García-Gallardo y los «moros» de Castilla y León

¿A quien beneficia? A la convivencia social, seguro que no. A quien busca votos a costa de cargarse lo anterior, sí. «Son moros», es la expresión que no se cae estos días de la boca de García-Gallardo, que ha pasado en apenas un mes de arremeter contra la «islamización» de Palencia durante la campaña de las elecciones europeas a señalar a los «moros» que colonizan Castilla y León. Una diana en la que ha puesto a refugiados y a los menores no acompañados que llegan desde Canarias.

Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad, se ha desmarcado esta semana de ese empecinamiento criminalizador de Vox, rebatiendo la imagen de invasión de 'menas' con cifras. Castilla y León recibe 20 menores al año del reparto canario, menos que asesores suman los de Abascal en la Junta, las Cortes y capitales en las que gobiernan con el PP.

La elección de las palabras implica un acelerón ideológico xenófobo. Pasar de islamización a moro y cómo lo utiliza el vicepresidente denota desprecio, incluso cierto asco. García-Gallardo gobierna con Alfonso Fernández Mañueco una tierra, Castilla y León, que tiene en el padrón de habitantes, en la pérdida de población y el envejecimiento creciente el principal desafío actual y de futuro. Un roto demográfico imposible de paliar con pobladores autóctonos. «Nuestra prioridad es que las familias españolas tengan niños españoles» y hacer de Castilla y León una «región maternal», señalaba el vicepresidente al aterrizar en el despacho oficial. Eso hace mucho tiempo que no es suficiente en esta tierra. Ni con embarazos gemelares a destajo obviando las libertades de las mujeres castellanas y leonesas en edad de gestar, si se me permite la impertinencia.

Ese planteamiento enarbolado por Gallardo no vale siquiera para garantizar el relevo de población en las ciudades y mucho menos en el medio rural. Salvo que ese apoyo a la natalidad autóctona se complemente con programas de acogida e integración de las personas y familias que llegan de fuera. Esto depende de la gestión de quienes están en los despachos oficiales. Exige trabajo para armar soluciones que suelen ser algo más complicadas que la alternativa reduccionista del billete de vuelta generalizado para los «moros».

La última cifra del INE sobre población en Castilla y León redujo el recuento a 2.383.703 residentes, de los que 167.934 eran extranjeros. El 7%, por debajo de la media española del 11,7%. Ni con este contingente inmigrante sujetamos el padrón, lo que de forma egoísta para los nacidos aquí supone un problema mayúsculo en mano de obra para garantizar la actividad económica y base para sufragar las pensiones y tributar en pago de impuestos.

La solución para un responsable público no debería ser nunca la criminalización de personas que, mayoritariamente, se convierten en vecinos nuestros a base de trabajar o de estudiar. Y para la minoría que se salta la ley están, como para los españoles que hacen lo mismo, los cuerpos policiales y los jueces, que deben contar con recursos suficientes para su labor.

Los inmigrantes llegados a la meseta proceden de Europa, América, África... Por este orden. De los africanos que registra el INE en Castilla y León, han nacido en Marruecos 25.516, de los que 5.128 tienen nacionalidad española. Si volvieran todos esos «moros» a su país colapsaría buena parte de la actividad en granjas, en el campo, en plantas de procesado de productos agrarios, en la construcción y en el cuidado de las personas. Esa es la realidad, que no merece exabruptos.