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Dentro de las medidas recogidas en el decreto ley para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania se encuentra la subida temporal del Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que reciben 36.193 personas en Castilla y León. Durante tres meses, hasta junio, las cuantías se incrementarán el 15% sobre las vigentes en 2022, de modo que oscilarán entre los 565,37 euros a los que tendrá derecho un adulto que viva solo y los 1.074,21 euros para un hogar de dos adultos y dos niños. Estas cantidades son 73 y 140 euros mayores que las actuales.
El IMV va destinado a personas en situación de vulnerabilidad económica y entró en funcionamiento en la segunda mitad de 2020. Sus beneficiarios han ido migrando desde la Renta Garantizada de Ciudadanía y según datos del cierre de 2021, el ejercicio se cerró con un incremento de 9.664 perceptores con respecto a doce meses antes, hasta totalizar 36.193.
La ayuda del IMV se puso en marcha por la grave situación creada por la crisis social derivada de la pandemia, pero algunos de sus requisitos y la complejidad de su gestión han hecho que se limite al 11,3% de las 319.341 personas en riesgo de pobreza en la comunidad. Desde la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales recuerdan que en el conjunto de España llega al 9,3% de la población bajo el umbral de la pobreza, «un dato que queda muy lejos de las previsiones del Gobierno en mayo de 2020 cuando preveía llegar a 2,3 millones de personas».
En el último año, el aumento de la financiación y de personas beneficiarias en once comunidades, incluida Castilla y León, en relación a las rentas mínimas de 2020 ha servido «para que las autonomías inicien el desmantelamiento de las Rentas Mínimas reduciendo número de personas beneficiarias y recortando presupuesto», según un informe de los directivos.
El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo cuyo umbral depende del tipo de hogar y contabiliza los ingresos preexistentes, si los hay. El umbral de renta garantizada oscila entre los 491 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.074 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores. Los titulares del IMV tienen una media de 44 años y en más del 60% de las unidades de convivencia hay al menos a un niño.
El plan de emergencia extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, para llegar a 1,9 millones de hogares, cerca de 100.000 en Castilla y León; prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz; y mantiene el mecanismo de los ERTE para las empresas afectadas, al tiempo que prohíbe los despidos objetivos para quienes reciban ayudas.
En la primera quincena de marzo, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que llevaba casi un año en una senda descendente, volvió a repuntar con mayoría por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). De los 561 afectados por este tipo de ERTE que había en Castilla y León el 28 de febrero, se pasó a 2.354 el 15 de marzo, la mayoría por las paradas productivas de Renault.
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