Patadas frente a ideas

Los insultos, empujones y patadas a Ramón coinciden en una semana en la que colea la ley de 'Concordia' y con los populares firmando un esforzado ejercicio de equilibrismo en las Cortes. Mañueco respalda por la tarde el texto que ha pactado con Vox, sin mención a la dictadura y que equipara la Segunda República y el Franquismo, y a la mañana siguiente el PP defiende la condena a esa dictadura y vota con el PSOE. Y entre el pleno y la agresión, en un colegio de León una profesora cuenta las bondades del Franquismo a los chavales en una clase de Historia que ameniza con el Cara al Sol.

Hay que empeñarse mucho para sobreponerse al monotema de la crispación política, de la arremetida contra la memoria histórica, de la amnistía, de los separatistas catalanes y escribir de otros asuntos, de esos que afectan a la vida cotidiana. No es algo anecdótico. Cuando quien gestiona se dedica a enredar con cosas delicadas lo pagan los servicios que reciben los ciudadanos. Podemos escarmentar en cabeza ajena, por ejemplo, en Cataluña, una comunidad cuyos gobiernos llevan años echando el resto en el secesionismo mientras están a la cola de España en resultados educativos y hay seis millones de catalanes que abren el grifo bajo el riesgo de no tener agua.

Se puede acelerar esa deriva o frenar y repensar hacia dónde enfocar esfuerzos. Yo había escrito este artículo sobre la ley del modelo de residencias de mayores aprobada en las Cortes. Me ha tocado abrir hueco a la agresión de Ponferrada, pero voy a centrarme ahora en lo primero. Por responsabilidad social y por higiene mental. Castilla y León se codea con Japón en el pódium de la esperanza de vida, con un promedio de 84 años. Un dato estupendo, que conlleva el desafío del cuidado.

Somos tierra de jubilados, de ahí la importancia de esta ley que finalmente ha cuajado en un texto cargado de buenos propósitos, pero que deja las ratios de personal de atención y cuidado para un desarrollo posterior, al albur del interés que pongan en ello en la Junta. Sin incidir en el refuerzo de plantillas en los centros no hay atención de calidad que valga.

La norma articula una reorganización arquitectónica de las residencias en «unidades de convivencia» de un máximo de 16 personas. Esos 'minihogares' son la novedad de la ley, pero con una red de más de 48.000 plazas, la mayor parte en centros privados (unas 33.000), solo es obligatorio aplicar el modelo compartimentado en las residencias de nueva creación, lo que hace del despliegue del nuevo modelo una utopía. A no ser que la Administración ponga más dinero. La Junta gestiona directamente 2.700 plazas, pero la comunidad financia con dinero público en conciertos y ayudas más de 38.600. Ingresos que cuadran balances de empresas.

El presupuesto es la clave para el desarrollo de una ley que llega tras una pandemia que se ensañó con los abuelos de las residencias (4.500 fallecidos por covid), y después de que los jueces tumbaran dos veces, en la etapa de Herrera, regulaciones que proponía la Junta, al rebajar la presencia de sanitarios en los centros.

La norma llegó a las Cortes con un dictamen crítico del Consejo Consultivo. Y con un informe de los propios Servicios Jurídicos de la Junta que observaban en el texto «meras proposiciones descriptivas, sin fuerza normativa, con preceptos programáticos que no crean derechos ni obligaciones exigibles... Lo que no es adecuado para el articulado de una ley». Firma este informe Luis Miguel González Gago, director entonces de los letrados. Como consejero de la Presidencia aprobó en agosto el proyecto de ley votado ahora en las Cortes.

Esa falta de obligatoriedad marca el trasfondo de una norma que aspira a servir a personas en extremo vulnerables, que se agarran al último clavo de la atención vital. El de entrar en una residencia.