El Supremo apuntala la fijeza para 3.000 de los 22.060 interinos de Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado tras el Consejo de Gobierno respecto de la resolución del alto tribunal, que desde la Junta ya se está aplicando esta ley «que es de obligado cumplimiento» y están en marcha varias convocatorias de empleo público para reducir la temporalidad en estos puestos.

En concreto, en los ayuntamientos de Castilla y León hay 552 puestos de habilitación nacional (secretarios e interventores) que ya están «en proceso de estabilización», al que los interinos que tengan derecho podrán acceder por la vía de concurso o tras un examen, «una prueba que ya se ha realizado», confirmaron fuentes de Presidencia de la Junta. Respecto de los empleos en fase de «estabilización» en la Administración autonómica, 714 son para funcionarios y otros 1.913, para personal laboral. En ambos casos, estos puestos se resolverán por concurso o concurso oposición, han precisado desde el Gobierno regional.

Son un total de 3.077 puestos en empleo público en Castilla y León los que la Junta pretende que sean ocupados por actuales interinos de larga duración con el objetivo de reducir la temporalidad, tal y como establece la norma estatal refrendada ahora por el Tribunal Supremo. Esta permite convocar de forma excepcional las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de manera interrumpida durante al menos cinco años mediante un sistema de concurso que no requiere oposición. La ley obliga a todas las Administraciones Públicas a convocar, antes del 1 de junio de 2022, las plazas ocupadas por trabajadores temporales y estableció que estos procesos selectivos deben estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2024.

El acceso a estas plazas se hará con carácter general por un proceso de concurso-oposición. La fase de concurso ponderará un 40% y la experiencia será el elemento determinante en la valoración, lo que da prioridad para acceder a estos puestos a los interinos.

Los ejercicios de la fase de oposición podrán considerarse no eliminatorios. Asimismo, las diferentes Administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas para la estabilización del empleo, según consideren más apropiado para cada ámbito.

El personal interino que no supere este proceso selectivo tendrá derecho a una indemnización de veinte días por año trabajado hasta un máximo de doce meses y también se incorporarán a una bolsa de empleo específica, según recoge la ley.

La aplicación de la norma alcanzará a todos los niveles de la Administración, a todas las sociedades mercantiles públicas, a las entidades públicas empresariales, a las fundaciones y los consorcios del sector público, por lo que el proceso de regularización se efectuará en todos esos ámbitos, sin perjuicio de que pueda adecuarse a su normativa específica.