Los talleres de Castilla y León perderán 279 millones por el coche eléctrico

Las motorizaciones diésel y gasolina afrontan una cuenta atrás que, si se lleva a cabo finalmente el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, tendría su horizonte en 2050 y abriría la puerta a la movilidad 100% eléctrica con el impacto que ello tendrá sobre la industria del automóvil y la posventa. Afectará directamente a constructores, concesionarios, talleres, etc. Sobre este último sector, el de la reparación, Solera (experta en inteligencia del automóvil), estima que estos negocios perderán en Castilla y León 279 millones de euros de su facturación con la electrificación del parque, casi un 40% de sus ingresos, según el informe 'La descarbonización de la posventa'.

En concreto, si el sector de la posventa en Castilla y León factura actualmente 736,5 millones de euros, pasaría en 2050 a ingresar 457,5 millones porque el mantenimiento de un eléctrico nada tiene que ver con el de un automóvil de combustión interna. Los de combustión integran 25 piezas y elementos que no se encuentran en los eléctricos, como son el aceite, filtros, correa de distribución, bujías, inyectores, o escapes entre otros, y que entre todos ellos superan los 15.000 euros. La caída de ingresos no se compensa con el llamado 'efecto batería' pues si bien esta es muy cara (su precio medio es de más de 11.000 euros) tiene el hándicap de que el paso por boxes para cambiarla es cada diez años, una horquilla de tiempo mucho mayor que el requerido por las piezas de mecánica de un diésel o gasolina.

Esta transición del diésel y gasolina al eléctrico también tendrá su impacto en la mano de obra de los talleres de Castilla y León. En el caso de un vehículo de combustión interna y a lo largo de un período de diez años, supone un coste de 3.429 euros por taller, una cifra que se reduce en el eléctrico un 86% hasta los 489 euros. Y es que el número de horas trabajadas se rebaja en un 90%, pues cambiar una batería es una labor que apenas requiere seis horas de trabajo.

Por otro lado, el informe de Solera muestra que la electrificación total del parque español en los plazos previstos por la Administración es más un desiderátum que una realidad pues teniendo en cuenta que de los más de 26 millones de vehículos en circulación (turismos, todoterrenos y comerciales ligeros) apenas el 0,1% son eléctricos.

En el caso de Castilla y León, el coche eléctrico apenas representa el 0,01% de los vehículos en circulación. En España se han contabilizado unas 20.000 unidades y solo el 0,9% se localiza en esta comunidad.

Para hacer viable el objetivo en tiempo y forma, sería necesario mejorar la autonomía, la infraestructura de recarga de estos vehículos, y reducir el precio. El precio se sitúa en los 35.000 euros para una berlina compacta y si bien es cierto que hay ayudas administrativas. Para Jurgen Stackmann, responsable de ventas y marketing de Volkswagen, «la tarea es mucho más difícil de lo que los políticos han imaginado. No lo es tanto la norma en si misma sino el plazo de diez años. Para los consumidores eso puede parecer mucho tiempo pero a escala industrial no representa más que generación y media de automóvil». Carlos Tavares, el patrón de PSA, habla de caos: «Trece millones de asalariados son rehenes de un debate de sociedad. La decisión del Parlamento Europeo es una imposición. Las empresas se adaptarán pero ello desestabilizará nuestra sociedad europea».