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Cumple un año el 'no' protocolo antiaborto de Castilla y León

Ahora se cumple el aniversario del protocolo y marcha atrás. García-Gallardo comparecía junto al consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, del PP, para explicar que cambiaba el protocolo de atención a las mujeres embarazadas de Castilla y León con «medidas provida» para hacer frente a los «más de 2.500 abortos», que fueron los practicados en Castilla y León en el año 2021. El protocolo implicaba que la gestante que estuviera planteándose interrumpir el embarazo, acogiéndose a un derecho reconocido por una ley estatal con límites y garantías, escuchara el latido fetal entre la semana 6 y 9 del embarazo, «antes de tomar cualquier decisión».

Además, se promovían las ecografías tridimensionales para favorecer la «implicación emocional» de la gestante. Con obligación de los profesionales sanitarios de ofrecer las medidas a las embarazadas. Vox imponía al PP un protocolo provida copiado al ultraderechista húngaro Viktor Orbán que quedó confirmado horas después en una nota enviada desde la Consejería de Sanidad, bajo gestión popular, que reflejaba lo expuesto por el vicepresidente. Pero intentando maquillarlo con la etiqueta de «medidas sanitarias relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias».

El trago para el PP parecía superado esa jornada de enero de 2023 y Gallardo celebró el pulso ganado a su socio con los Pingüinos, que hacían rugir sus motos en Valladolid. Se acercó a la concentración en coche oficial, aunque paseó por ella casco en mano, como si acabara de bajarse de la moto.

Pero la crisis no había hecho más que asomar. Las sociedades médicas señalaron que las pruebas no aportaban sanitariamente mejoras de atención y que los profesionales podían ser acusados de coaccionar a las mujeres que se planteaban interrumpir su embarazo. Una actuación delictiva que podía alcanzar a directivos de Sanidad que dieran respaldo administrativo al protocolo, incluso a cargos superiores. La oposición se movilizó, el Gobierno plantó cara a la Junta, pero lo verdaderamente decisivo fue que en la sede nacional del PP saltaron las alarmas.

La situación obligó a Mañueco a dar marcha atrás con una declaración institucional y a maniobrar para intentar vender que ese protocolo era un invento. Pese a ser presentado en la rueda de prensa más oficial de la comunidad, la que sigue cada jueves al Consejo de Gobierno de la Junta. Pese al respaldo documental de la nota de una consejería del PP. Y pese a verse obligado a protagonizar una declaración institucional para intentan neutralizar el conflicto con el Gobierno y... con la dirección nacional de su partido.

Mañueco superó la prueba. La larga cambiada que dio a los de García-Gallardo sigue en vigor un año después. Convirtiendo la exigencia de Vox en papel de envolver bocatas y sumándola a cuestiones vertebrales que los de Abascal impusieron para hacer presidente al salmantino y que siguen sin concretarse, como la Ley de Violencia Intrafamiliar o el Decreto de Concordia, que bajo esa denominación persigue el propósito de derogar el de Memoria Histórica y Democrática que firmó alguien tan extremista en política como fue Juan Vicente Herrera.

El resbalón del protocolo antiaborto ha fortalecido a Mañueco, porque muestra la debilidad de su socio. Más si se contrapone el pacto autonómico al que acaba de estrenar el Gobierno de Pedro Sánchez, con el exprimidor independentista y nacionalista fuera de sí y el PSOE cediendo hasta asustar a los ajenos y a su propia militancia.