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La Junta de Castilla y León pretende impulsar entre su plantilla el teletrabajo, jornada que empezó a aplicar de modo piloto en 2010 y que hasta antes de la pandemia era testimonial. No terminaba de despegar. Acaba de entrar en vigor un nuevo decreto, ... más flexible, con el que la Consejería de la Presidencia, departamento responsable de la política de personal de Administración autonómica confía en «multiplicar» esa cifra de 905 empleados públicos que tienen en este momento autorizado trabajar hasta tres días desde casa a la semana.
«Preveemos que crezca exponencialmente. En pandemia hubo 8.826 cuentas de usuarios trabajando en acceso remoto. El objetivo es llegar, progresivamente ya en teletrabajo, lo más cerca posible», explica Paloma Rivero, directora general de Función Pública de la Junta.
La Administración autonómica es la primera empresa de Castilla y León en plantilla. Paga alrededor de 90.000 nóminas. Los informes que acompañaban al nuevo decreto cifraban los puestos susceptibles de desempeñarse en régimen de teletrabajo en casi 25.000.
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Los 905 empleados públicos autonómicos con esta jornada curran hasta tres días en casa a la semana y pasan dos por la oficina. Con el nuevo decreto esa proporción se flexibiliza hasta poder trabajar cuatro jornadas fuera del centro laboral. Y en lugar de autorizaciones por un año pueden ampliarse a dos años, con prórrogas. Como novedad, la regulación incorpora un criterio de dispersión geográfica a la hora de valorar las solicitudes que beneficia a los empleados públicos que residen en núcleos rurales. Un granito de arena en el combate contra la despoblación, bajo el planteamiento de que el teletrabajo puede permitir al empleado público valorar quedarse en el pueblo, al no tener que coger el coche toda la semana, y desplazarse únicamente un día a la oficina. «¿Por qué no?», se pregunta Rivero.
Irene Quintana Cerezo, licenciada en Comunicación Audiovisual, trabaja en la Dirección General de Función Pública. Fue madre la semana antes de que estallara la pandemia y el país estrenara el confinamiento domiciliario. Su incorporación, tras el permiso de maternidad, fue con trabajo en remoto por motivos de seguridad, al tener en casa un bebé. De ahí a la jornada de teletrabajo medió una solicitud que fue aprobada y le permitió trabajar desde casa, en Fuensaldaña, martes, miércoles y jueves, y en la oficina, lunes y viernes. «A mí me gusta el teletrabajo según está planteado porque los días que estoy en casa me vienen genial para organizarme, pero los días que vengo son muy beneficiosos para no perder el contacto con los compañeros. Me compensa trabajar en casa, pero me gusta mucho venir a la oficina», asegura Irene Quintana.
Todo lo que entra por registro digital al área de Función Pública llega a Irene. «Es un trabajo totalmente electrónico, que puedo hacer desde casa», explica esta teletrabajadora autonómica. También la elaboración de listados para las distinciones de funcionarios y la implantación de la administración electrónica en ese departamento. La conexión con la oficina, relata, la garantiza el teléfono. Los días de trabajo en casa puede conectarse a las seis y media o las siete de la mañana y hacer la jornada seguida. «Hay horas en las que no se oye un alma en casa o en la calle», apunta. Para algunas tareas eso facilita avanzar. El sistema que tiene implica un 'puente' con el equipo del despacho de manera que si alguien encendiera el monitor de la oficina vería como se mueven el ratón o los documentos por la pantalla mientras ella trabaja en casa. Y todas las jornadas cumplimenta una ficha con la tarea realizada y las horas de conexión
«La pandemia ha hecho mucho en favor del teletrabajo. Ha demostrado que se saca el trabajo adelante. Bien llevado, está muy bien», apunta Irene Quintana. Cree que eso y la flexibilización que implica el nuevo decreto animará a más compañeros a pedir esta jornada.
El nuevo decreto prevé también que la Administración facilite equipo informático, aplicaciones, teléfono móvil y certificado digital. Esto último no estaba garantizado hasta ahora.
Paloma Rivero, directora general de Función Pública, vincula esa previsión de crecimiento del número de teletrabajadores, que confía se produzca a partir de septiembre, a la experiencia acumulada durante la pandemia, en la que la Junta tuvo hasta 8.826 empleados que podían trabajar desde un acceso remoto –técnicamente no es jornada de teletrabajo– demostrando que la gestión de asuntos desde casa «es viable».
