La tregua PP-Cs alivia la tensión ante un escenario de ruptura que sigue presente en Castilla y León

Esta tensión nada soterrada deja en las Cortes la sensación de que marzo será el límite para fijar una fecha electoral en Castilla y León. Y sobre todo ha permitido especular con varios escenarios que ganan o pierden peso en función de cómo avance este minuto a minuto político vertiginoso.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, puede decidir el cese en sus funciones de cualquiera de sus consejeros. El artículo 27 del estatuto de Castilla y León establece entre sus atribuciones «nombrar y separar libremente a los demás miembros de la Junta». Verónica Casado no es procuradora en las Cortes, por lo que su salida no implicaría ningún cambio en el equilibrio de fuerzas del parlamento. La consejera de Sanidad ha dejado clara su decisión de no dimitir porque «solo las ratas abandonan primero el barco». Francisco Igea, su principal valedor, es un caso distinto. Si decidiera dimitir, o fuera destituido por Mañueco, ocuparía su escaño como procurador de Ciudadanos y su reacción es imprevisible. Permitir que un Igea ex socio de Gobierno se erigiera en voz opositora es un riesgo, dada la locuacidad y vehemencia parlamentaria del actual vicepresidente de la Junta. Además, la crisis de Gobierno que abriría una decisión de ese calado podría no quedarse ahí, ya que Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo, así como quienes le acompañan en el organigrama, el viceconsejero David Martín o el director general Juan Pablo Izquierdo, se definieron en el inicio de la legislatura como cercanos al vicepresidente, dentro de esas dos corrientes que convivían en Ciudadanos.

Otra derivada a tener en cuenta es que Mañueco tendría que encontrar un nuevo consejero de Sanidad, un nombramiento envenenado para cualquiera. El propio Francisco Igea recordó que Ciudadanos dio el paso de gestionar esa cartera -él mismo podría haberse postulado- porque «nadie quería hacerse cargo de ella». La crisis sanitaria aún colea y la carencia de médicos no se va a paliar a corto plazo.

Es una opción descartada por el portavoz parlamentario, David Castaño, que asegura que no firmará ni apoyará una moción de censura. Para que pueda presentarse necesita 13 firmas. Ciudadanos tiene 11 procuradores. Si la rubricaran todos les faltarían dos más, que podrían ser de Podemos. UPL y Por Ávila no apoyaron la anterior del PSOE -se abstuvieron- y Vox no estaría por la labor. Los 35 procuradores del PSOE firmaron la primera moción de censura hace menos de un año, por lo que ninguno de ellos podría participar en esta maniobra. Ciudadanos, además, podría proponer a un candidato propio como presidente, fuera el propio Francisco Igea o cualquier otro procurador. Eso forzaría al PSOE a tener que elegir entre derrocar al PP y encumbrar a Ciudadanos, negociando una posible entrada en un Gobierno de coalición, o permitir que el PP siguiera gobernando. Es muy improbable que Ciudadanos presentara una moción para aupar a Luis Tudanca. Como ejemplo, valga la situación de Marta Sanz, procuradora naranja por Segovia, que tiene un enfrentamiento abierto en los tribunales con las procuradoras del PSOE Ana Sánchez, Virginia Barcones y Patricia Gómez Urbán por asegurar en redes sociales que le habían acosado. Difícilmente firmaría esa propuesta. Solo con eso y la convicción de David Castaño de seguir firme con el acuerdo, las cuentas se complican.

Como pronto, podría presentarla el 11de marzo de 2022, a unos 15 meses de la fecha prevista para celebrar las elecciones. Los 35 procuradores socialistas firmaron la moción del pasado 10 de marzo, que no salió adelante. Eso les inhabilita para presentar o firmar cualquier otra propuesta de moción de censura en un plazo de un año. Así lo establece el Reglamento de las Cortes de Castilla y León en su artículo 142: «Ninguno de los firmantes de una moción de censura podrá presentar otra mientras no transcurra un año desde la presentación de aquella, dentro de la misma legislatura».

