Tener hijos y vivir en el medio rural agrava la pobreza en Castilla y León

«Hay más trabajo, pero también hay más pobreza», resume Óscar Castro, presidente de EAPN en la comunidad, quien subraya otros datos. El 18,2% ya está en situación de pobreza (sube desde el 17,8%) y el 6,4% sufre «privación material y social severa» (pasa del 5% al 6,4%, «en una de las cifras más altas de la serie histórica»). Esto supone que» la pobreza no se ha extendido en la región, pero sí ha crecido en intensidad». Castilla y León, no obstante, presenta unos porcentajes más bajos que la media nacional.

¿Qué significa estar en riesgo de pobreza? Para medirlo, existe un indicador europeo (Arope) que se compone de tres apartados, tal y como explica Jonathan Sánchez, coordinador de EAPN. Si se cumple al menos uno de estos tres criterios, se considera que una persona está en riesgo. El riesgo pasa a ser una situación real en el momento en que se suman alguno de los otros componentes.

El primero y clave es la renta. Y el empleo aquí es crucial. «Tener trabajo es uno de los mecanismos principales para evitar la pobreza», evidencia Purificación Morgado, profesora de Derecho del Trabajo y Trabajo Social en la Universidad de Salamanca. El umbral a partir del cual empiezan las dificultades se ha fijado, desde el punto de vista estadístico, en el 60% de la mediana de ingresos. Esto suponen 915 euros al mes por unidad de consumo (pobreza severa es cuando no se llega al 40%; 611 euros al mes). Una persona que vive sola se considera una unidad de consumo. El segundo adulto (o hijo mayor de 14 años) cuenta como 0,5 unidades de consumo. Un hijo de menos de 14 años computa como 0,3. Así, por ejemplo, para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años el límite estaría en 1.283 euros el mes.

«Hemos hecho un pequeño cálculo. El alquiler medio actual en Castilla y León está en 640 euros. Podemos poner 70 euros de gasto de luz, 25 de agua, 80 de gas y 450 euros de comida. A esa familia le quedarían 18 euros al mes para pagar todo lo demás: transporte, IBI, material escolar, teléfono, Internet…», apunta Sánchez. Es decir, mera «economía de supervivencia. Cualquier imprevisto se convierte en un drama, porque no se tiene la capacidad de afrontarlo». Por ejemplo, comprar gafas, cambiar la lavadora.

De ahí que, además de la renta, el segundo de los tres factores para fijar la situación de pobreza tenga que ver con las posibilidades de consumo, con la capacidad para cubrir las necesidades básicas del hogar. Para calcular este apartado, se tienen en cuenta trece indicadores. Si una persona está afectada por siete de ellos, se considera que sufre esa privación material y social severa. Y aquí entra, por ejemplo, no poder mantener la temperatura adecuada (pagar la calefacción), no poder sustituir los muebles estropeados o no poder pagar al menos una semana de vacaciones al año. Castilla y León aquí está, de nuevo, en mejor situación que la media nacional y es la quinta comunidad con menos dificultades.

El tercero de los indicadores es el vinculado con el trabajo. Para el cálculo de pobreza se utiliza el término baja intensidad de empleo, que tiene que ver con aquellas personas que viven en hogares donde se trabaja menos del 20% de lo que podrían. Son el 7,3% en Castilla y León (el 8,4% en la media nacional). Este indicador ha caído casi un punto porcentual, debido al descenso del paro. «El problema es la precariedad de muchos de estos empleos», alertan desde EAPN. «En un contexto de crecimiento económico y de aumento del empleo, no es bueno que crezcan las cifras de pobreza y que una de cada cuatro personas no se beneficien de ello», insiste Pablo de la Rosa Gimeno, profesor titular de Sociología y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid.

Y además, insisten en algo fundamental: la subida de los salarios no ha ido pareja al incremento de la inflación.

