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Los españoles estuvimos en aquel momento en el corazón de la Historia». Con esta contundente frase resumía Gregorio Peces-Barba la importancia que tuvo el referéndum para la ratificación de la Constitución española aquel 6 de diciembre de 1978. El político socialista, que meses antes había conseguido escaño en el Congreso por Valladolid, compartió trabajos, afanes, debates y desvelos con otro de los siete «padres» de la Carta Magna, el diputado por Soria Gabriel Cisneros Laborda. Ambos, ya fallecidos (Cisneros en 2007 y Peces-Barba en 2012), fueron castellanos y leoneses de adopción y tuvieron un papel protagonista en aquel histórico acontecimiento, al que también habría que sumar, aunque en un plano diferente, a otra personalidad muy relevante en el proceso de recuperación de la democracia en España: el madrileño, pero estrechamente vinculado a Salamanca, Enrique Tierno Galván.
Nuestra historia bien podría comenzar con el anuncio de otro castellano y leonés de pro, el entonces presidente del gobierno Adolfo Suárez, abulense de Cebreros, en vísperas de las elecciones generales de junio de 1977. Fue entonces cuando Suárez, que además de iniciar su carrera política en la secretaría del gobernador de Ávila, Fernando Herrero Tejedor, desempeñaría el Gobierno Civil de Segovia, prometió que una representación de todos los grupos representados en las Cortes elaboraría una Constitución.
Poco después, concretamente el 2 de agosto de 1977, se designaba una ponencia constitucional encargada de redactar el borrador de la Carta magna. Los siete «padres» de la Constitución pertenecían a UCD –José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros–, PSOE –Gregorio Peces-Barba–, PCE –Jordi Solé Tura–, AP –Manuel Fraga Iribarne–, y Miguel Roca, de la Minoría Catalana, que pudo integrarse gracias a que los socialistas renunciaron a su segundo representante.
Aunque madrileño de nacimiento, Gregorio Peces-Barba contribuyó a la reconstrucción del socialismo vallisoletano en los últimos años del Franquismo. Tan es así, que intervino como abogado en la defensa de los obreros despedidos de FASA (hoy Renault) como consecuencia de las huelgas de 1974 y 1975, y participó muy activamente en las reuniones clandestinas del partido, hasta el extremo de ser detenido por ello, junto a otros militantes y varios obreros, durante un encuentro informal en el bar Tito's. Era mayo de 1975. Aunque la estancia en comisaría apenas duró unas horas (todos fueron puestos en libertad provisional a las dos y media de la tarde del día siguiente), el impacto mediático no se hizo esperar. Y contribuyó a dar más realce al aún incipiente PSOE vallisoletano.
Además de obtener escaño por Valladolid en las elecciones de 1977, 1979 y 1982, este catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid presidió el Congreso de los Diputados entre 1982 y 1986. En todas sus intervenciones y escritos calificaba la Carta Magna de «gran pacto» entre la oposición democrática al franquismo y los sectores más aperturistas del Régimen, pero también entre quienes proponían la ruptura y los que se decantaban por un sistema continuista. «La filosofía del consenso nos permitió resolver de manera positiva los grandes temas que habían impedido nuestra convivencia», dejó escrito en 2004.
En ello también incidía Gabriel Cisneros Laborda, natural de Tarazona y soriano de adopción. De hecho, en Soria, donde vivían sus padres, estudió Bachillerato y se encargó de poner en marcha la Unión de Centro Democrático, después de una relevante carrera técnica que comenzó en el falangista Sindicato Español Universitario (SEU) y culminó, desde el punto de vista profesional, en la dirección general de Asistencia y Servicios Sociales en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Sanidad. Obtuvo escaño por Soria en las elecciones de 1977, 1979 y 1982, y fue víctima de un atentado de ETA en julio de 1979, mientras regresaba a su domicilio madrileño de la calle Lope de Rueda.
Al igual que sus dos compañeros centristas, Cisneros trabajó en la ponencia constitucional siguiendo las instrucciones que el gobierno de Suárez les hacía llegar por medio de Fernando Abril Martorell. Y al igual que Peces-Barba, definió la Constitución como un gran acto de «reconciliación nacional» basado en tres pactos: entre izquierda y derecha, un pacto generacional entre «los sectores reformistas provenientes del régimen anterior y la oposición antifranquista», y un gran acuerdo «entre las concepciones de una España unitaria y el reconocimiento de una España plural».
