a 'sorpasar'. Ha perdido terreno nacional, Igea se enfrentó a Arrimadas por el liderazgo del partido y perdió, pero es la cara visible y omnipresente en Castilla y León de una formación que ha excluido al sector crítico de la dirección regional y que apuesta aquí por la leonesa Gemma Villarroel.Esta es la nueva coordinadora, pero la visibilidad autonómica que tiene es mínima. Las sustituciones en el grupo parlamentario han reforzado al sector oficialista en detrimento de los apoyos del vicepresidente. Ese es el terreno que condicionará cualquier decisión de Cs.
Hay una triada de instrumentos legales con los que afrontar un escenario de desestabilización a un gobierno, sea cual sea el motivo. La oposición puede hacer uso de la presentación de una moción de censura para exigir la responsabilidad política de la Junta debe ir firmada por el 15% de los procuradores (13 de los 81) y debe incluir un candidato a presidente de la Junta. Los firmantes no podrían presentar otra hasta que no pase un año. Si la moción sale adelante el candidato es elegido presidente de la Junta.
Y el Gobierno puede plantear, de forma previa, una cuestión de confianza. El presidente de la Junta puede forzar una votación que refrende su posición planteando una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, según se recoge en el Estatuto de Autonomía. Persigue un respaldo expreso para la continuidad del Gobierno y puede usarse como un neutralizador ante una amenaza de moción de censura.
El último mecanismo, el 'botón rojo', es la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Junta, tiene en su mano disolver la Cámara, convocar elecciones y abrir una nueva legislatura de cuatro años. Ese instrumento que pone en marcha la maquinaria electoral solo puede apretarse si no se ha registrado una moción de censura. Es el último cartucho para dinamitar una moción de censura.
Una moción de censura se plantea para desbancar a un Gobierno de inmediato. Si se gana. O para poner de manifiesto una alternativa política o los agujeros de una mala gestión, como revulsivo político para movilizar a la ciudadanía, si pese a no contar con apoyos suficientes se registra. La que lideró Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980 no prosperó, pero se consideró la antesala de la victoria del PSOE en 1982.
En ambos casos es una herramienta que puede provocar efectos no deseados en quien la promueve. Cuanto más avance el calendario menos margen queda para virar la maquinaria de gestión de la Junta y sacar lustre a una gestión de gobierno, con el agravante de la situación de crisis sanitaria, económica y social que ha promovido el coronavirus. Eso estrecha el margen de decisión de quien impulsa el cambio de gestor y de quien lo apoya. Su apuesta aumentaría el riesgo.
También se puede buscar ese efecto movilizador en torno al potencial presidenciable, a sabiendas de que se pierde la votación. A Felipe González le salió bien. A otros, no. Para el antecesor de José María Aznar, el popular Antonio Hernández Mancha, la moción que lideró en 1987 contra el PSOE supuso el finiquito de su carrera política.
Registrar una moción de censura supone aventurarse en terreno movedizo. Sin contar con que siempre le queda al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la posibilidad de disolver las Cortes y convocar elecciones. Esta facultad se incorporó al Estatuto de Autonomía, cuyo aniversario se celebró el jueves, en la última reforma, la de 2007.
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