El PSOE no necesitaba realizar tamaña demostración de fuerza meses atrás. Solo precisaba la firma de un 15% de los procuradores de las Cortes. Es decir, 13. Quizá pensaba que podía tener éxito o no se planteó la posibilidad de una segunda moción de censura más adelante. El caso es que ahora no está en su mano marcar los tiempos. Como ocurrió en la Comunidad de Madrid, si se convocan elecciones antes de esa fecha no habrá lugar a presentar la moción de censura.

Si se alcanza el 11 de marzo sin convocatoria electoral, la maniobra del PSOE parece obligada, por mucho que apenas quedara algo más de un año de legislatura. El objetivo es convertir a Luis Tudanca en «presidenciable» a ojos de los electores. «Si no gobierna en este mandato, se acabó», decían fuentes socialistas cuando se presentó la anterior moción de censura. Tudanca tiene el respaldo contundente del PSOE autonómico, según se desprende de los avales conseguidos para su candidatura a la reelección como secretario general. Recuerdan una y otra vez en el PSOE que logró el triunfo el 26 de mayo de 2019, con 35 procuradores. Antes de eso, la trayectoria socialista era de anclaje en la derrota. No obtenía tantos escaños desde 1991, cuando estaban en liza 84, tres más que ahora. Y desde 2007 la tendencia era a la baja: 33 con Ángel Villalba, 29 con Óscar López y 25 con el propio Luis Tudanca, antes del resurgimiento de 2019 y justo cuando Podemos (10 procuradores) y Ciudadanos (5) irrumpieron en la escena parlamentaria autonómica.

Alfonso Fernández Mañueco puede convocar elecciones en cualquier momento, consciente de que la votación se celebraría entre 54 y 60 días más tarde. Las encuestas post-Ayuso le son favorables. La presidenta madrileña ha actuado como aglutinador de intención de voto del PP tras su pelea pandémica con el Gobierno central. En la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca, Ayuso fue la atracción principal del PP, por encima del foco de Pablo Casado, que pasó la jornada anterior junto a sus dirigentes para trazar estrategias.

Mañueco cuenta, a priori, con el favor de las encuestas -propias y de los medios de comunicación-, y tiene una amenaza tanto o más relevante que la que representa el PSOE, que es Vox. La formación de Abascal se nutre en buena medida de descontentos del PP, algunos buenos conocedores del organigrama y funcionamiento de los populares. A nivel autonómico tiene poca fuerza, por lo que Vox plantearía la batalla en clave nacional, con sus primeros espadas de 'tournée' por el territorio. Interrumpìr la expansión de Vox jugaría a favor del PP, que puede verse lastrado en el reparto de escaños si los votos se dividen de nuevo entre los tres partidos del ala derecha. Según declaró Ortega Smith, secretario general de Vox, a este periódico, sus encuestas les colocan como socio obligado para Mañueco si este quiere gobernar en Castilla y León.

Y es que Ciudadanos, al que se da por amortizado, es en realidad una incógnita. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas apunta a una leve recuperación de los de Arrimadas en intención de voto, al menos en clave nacional. La encuesta de GAD3 para El Norte en el mes de junio les concedía un 5,6% de intención de voto a los naranjas, con un solo procurador. El CIS sitúa a Ciudadanos, en unas generales, en el 6,79%. Solo esa leve recuperación ya podría tener impacto en el reparto de escaños.

Las elecciones anticipadas permitirían al vencedor llevar su mandato más allá de 2023, fecha de los comicios en la gran mayoría de las comunidades autónomas, puesto que el resultado sería válido para cuatro años. Si se impone la tesis de Génova de promover un anticipo electoral simultáneo en Andalucía y Castilla y León, la comunidad se desgajaría de esas campañas en clave nacional en las que queda habitualmente soterrada por el peso de otros territorios como la Comunidad Valenciana, Madrid. A cambio, se jugaría en un nuevo escenario, en el que la papeleta autonómica, esta vez, no vendría acompañada del voto municipal, muy relevante en Castilla y León, especialmente para el PP, el partido más asentado en el territorio si se atiende a las candidaturas municipales.