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El recién despedido año 2022 se saldó en Castilla y León con un balance de negociación colectiva que incluye 39 convenios sectoriales renovados (que engloban a 55.000 trabajadores) y otros 77 que deberían también haberse firmado pero siguen con las mesas abiertas (con 155. ... 000 personas afectadas). De los acuerdos rubricados, once incluyen cláusula de garantía vinculada al resultado del IPC, lo que supone el 29% de los firmados. Dos de cada tres, así pues, recogen acuerdos salariales con una subida fija. El incremento medio se situó en el 2,51% frente al 2,75% estatal, algo especialmente grave para el sindicato CC OO, puesto que «el salario medio en la comunidad está un 10% por debajo del conjunto de España, lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo».
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José María Camarero Amparo Estrada
El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones, Fernando Fraile, ha cuantificado en 114 los convenios colectivos sectoriales que deben firmarse en 2023, ya que a los que se arrastran del año pasado hay que sumar otros 37 caducados en diciembre. En total, afectan a 255.000 trabajadores. Fraile ha lamentado que «pese al contexto económico favorable, a la evolución positiva del empleo y a los importantes beneficios que de manera generalizada están teniendo las empresas, éstas se han negado a redistribuir riqueza, de forma irresponsable e intransigente». Según ha asegurado, las empresas «han subido los precios por encima de los costes de la energía y las materias primas» y utilizan los salarios «para hacer caja».
Y ha advertido: «En 2023 podemos entrar en recesión en caso de que se produzca una contracción del consumo como la que creemos que puede suceder por la pérdida de capacidad de compra. En ese caso la situación se agravará y las empresas deben tener esto en cuenta a la hora de negociar; exigimos un reparto justo de la riqueza o iremos a una conflictividad creciente».
El secretario general de CC OO en la comunidad, Vicente Andrés, no ha dudado en calificar 2022 como «el peor año de la historia contemporánea para los salarios de la comunidad», por la pérdida de más de cinco puntos de poder adquisitivo, ya que la inflación alcanzó el 8,5%. «No es admisible y no vamos a aceptar algo parecido para 2023», ha advertido Andrés, que ha cuantificado en el 52% el incremento de los beneficios empresariales. «Las que estén en situación de crisis, que también las hay, tienen la posibilidad de descolgarse del convenio».
El sindicato es de la opinión de que «el Gobierno debe intervenir en la redistribución de los beneficios, como ha intervenido en el IVA, porque la inflación causada por el aumento de los beneficios puede convertirse en estructural».
También al Gobierno de Pedro Sánchez le ha reclamado Andrés, «que apruebe ya la subida del Salario Mínimo Interprofesional para poder llegar a los 1.100 euros en 2023». «Los más beneficiados son los jóvenes y las mujeres, así que es una forma de corregir la desigualdad y la brecha salarial», ha señalado el dirigente sindical, a quien los 1.042 euros que plantea la patronal no le valen. «Se ha demostrado desde 2017 que la subida del SMI ni es un lastre para la economía ni frena la creación de empleo».
«Aquí se sigue queriendo competir con bajos salarios en lugar de con inversión en tecnología y eso es una forma precaria de competir», ha advertido.
CC OO y UGT han escrito una carta a la ministra de Trabajo para que intervenga ante la intención de la Consejería de Empleo de eliminar el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA). «El Gobierno debe intervenir en defensa de la legalidad y de la Constitución» ha señalado Vicente Andrés, quien ha defendido que «Vox no puede liquidar el SERLA, supondría consumar una ilegalidad inaceptable, al igual que sucede con el tema del aborto. La ley y una sentencia del Tribunal Supremo consagran sus competencias en mediación», ha señalado el dirigente de CC OO, para quien Castilla y León se ha convertido en «el ridículo nacional». «El gobierno actual es insostenible; daña la economía, nuestra historia, todo. La parte no democrática debe salir ya. No sabemos si con elecciones anticipadas o no, pero es urgente sacar a Vox y que el PP gobierne con pactos de comunidad con el resto de partidos pequeños, como hace el PSOE en el Gobierno de España».
En la carta, los sindicatos informan al Ministerio de que «el Patronato del SERLA aprobó el pasado 13 de enero el inicio de la tramitación para su eliminación por no tener financiación pública porque en la Ley de Presupuestos de la comunidad para el 2023 no aparece dicha partida como venía siendo habitual desde hace 25 años». La Fundación tiene director y seis trabajadores y gestiona en torno a 4.500 conflictos individuales en Valladolid y 341 colectivos en 2022 en la comunidad.
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