El Tribunal Superior anula el decreto por el que la Junta planificaba 105 parques comarcales de bomberos

El decreto dividía el mapa de Castilla y León en 105 áreas, en las que distribuía cuatro tipos de instalaciones con dotaciones diferentes según la zona y fijaba una planificación que orientaba la actuación de las diputaciones, pero que no obligaba a estas instituciones a poner en marcha unos parques para los que el decreto no contemplaba presupuesto. Aún así, la Junta ha puesto en marcha un programa para financiar esas instalaciones. Esa falta de valoración presupuestaria es uno de los aspectos en los que entran los magistrados del TSJ, que entienden que debería contar con una memoria económica y ponen reparos a que se abra la puerta a que personas voluntarias presten un servicio que la ley reserva a profesionales.

Es la Federación de Servicios Públicos de UGT quien ha ganado el litigio a la Junta. Los magistrados dan la razón a los responsables sindicales y anulan el decreto de abril de 2021 que plasmaba toda esa organización territorial de los servicios de extinción de incendios y salvamento y rescate, al constatar que la entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente no refleja el impacto presupuestario que la construcción o mejora de esos parques tendría en las administraciones responsables. «Falta un análisis de los aspectos económico y presupuestarios que el decreto 10/2021 puede tener para la Administración local», recoge la sentencia.

El fallo recoge, además, la contradicción que supone que el «modelo» que plasma el decreto tenga como objetivo garantizar «una respuesta de mínimos en la prestación de este servicio esencial en el territorio de Castilla y León», con unos «criterios de actuación objetivos y prioridades para una prestación homogénea y adecuada al sistema de protección ciudadana», poniendo el énfasis en una cobertura de 24 horas al día los 365 días de año y que se deje luego la 'intensidad' de su aplicación a la voluntad de las diputaciones y los ayuntamientos.

Los magistrados reflejan que el Consejo Consultivo de Castilla y León dictaminó este decreto cuando era un anteproyecto y apuntó que resultaba inoperativo, puesto que en la redacción se asumía que la implantación de parques de bomberos iba a depender de «las posibilidades presupuestarias de las distintas administraciones locales». Los magistrados del TSJ aseguran que, con ese argumento, «no hay nada que justifique la afirmación (de los redactores) de que no hay necesidad de hacer una estimación del coste».

El fallo que anula el decreto detecta términos que pueden generar inseguridad jurídica. Exponen que habla por ejemplo de «intervinientes» en las actuaciones sin especificar con claridad quienes son y también considera contrario a derecho que abra la puerta en el modelo de atención a que personal voluntario preste un servicio que deben atender profesionales. Esa situación se contemplaba en dos tipologías de parques, las de menor tamaño y dotación.

La sentencia del TSJ no es firme y se puede recurrir. Desde la consejería ahora de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio han confirmado que los letrados de la Junta están analizando la sentencia para valorar la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «El plan sectorial aprobado por el decreto recurrido ha sido un importante revulsivo en el desarrollo de la estructura de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en nuestra comunidad autónoma, que a partir del mismo avanza de forma decidida por acción de las diputaciones provinciales y otras administraciones locales con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León», argumentan desde el departamento que dirige el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En la práctica, cada provincia de Castilla y León y los ciudadanos que en ellas residen reciben una atención diferente. Solo en Valladolid está garantizado que el servicio lo prestan bomberos profesionales público con formación continuada en extinción de incendios y rescates en nómina de la Diputación. En el resto de la comunidad hay casos en los que son parques de voluntarios o coexisten instalaciones profesionales gestionadas por diputaciones o por empresas privadas concesionarias, con agrupaciones de voluntarios.

Una provincia de la extensión de León ha dependido, hasta apenas unos meses, de convenios con los parques municipales de Ponferrada y la capital. Y en Ávila, los bomberos de la capital atendían salidas a la provincia ante la inexistencia de parques de la Diputación. El incendio de Navalacruz, que en agosto pasado quemó alrededor de 22.000 hectáreas, se originó por una avería de un coche que se incendió en una cuneta. Los bomberos de la Diputación de Valladolid prestan servicios a amplias zonas de Segovia y, desde hace unos meses, también a algunas comarcas de Ávila.

El tribunal impone a la Junta de Castilla y León el pago de las costas del proceso.