Al proceder de culturas políticas opuestas, Peces-Barba y Cisneros disentían en no pocos asuntos que abordaba la Carta Magna. Así, el socialista defendía el término «nación de naciones» y el centrista insistía en el carácter inmemorial de la nación española. De igual manera, los socialistas se mostraban contrarios a mentar a la Iglesia católica en la Constitución, mientras que Cisneros remarcaba la singularidad católica de España. Pese a momentos de tensión como el protagonizado por Peces-Barba en marzo de 1978, cuando abandonó airado la subcomisión por discrepancias sobre el modelo de enseñanza (luego reconocería que fue una estrategia para forzar concesiones en otros aspectos del borrador), finalmente triunfó el afán de consenso y todos renunciaron a los maximalismos.
El propio Cisneros lo resumía con estas palabras: «Sabíamos que los españoles anhelaban la libertad y no estábamos dispuestos a arriesgarla en aras de maximalismos extremistas. Y nos propusimos buscar el compromiso, en un afán de arrinconar la violencia, de desalojar la represalia, de exaltar la concordia». De modo que no solo llegaron a acuerdos en aspectos tan conflictivos como el término «nacionalidades», aceptado por los centristas pero con el afán de que no se convirtiera en «una bomba retardada», sino sobre todo en cuatro puntos fundamentales: la forma del Estado (monarquía parlamentaria con un rey sin prerrogativa), la cuestión educativa, el tema religioso y las autonomías.
Otra tercera persona, vinculada igualmente a Castilla y León, estuvo presente en los trabajos de la Constitución. Se trata de Enrique Tierno Galván, conocido como «el viejo profesor», a quien el PSOE había vetado para formar parte de la ponencia constitucional porque su formación, el Partido Socialista Popular (PSP), le disputaba la hegemonía socialista. Madrileño de nacimiento pero con familia oriunda de la localidad soriana de Valdeavellano de Tera, el futuro alcalde de Madrid obtuvo en 1953 la Cátedra de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, desde donde promovió un grupo de profesores y alumnos críticos con el Régimen franquista.
Esta apuesta por las libertades le costó ser encarcelado y expulsado de la Universidad, por lo que tuvo que trasladarse a América para impartir clases. A su regreso a España fundó el Partido Socialista del Interior, convertido luego en PSP, y dejó su impronta en el texto constitucional al ser el encargado, junto con Donato Fuejo, Raúl Morodo, Pablo Lucas Verdú y Enrique Linde Paniagua, del Preámbulo. El texto, que sería luego enmendado, mantiene como principios fundamentales el acento en los valores democráticos, los derechos humanos y la consagración del Estado de Derecho.
Cuentan que Manuel Fraga, líder entonces de Alianza Popular, era el que más a gusto se encontraba, pues durante su etapa como ministro de Información y Turismo había recuperado el ambicioso proyecto del Marqués de la Vega-Inclán de potenciar la red nacional de Paradores. Y fue precisamente en el primero de ellos, el de Gredos, inaugurado el 9 de agosto de 1928, donde los siete «padres» de la Constitución avanzaron en la redacción del texto revisando miles de enmiendas.
Fueron cuatro días de intenso trabajo desde su llegada el 16 de febrero de 1978. Escogieron el Parador Nacional de Gredos porque lo tenía todo para culminar el encargo: la tranquilidad del Alto del Risquillo, unas vistas extraordinarias y la discreción de los habitantes de los pueblos de la zona. Esto último era especialmente relevante, a tenor de lo ocurrido en noviembre de 1977: llevaban cerca de tres meses de reuniones entre comidas y cenas, hoteles, restaurantes y despachos cuando, de pronto, una filtración de 39 artículos a la revista democristiana 'Cuadernos para el Diálogo' levantó una auténtica polvareda.
Los siete ponentes pensaron en marcharse lejos, a un lugar apartado y tranquilo donde pudieran trabajar con calma sobre la incorporación de las enmiendas, a salvo de las miradas de los periodistas y del ruido de las grandes ciudades.
El primer Parador de España, situado en el término de Navarredonda de Gredos, acababa de ser reformado. Y allí, en el llamado Salón del Silencio, rodeados de nieve, pasaron días intensos alternando las negociaciones, perfumadas con espesas nubes de nicotina y cientos de tazas de café, con paseos por el pinar de Navarredonda y partidas de dominó en las que siempre ganaban Fraga y Peces-Barba. Llegaron el miércoles, 15 de febrero de 1978, pero la noticia no trascendió hasta tres días más tarde.
