El Escaño 82

Protección Civil, a examen tras la devastación de la DANA de Valencia

La prioridad es enterrar a los muertos, acompañar el duelo de sus familias, facilitar medios a quienes han perdido casas, trabajos, coches y reconstruir lo destruido, pero de inmediato hay que analizar si se pudo hacer algo que no se hizo para intentar evitar, al menos, la pérdida de vidas. Si funcionó o no un sistema de protección civil cuyo despliegue lleno de intrincados protocolos descansa mayoritariamente en los gobiernos autonómicos (en Castilla y León depende de la Consejería de Medio Ambiente), pero con un entramado organizativo y de coordinación que se extiende por administraciones locales y que atañe también al Gobierno central.

Concretamente, al Ministerio del Interior, de quien depende la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a cuyo frente está la soriana Virginia Barcones, que fue relevada en diciembre de 2023 como delegada del Gobierno en Castilla y León para hacerse cargo de ese departamento. Barcones es, por conocimiento de la comunidad y perfil político, una fija siempre en las quinielas socialistas cada vez que se abre el melón del relevo de Luis Tudanca al frente del PSOE de Castilla y León.

Lo urgente es atender a las víctimas de la DANA y restablecer los servicios y las comunicaciones, deshacer las escombreras de coches que se amontonan en calles de localidades como la valenciana de Paiporta o ponerse manos a la obra para ver qué se puede reconstruir del casco urbano que borró la torrentera en Letur (Albacete), pero lo importante es auditar cómo respondió el sistema de Protección Civil. Desde la valoración de los riesgos y el traslado de esas alertas a la población, a la gestión sobre el terreno.

El cielo se abrió el martes en canal sobre puntos muy concretos de Valencia y Castilla-La Mancha. Son muchos los damnificados que lamentan que la alerta general tronara en sus teléfonos tarde, cuando ya el agua les llegaba por las rodillas, estaban atascados por la riadas en carreteras y autovías o atrapados en plantas bajas sin poder refugiarse en sitios altos. La madre de todas las tormentas desató tal desastre ese martes que en la mañana del jueves a una mujer se le saltaban las lágrimas y la indignación a través de la radio cuando relataba que ella y su marido llevaban dos días sin comer y que su niño de 4 años esquivaba el hambre gracias a unas vecinas que poco más tenían en la despensa. Martes, miércoles, jueves... con personas sin luz, sin teléfono, también sin comida y racionando agua.

Solamente con esas dos pinceladas se puede deducir que, más allá de un examen que debería llevar a asumir responsabilidades, hay que sacar lecciones de lo que se ha vivido en el Levante. Porque lo que ha ocurrido ya sabemos que es posible. Y por tanto, que puede volver a pasar. Los que han sufrido las escenas espeluznantes que todos hemos visto no merecen ser pagados con resignación ni con argumentarios de políticos que se sacuden responsabilidades salpicando a otros políticos. Merecen la verdad y los cambios en las leyes que regulan la Protección Civil y los procesos que la trasladan sobre el terreno necesarios para mejorar la reacción ante emergencias.

Imagino que las autonomías estarán ya autoexaminando sus planes de actuación. Es su competencia. Viendo si han tratado la Protección Civil como una 'maría' de la gestión, ahorrando recursos y personal. Y el ministerio de Marlaska y el equipo de Barcones autoexaminando si hubo dejadez en la vigilancia que implica la coordinación.

Porque si algo así vuelve a pasar en cualquier punto de España, Dios o el destino no lo quieran, la respuesta debe ser otra.