Transparencia amplía la investigación sobre los agentes de innovación rural

La Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León analizará la documentación enviada por parte de las fundaciones de las cuatro universidades públicas de la comunidad en relación a la contratación de una treintena de agentes de innovación rural en Castilla y León. Lo hará después de que las cuatro instituciones solicitaran a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, dependiente de esa consejería, que analice los procesos de selección de personal llevados a cabo para desarrollar el convenio que firmaron con la Consejería de Agricultura y Ganadería en la anterior legislatura.

De esta forma, el departamento que dirige el vicepresidente Francisco Igea, ampliará la información reservada que, sobre este asunto, abrió en agosto a partir de una carta remitida por el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, en la que trasladaba su «sorpresa» por la contratación de antiguos altos cargos de la Consejería de Agricultura en esa convocatoria y «a la que se había destinado una partida de presupuesto propio de la Junta, no prevista en la Ley de Presupuestos, de 4,5 millones de euros», en palabras del dirigente agrario.

Transparencia estudió «de un modo detallado» el aspecto presupuestario y procedimental del convenio y concluyó entonces que «no parecía que existiera ningún indicio racional suficiente de que se hubiera vulnerado aspecto legal alguno» por parte de la Consejería de Agricultura y así se lo trasladaron al responsable de la organización agraria hace algo más de un mes. No obstante, explican desde la administración regional, su capacidad de investigación no alcanzaba a analizar la contratación de los agentes puesto que, tal y como se firmó en el convenio que ponía en marcha la convocatoria de esta figura y que rubricó la anterior consejera de Agricultura, Milagros Marcos, el proceso y desenlace de la selección de los agentes era competencia de las fundaciones de las cuatro universidades públicas que habían firmado el acuerdo y que son la Universidad de Valladolid, la de Burgos, la de León y la de Salamanca. La información reservada se ceñía exclusivamente a lo que podía abordar la Inspección general de Servicios que era lo relativo al convenio establecido entre la Consejería y las universidades, según las fuentes consultadas.

A petición propia

«En cuanto a las posibles irregularidades en la selección de los agentes de innovación rural, por parte la Inspección General de Servicios no se analizó esta cuestión ya que es responsabilidad de las entidades beneficiarias de la subvención –las fundaciones generales de las cuatro universidades–, a quienes corresponde la selección y la contratación del personal», apuntan desde la Consejería de Transparencia.

Estas mismas fuentes explican que eso no significa que se dé por hecho que se haya registrado alguna irregularidad sino que se estudiará la documentación que han remitido las instituciones universitarias y que hicieron llegar los documentos a la administración regional entre los días de ayer y antes de ayer.