No todos los puestos de la administración encajan en el teletrabajo. Quedan excluidos de esta jornada los de atención directa exclusiva al público, determinadas tareas que impliquen trabajo manual (cocineros, por ejemplo), jefaturas de servicio y personal que desarrolla labores de asesoramiento.
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Es una modalidad en la que se da prioridad de acceso a empleados públicos con enfermedades, con niños y mayores a su cargo, víctimas de la violencia de género y residentes en pueblos, y sobre la que existe un sistema de seguimiento de la tarea que implica que cada teletrabajador cumple un plan individualizado, con labores estipuladas y horarios de conexión y con fichas diarias de control. El nuevo decreto estipula que debe garantizarse la operativa en los servicios autonómicos, fijando que en cada unidad de gestión debe haber al menos un 40% de empleados con jornada presencial.
La alto cargo del equipo del consejero Jesús Julio Carnero explica que en Sacyl y en Educación la jornada de teletrabajo se regulará en los próximos meses, por las peculiaridades de esas áreas. Los profesores tienen una jornada con horas lectivas, preparación de clases y reuniones. «Todo es posible, pero con estudio específico», apunta Rivero, que incide en el camino que se irá haciendo la andar en la aplicación de este tipo de jornada en dos cuestiones concretas: la desconexión digital a la que tiene derecho el empleado y la salud laboral y prevención de riesgos de quienes trabajan desde casa. «Seguro que este decreto no será el último», augura la directora de Función Pública de la Junta.
Paloma Rivero es miembro del equipo del consejero Jesús Julio Carnero. Concretamente es la responsable de la Dirección General de Función Pública, departamento responsable de la gestión de personal y que aborda en estos momento los cambios del nuevo decreto de teletrabajo.
–¿Qué ha supuesto de impulso la obligación de trabajar en remoto, desde casa, que más de 8.000 empleados de la Junta ha asumido durante la pandemia?
–Ha servido para neutralizar una doble reticencia. Por un lado, el trabajador podía ser reticente a trabajar desde casa por no gestionar igual y por el miedo a perder una dinámica de relaciones de trabajo, el trato con la gente. Cada uno somos dueños de nuestros expedientes. Son cada vez hay menos, pero hay aún documentos en papel y llevarlos a casa es una responsabilidad. Ese perfil de trabajador usaba poco el teletrabajo. Por otro lado está el responsable o jefe de servicio, que podía estar acostumbrado a ver a la gente presencialmente y organizar así el trabajo. De las cosas buenas, entre comillas, que sacamos de lo que hemos vivido es que hemos visto que somos capaces de afrontar el trabajo de otra manera. En pandemia la organización del trabajo fue tal que los jefes han acabado creyendo en el sistema, porque hemos visto que la gestión es viable y las personas respondían. Esos miedos han ido desapareciendo.
–Es una jornada que debe autorizar el responsable del empleado público.
–Hace falta un plan individualizado para cada trabajador y que esté consensuado con el jefe. Una de las medidas que vamos a plantear es cambiar el efecto del silencio administrativo. Hoy por hoy, si a los tres meses no se resuelve, tienen que entenderla desestimada. Queremos que el silencio sea positivo y eso fuerza a agilizar la tramitación.
–¿A nivel técnico qué supone para la Administración?
–Durante la pandemia se arbitraron las licencias necesarias para trabajar en remoto, que todo fuera rodado y se pudiera el trabajo administrativo gestionar desde casa. Es necesario dar el teléfono móvil, que ya lleva datos, y la intención es ir cambiando ordenadores fijos por extraíbles.
–¿Qué tipo de puestos desempeñan los alrededor de 900 teletrabajadores de la Junta?
–Fundamentalmente es gestión administrativa. Sí que es verdad que se abren las opciones a más puestos y más ámbitos. Hay puestos no teletrabajables como los de personal de obras. En los de atención al público es complejo, hay que hacer estudios sobre tiempos, reparto de cargas de trabajo y ver hasta dónde se puede llegar. El trato al público directo no lo podemos perder.
–¿Hay gente veterana que se reengancha?
–Sí, y son personas que funcionan muy bien en su trabajo.
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