Acompañados por los abogados del Estado, los siete ponentes revisaron a fondo las enmiendas en sesiones que se hacían eternas: si Gabriel Cisneros acabó en la cama con fiebre, Solé Tura recordaba en sus memorias que el Parador de Gredos terminó convirtiéndose para él en un lugar oscuro y frío donde no paraba de trabajar, pues las jornadas eran de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00. Fue tal la discreción que, aunque almorzaban en el mismo comedor que los clientes, nadie les incordió.
El texto resultante, denominado por algunos periodistas «Constitución de Gredos», perfiló el capítulo tercero, relativo a las relaciones entre las Cortes y el Gobierno, pero dejó por revisar el título de los derechos y deberes fundamentales, y algunas enmiendas sobre el Gobierno y la Administración, el poder judicial, la economía y Hacienda, las autonomías, el Tribunal Constitucional, la reforma constitucional y las disposiciones transitorias. Además, el PSOE todavía no aflojaba en su apuesta republicana. En declaraciones a los periodistas, Peces-Barba y Herrero de Miñón calificaban el trabajo de positivo y cordial: «El consenso no está roto», señalaba el centrista.
Veinticinco años después, el 7 de octubre de 2003, los siete 'padres' de la Constitución volverían a reunirse en el mismo Parador para firmar la llamada 'Declaración de Gredos', en la que pedían para la Constitución «el respeto a sus valores y principios y a sus reglas de juego y procedimientos». Cuatro años antes, cinco de ellos (Cisneros, Fraga, Peces-Barba, Herrero y Pérez-Llorca) habían descubierto la placa conmemorativa de aquellas trascendentales reuniones de febrero de 1978.
Al mal tiempo de aquel 6 de diciembre de 1978 achacan algunos expertos el incremento de la abstención en el referéndum, diez puntos por encima de la registrada dos años antes para refrendar la Ley para la Reforma Política. A ello habría que sumar, entre otras circunstancias, el hecho de que la inmensa mayoría de españoles dieran por ganador al 'Sí', y el desánimo creado por la crisis económica y el terrorismo de ETA. Los castellanos y leoneses que acudieron a las urnas hace 45 años podían optar entre el voto afirmativo que propugnaban las principales fuerzas políticas que redactaron y negociaron el texto constitucional –PSOE, UCD, PCE, CDC y, con más dudas, AP–, a las que secundaban otras minoritarias como Izquierda Democrática, el Partido Carlista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el Partido del Trabajo (PTE); el 'No' defendido por la Liga Comunista Revolucionaria, la Convención Republicana, jerarcas de la Iglesia como el cardenal Marcelo González y partidos franquistas, falangistas y de extrema derecha (Fuerza Nueva y Falange Española Tradicionalista de las JONS, los Excombatientes y dos formaciones desgajadas de AP: la Unión Nacional Española, de Gonzalo Fernández de la Mora, y la Acción Democrática Española, liderada por Federico Silva Muñoz); y la abstención que, al igual que el PNV, propugnaban movimientos juveniles y feministas y otros abiertamente izquierdistas.
El 88,54% de los españoles que votaron aquel 6 de diciembre de 1978 apostaron por la Carta Magna. También los castellanos y leoneses, que entonces sumaban 2.633.520 habitantes (de los que 1.950.813 eran electores), apostaron de manera abrumadora por la Constitución: con una abstención algo más baja que en el conjunto nacional (28,63%), el 85,75% introdujo una papeleta afirmativa. Sin embargo, el 9,23% de votos contrarios suponía casi un punto y medio más que a escala nacional. De hecho, Castilla y León fue la quinta Comunidad que más 'noes' depositó en las urnas tras Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra y País Vasco. Las provincias con más electores reacios a la Carta Magna estuvieron en Palencia (15,02%), Burgos (12,5%) y Valladolid (11,71%). A la propaganda de extrema derecha se sumó la influencia del vallisoletano Marcelo González, cardenal primado de Toledo cuya pastoral animaba a votar en contra de la Constitución porque, en su opinión, omitía a Dios, no garantizaba la libertad de enseñanza y atentaba contra la moral matrimonial.
Ávila (89,47%), de donde era natural el presidente Suárez, León (89,12%) y Salamanca (88,68%) lideraron los votos afirmativos, si bien la provincia leonesa fue donde más abstenciones se registraron de toda la Comunidad (34,57%).
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