La renta media en Castilla y León es de 14.124 euros por persona. Ha aumentado respecto a los 13.323 euros del ejercicio anterior analizado. Aquí ha influido la caída del paro, la revalorización de salarios o el incremento del SMI. «Pero estas cifras puramente nominales no reflejan la pérdida de poder adquisitivo». El año base para este cálculo es 2008. Entonces, la renta media y la nominal coincidía, con 10.488 euros. La brecha comenzó a abrirse a partir de ese momento, con el impacto de la crisis económica de aquellos años, pero se ha ensanchado de forma alarmante desde la covid. Hoy la diferencia es de 3.226 euros anuales, el máximo histórico. Y esto influye para que no se puedan cumplir con los criterios que fija la Agenda 2030. De acuerdo con este documento, 110.000 personas en Castilla y León deberían haber salido de esa franja de pobreza. «Hasta la pandemia se cumplían más o menos los objetivos. Desde entonces, nos hemos desviado».

Para elaborar este informe, EAPN ha buceado en los microdatos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que trabaja con 3.743 entrevistas y datos referidos a 2023 (salvo los económicos, que se remontan a 2022). «Es la primera vez que podemos ver el impacto de la guerra de Ucrania o del incremento de los carburantes», apuntan los autores del estudio.

¿Hay situaciones que agravan el riesgo de pobreza? Sí. Por ejemplo, tener hijos. O vivir en el medio rural.

«Tener hijos es un factor de riesgo. Todos los indicadores de pobreza así lo apuntan». Jonathan Sánchez apunta cuestiones evidentes: suponen más gastos en alimentación, por ejemplo, o en ropa o material escolar. «Pero, además, en muchos casos hay familias que tienen que adoptar medidas de conciliación, como la reducción de jornadas laborales, y por lo tanto, también de salario y de ingresos». En los últimos años, esta diferencia entre familias con hijos y sin ellos se ha estrechado. «Y aquí pueden encontrarse medidas como la educación de cero a tres años o las diversas líneas de ayuda por hijos». Aun así, desde EAPN apuntan que son necesarias acciones de apoyo a la infancia y la natalidad. Especialmente, en el caso de familias monoparentales (casi siempre, madres con hijos).

Respecto a la brecha entre medio urbano y rural. ¿Por qué hay más riesgo de pobreza en los pueblos? Sánchez ofrece varias pistas. «Es una sociedad más envejecida, por lo que depende más de las pensiones». Y en edades más avanzadas, además, hay más mujeres que hombres, con pensiones de viudedad mucho más exiguas. También influye la fuga de jóvenes ante las menores posibilidades de empleo. Y la dificultad de acceso a servicios e inversiones. La despoblación importa. «Y la brecha entre pueblos y ciudades no deja de aumentar», concluyen. «Además, el tercer sector. Las ONG tienen aquí margen de mejora, ya que su intervención se centra mucho en el ámbito urbano y hay prestaciones y programas que no llegan a las familias necesitadas del medio rural», indica Juan María Prieto Lobato, profesor del departamento de Sociología y Trabajo Social en la Universidad de Valladolid.

«La principal enfermedad que puede contraer el Estado social y democrático de derecho es la pobreza, porque es la manifestación de carencias e insuficiencias en la lucha contra ella», asegura Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social, en cuya sede se ha presentado este miércoles el informe de EAPN. «La pobreza se tiende a ocultar. Parece que no gusta que sea objeto de un debate político serio», apunta Cabero. Y la política es importante. EAPN calcula que si no existiera el Estado de Derecho, si mañana desapareciera «la intervención redistributiva de las administraciones» (en forma de pensiones o prestaciones), el 44,2% de la población se vería afectada por la pobreza. «Y casi todos estaríamos en ella si sumáramos la sanidad, la educación o los servicios sociales». A pesar de esto, en el foro se apuntó la necesidad de una mayor apuesta política en la lucha contra la exclusión social. «Hay que darle un tirón de orejas a las administraciones», asegura Prieto Lobato, quien apunta que en Castilla y León «no hay una política pública decidida de lucha contra la exclusión». «Está la red de protección de familias, el plan de inclusión sociolaboral. Pero, ni siquiera hay una dirección general de inclusión social en el organigrama de la Junta», concluye.