Ahora es procurador del PP en las Cortes pero el exdelegado territorial de la Junta en Valladolid, entre otros cargos en la Consejería de Economía y Empleo, formó parte de los consejos de administración de Gesturcal y fue vicepresidente de la Agencia de Desarrollo (ADE) y fue, señala el juez en el auto de 2018 que le excluye de la causa de la Perla Negra, uno de los pocos cargos que cuestionaron las operaciones de alquiler del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda y la compra de terrenos en Portillo donde iba a levantarse el parque empresarial. «Yo puse obstáculos y peros a las operaciones, no porque creyera que fueran ilegales, sino porque las veía con ciertas irregularidades». Como la compra de suelo en Portillo, de la que el consejo de administración «no sabía nada» aunque luego resultó, tras pedir un informe jurídico, que el consejero delegado tenía potestad para hacerla.
«Rafael Delgado y Begoña Hernández no solo conocían las operaciones; las impulsaban y llevaban el mandato al consejo»
En el caso del edificio Perla Negra, sobrenombre que le pusieron los propios funcionarios de la Junta por el elevado coste, Trillo contó que decidió comentárselo al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, porque le consideraba «honesto» y tenía línea directa con él por «una amistad de muchos años, mi hermano iba al colegio con él». Si se saltó al consejero de Economía, Tomás Villanueva –indicó a preguntas de la portavoz socialista, Patricia Gómez Urban–, fue porque «tenía muy claro lo que pensaba». Recordó que «cuando hablo con Villanueva le digo que esta operación es cara y no lo terminaba de ver, decía que era un edificio muy bueno y cómodo y que aplacase los recelos de los funcionarios y yo, en la medida de salvar la imagen lo hacía, pero el tema estaba ahí». Así que, durante un encuentro con Herrera, sacó el tema. «El presidente me dijo que le informara directamente a él, con lo que si el almirante me ordena eso, me releva de tener que pasar por el capitán y el sargento», manifestó el compareciente, haciendo un guiño a su pasado militar. No negó que tuvo sus «diferencias» sobre estas operaciones urbanísticas con la presidenta de la sociedad, Begoña Hernández, y el consejero delegado, Rafael Delgado (ambos encausados en el proceso de la Perla Negra y los terrenos de Portillo), aunque a la pregunta de Laura Domínguez (Grupo Mixto-Unidas Podemos) sobre si conocían «las irregularidades», Trillo se limitó a señalar que «no solo conocían las operaciones, sino que las exponían ante el consejo de administración y las impulsaban. Ellos eran quienes nos llevaban al consejo el mandato de hacer determinadas cosas. Si era ilegal, lo tendrá que decidir el tribunal».
«No hay trama»
El compareciente pasó de puntillas por las preguntas del portavoz de Ciudadanos, Javier Panizo, sobre la trama eólica porque, explicó, la secretaría general de la Consejería de Economía, cargo que ocupó en septiembre de 2005, no llevaba «esos contenidos» y «los molinos de viento son un tema extraño para mí porque era un asunto que llevaba la viceconsejería de Economía». No obstante, respecto de «los rumores» sobre que se daba prioridad a los empresarios de la comunidad para las concesiones de los parques, Trillo manifestó que, «sí era un criterio general y normal que si los proyectos se podían hacer con empresas de aquí pues se hacía, porque era favorecer el empleo en la comunidad». Aprovechó el portavoz del PP en la comisión, Alberto Castro, para lanzar «a los medios de comunicación que nos están viendo» que «no existe tal trama, sino acciones individuales».