Las tasa de víctimas de violencia de género se eleva a 13 en Castilla y León

La estadística apunta que el número de denuncias presentado en Castilla y León fue de 1.584 y que se incoaron 489 órdenes y medidas de protección, de las cuales 375 (77%) fueron admitidas y otras 114 (23%) denegadas, así como que en 279 de los casos (17,6%) las víctimas se acogieron a la dispensa de no tener que declarar como testigos contra los denunciados.

En cuanto a los datos nacionales, se aprecia que el número de denuncias y víctimas de violencia de género aumentó más de un 5% en el segundo trimestre de 2023. Concretamente, según indica el CGPJ, entre los meses de abril y junio de este 2023 un total de 47.063 mujeres fueron víctimas de violencia de género, un 5,66% más que en el mismo periodo del año 2022, en el que se anotaron 44.543.

Asimismo, los juzgados españoles recibieron un total de 48.227 denuncias, un 5,43% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 45.743. Además, el informe muestra también un aumento interanual del 2,9% en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia; en cuanto a las sentencias dictadas, la cifra apenas varió al alcanzar las 15.393, un 0,22% más que hace un año. Ocho de cada diez sentencias, el 80,73%, contenían un fallo condenatorio para el agresor, informa Europa Press.

Del mismo modo, queda reflejado que, un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 65,35%) tienen nacionalidad española, mientras que el 34,65% restante proceden de otros países. Por otro lado, el número de víctimas menores tuteladas ascendió a 136, una cifra un 16% más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2022 (162), pero un 17,2% más alta que la del primer trimestre de este año (116).

De la misma manera, el CGPJ indica que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 volvió a experimentar un aumento interanual al situarse la media nacional del segundo trimestre del año en 19,2 frente a las 18,4 de hace un año y las 16,6 del primer trimestre de 2021.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 31,4 víctimas cada 10.000 mujeres; Murcia, con 25,7; Comunidad Valenciana, con 25,5; Canarias, con 25,2; Andalucía, con 21,9; Madrid, con 20,2; y Navarra, con 19,9. Las tasas inferiores a la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12; Castilla y León, con 13,1; Asturias, con 14,1; País Vasco, con 14,3; Cataluña, con 14,5; Castilla-La Mancha, con 14,7; La Rioja, con 14,9; Cantabria, con 17,8; Aragón, con 17,9; y Extremadura, con 18,5.

Respecto a las denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante, estas se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en dos de cada tres casos (34.089, el 70,68%), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (891), que apenas alcanzaron el 1,85 % del total, aunque aumentaron levemente las denuncias derivadas directamente de atestados policiales y las originadas por parte de lesiones, que representaron el 15,73% y el 8,19%, respectivamente, y, por último, las presentadas por terceras personas (1.712) que representaron el 3,55% del total.

Igualmente, el documento recoge que el porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó «de forma significativa», concretamente un 13,8% con respecto al mismo periodo de 2022, lo que supone que tomaron esta decisión diez de cada cien mujeres víctimas. En el trimestre analizado fueron 4.742 las que renunciaron a declarar contra su agresor; de ellas, 2.665 (el 56,2%) eran españolas y 2.077 (el 43,8%) tenían otras nacionalidades.

Asimismo, entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.763 órdenes de protección, un 2,08% más que hace un año. De ellas, 10.606 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.157 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas, según revela el documento, sumaron en total 8.915, un 2,9% más que hace un año. Es decir, al igual que en el segundo trimestre de 2022, se acordaron siete de cada diez (69,8%) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 7.284, el 68,7% de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.631, el 76% de las solicitudes registradas.

En el 47,1% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Dos de cada tres mujeres (6.673, el 63,8%) que pidieron protección eran españolas y 226, el 2,1% del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.352 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.168), que representaron el 65,86% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (6.110), un 65,68 por ciento del total.

Del mismo modo, los órganos judiciales dictaron 5.354 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.692), que representaron el 21,73% del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.128), el 14,46% del total. En ambos casos, los porcentajes descendieron levemente con respecto a 2022.

Además, en el segundo trimestre de este año también se acordaron 1.011 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 12,73% del total de las medidas civiles adoptadas, fueron un 15,2% menos que en el mismo trimestre de 2022.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha expresado su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas desde finales de 2022 y, además, ha alertado de la situación de «riesgo extremo», de ahí su petición para reeditar el Pacto de Estado para seguir avanzando por la vía que España, pionera a nivel mundial en esta materia, emprendió con la Ley 1/2004 y continuó con el acuerdo de una amplísima mayoría parlamentaria en 2017.

De la misma manera, Carmona ha señalado la importancia de que los ciudadanos «asuman y tomen conciencia» de que pueden salvar la vida de una persona. «En las manos de cada uno de nosotros/as puede estar la vida de una víctima de violencia de género y la vida de sus hijas e hijos. En la mayoría de los asesinatos que tristemente tenemos que lamentar, no había denuncias previas», ha recordado.