Ley de Concordia de Castilla y León, a la morgue parlamentaria

Ya lo habíamos vivido. En diciembre de 2021, lo mismo dijo Francisco Igea. Y antes, en febrero de 2019, fue pionera para expresarlo en público Silvia Clemente. García-Gallardo es hoy otra muesca en el currículum de Alfonso Fernández Mañueco. Y la intensidad de los reproches confirma que no será la melancolia, sino el despecho, el sentimiento que moverá la política otoñal en Castilla y León.

Rota la coalición entre PP y Vox, el divorcio en apariencia inicial civilizado, sin voladura de puentes, encarrila hacia sendas más hoscas. Manda la contabilidad electoral y están ya haciendo números. Calentando motores hacia las urnas, que es el combustible que mueve a los políticos.

El PP se afana en absorber al socio, en mostrar que Vox no está hecho para gestionar, que divide socialmente y no suma y que su prioridad no ha sido el trabajo en la mejora del día a día de los ciudadanos, sino la obcecación en dar cera a los sindicatos, hacer batalla del revisionismo del Franquismo y contra los menores inmigrantes, además de negar que exista la violencia de género pese al goteo de agresiones y asesinatos de mujeres e hijos y allegados de estas a manos de parejas y exparejas.

Y el futuro de Vox pasa por gestionar la diferencia con el PP y avivar lo que definen como batalla cultural, que plasmaron en un pacto con los populares para gobernar Castilla y León en el que descartaron de inicio consejerías sensibles y con una carga considerable de trabajo, como Sanidad, Educación y Familia.

Mañueco ni siquiera ha tenido que romper la coalición, como hizo con Ciudadanos. Hasta eso le ha puesto fácil Abascal. Y ahora el PP se ha puesto manos a la obra para borrar el rastro de Vox en la Junta, que con un pacto de apenas 30 puntos tan rimbombantes como poco concretos cuajó en poco realizado en la práctica.

Lo más visible fueron los recortes a programas del Diálogo Social en materia de empleo y la asfixia al Serla, órgano de mediación en huelgas y ante despidos. Eso está encauzado. Este viernes ha habido firma de acuerdos entre Mañueco, la CEOE y con UGT y CCOO en una imagen que supone pasar página a la etapa de Vox. García-Gallardo presentó el jueves una iniciativa en las Cortes para diluir el papel negociador de patronal y sindicatos de clase. La cuestión es por qué no lo hizo, si tan trascendente lo considera, durante los dos años en los que cogobernó la Junta.

Eso ha pasado en una semana en la que Mañueco no ha tenido empacho en sacudirse de encima la Ley de Concordia que, con un contenido discutible (por decirlo suave) empezando por el nombre, el PP y Vox habían redactado a dos manos. Llevaba la firma de Raúl de la Hoz y el informe favorable a su tramitación lo rubricaron el consejero Luis Miguel González Gago y el propio Mañueco, que el jueves votó en contra de la iniciativa.

Las leyes de Violencia Intrafamiliar y Concordia fueron las dos exigencias mediáticas de Vox, elevadas a cuestión de prioridad máxima en Castilla y León. El PP entró por el aro en 2022, amarró la Junta y se dedicó a demorar lo prometido. De la primera no hay noticias. Dos años tuvieron en el PP enredados a los de Vox para iniciar la segunda. La que iba a ser la Ley de Concordia de Castilla y León es hoy un texto para la autopsia forense en la morgue parlamentaria.

Mañueco pasará apuros, pero gobierna. A Vox le queda, a efectos prácticos y autodescartados en labores de gestión, la estrategia del berrinche. Y al PP sobrellevarlos. Con sordina, para no dar publicidad gratis.