Suárez-Quiñones: «Daremos la vuelta al modelo de transporte rural para modernizar Castilla y León»

Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández (León, 1961) se mantuvo al frente de la Consejería de Fomento el pasado verano a pesar del veto que trató de imponerle el ahora vicepresidente Francisco Igea. Su divulgada frase «yo soy la Administración», que él siempre consideró normal dentro de un contexto de gestión administrativa, pudo costarle su continuidad en el ejecutivo autonómico. Ahora, superada aquella etapa, afronta otro tipo de problemas más ligados al día a día de la consejería que dirige.

–Casi 5.000 personas se han quedado fuera de la lista de ayudas al alquiler de la Junta. ¿Lo ve normal?

–Tenemos un importante número de solicitudes y eso pone de manifiesto la credibilidad que tienen estas ayudas que gestiona la Junta. Se trata de una gestión ágil y bien dotada económicamente. Venimos de 2,9 millones de ayudas en 2015 y ahora son 15,3 millones. En las dos últimas convocatorias hemos suplementado más dinero para repescar y dar ayudas a todos los que justifiquen los requisitos. Hemos hecho la primera relación y habrá beneficiarios que no lo justifiquen.

–¿Pero tantos como 5.000?

-No, menos de 5.000. Según hemos ido desarrollando estas ayudas, la gente cumple los requisitos de forma más adecuada.

–Entonces habrá gente que se quede fuera...

–Sí, así será. Pero en la repesca ya hemos previsto que las personas que no reciban ayuda por falta de crédito queden en una lista de reserva. Cuando se determine el crédito que finalmente se gasta, ese dinero se pondrá a disposición de la segunda criba de beneficiarios. Ahí añadiremos crédito para un segundo bloque de ayudas que vamos a dar. También tendrán que justificarlo y algunas personas no lo harán. En la última criba nuestra vocación es dar ayudas a todos.

–Por tanto, ¿la idea es que al final todos reciban la ayuda?

–Nuestra idea es recoger crédito suficiente para que todos los que justifiquen los requisitos la perciban. Ya lo hicimos en las dos anteriores convocatorias. Me resulta llamativo que se ponga tanto el acento esta vez en este asunto.

-¿Comprará la Junta los pisos de Sareb que estaban cedidos?

-La Junta no ha comprado pisos de la Sareb. Ha adquirido derechos de uso de esas viviendas. No ha comprado pisos porque sería un esfuerzo económico que no podríamos hacer. Los recursos públicos son limitados y debemos priorizar. Buscamos soluciones imaginativas y que sean eficaces. Tener derechos de uso sobre una vivienda, renovables y a través de un convenio con la Sareb permite el uso de esas viviendas para alquiler social. Sí estamos en conversaciones con la Sareb. Ya hicimos una compra de derechos de uso de cien viviendas y buscamos otro paquete de derechos de uso para incrementar nuestro parque público de alquiler social. Nuestro compromiso es llegar en torno a las 3.000 viviendas esta legislatura y partimos en torno a 2.000. Debemos trabajar en muchas líneas y una es esta.

–¿Cree que va a prosperar la Ley de Caza después de los repetidos fallos en contra que ha recibido por parte del Tribunal Superior de Justicia?

–Precisemos lo siguiente: los fallos en contra no son con sentencia firme. Y hay decisiones que no se han tomado. Sobre el decreto de especies no hay decisión en primera instancia de la Sala de Valladolid. Si no es favorable, recurriríamos. El problema es que los tiempos de la Justicia son muy largos. Tenemos un decreto de especies suspendido, pero contamos con una Ley de Caza de 1996 que fue modificada la pasada legislatura y que permite ejercer la actividad. Mantenemos un compromiso con la ciudadanía para disponer de una nueva ley de gestión de los recursos cinegéticos, de la caza, en la que trabajamos. El martes 17 de diciembre estará en Gobierno Abierto el primer borrador de esa ley para someterlo a la participación de la sociedad de Castilla y León. Todo aquel que quiere proponer una iniciativa, podrá hacerlo a través de esta plataforma.

–El TSJ también anuló en mayo que las explotaciones ganaderas quedaran exentas de licencia ambiental. Fue otro revés para la consejería que dirige. ¿No están bien atadas jurídicamente estas normas? Usted era juez antes de ser consejero...

–Entra dentro del juego de una sociedad moderna, democrática y de derecho que cada institución haga su función. La Administración dicta normas y los tribunales las someten a revisión cuando hay un recurso. Eso ocurre en todas las consejerías de España. De los cientos de normas que dicta esta consejería entra dentro de lo previsible que algunas se sometan a los tribunales. Nosotros pretendíamos facilitar el establecimiento de las empresas en el medio rural para que aquellas que fueran mínimamente invasivas no tuvieran que pasar por los mismos requisitos, trámites y plazos de autorizaciones ambientales que las grandes empresas invasivas. Hay un criterio de la Sala de Valladolid con el que no estamos de acuerdo y lo hemos recurrido.

–¿No comparte que estas normas tengan lagunas jurídicas?

–No comparto el criterio jurídico de que no se pueda hacer porque existe una ley dictada por las Cortes de Castilla y León que habilita este tipo de cambios. Lo hemos recurrido al Tribunal Supremo. Se habla mucho de varapalos judiciales, pero el juego normal es que los tribunales examinen las normas administrativas. Y mientras no sea firme, no hay nada, lo que sucede en estos casos. Si hablamos de la lucha por el medio rural, facilitemos que la actividad económica se pueda desarrollar allí.

–El Consejo de Cuentas encontró desajustes en las ayudas para las rutas deficitarias del autobús y señalaba que solo el 18% de las subvenciones se ceñían a datos reales.

–Es un informe importante para nosotros que no pone el acento en ningún defecto relevante. Nos hace unas sugerencias formales que trataremos de seguir al máximo. Estamos contentos porque avala el sistema que tenemos de la financiación del transporte, aunque ha considerado que se podría financiar mejor. Estamos de acuerdo. Con la nueva ordenación del transporte que vamos a poner en marcha se harán efectivas esas sugerencias del Consejo de Cuentas, al que agradecemos su trabajo.

–¿Cuándo estará listo el mapa de ordenación de transporte rural?

-La legislatura tiene que terminar con un nuevo transporte público interurbano de viajeros por carretera. A finales del año 2022 deberían estar en marcha las nuevas concesiones. Las anteriores, alguna de las cuales data de cuarenta años, terminan. Había unas prórrogas que ya no se pueden extender. Es una oportunidad para adaptar el transporte rural a las necesidades de Castilla y León del siglo XXI. Las líneas estaban previstas para hace 40 años y la comunidad ha cambiado.

–¿Cómo se va a estructurar?

–Mediante tres instrumentos. El primero será el mapa de ordenación del transporte, que definirá los flujos, con contratos zonales. Habrá unas cabeceras y definirá aspectos de financiación y de tarificación. Es muy genérico. Ese decreto está en preparación y en el primer semestre de 2020 debería estar aprobado. Después dividiremos Castilla y León en zonas, unas ochenta, y haremos los proyectos de explotación. Ahí irá determinado todo: las frecuencias, las expediciones, el horario, los costes... Lo haremos de forma participativa para que todo el mundo se vea reconocido. No podemos tardar mucho en hacerlo. Será una vuelta total al transporte y forma parte del proyecto de modernización de Alfonso Fernández Mañueco.

–¿Llegará a todos los municipios?

–Se tiene que llegar a todos los núcleos de población. Todos deben tener transporte, ya sea a la demanda, de línea regular o integrado con el escolar. Es un servicio público que ha de ser universal.

–¿Sucederá lo mismo con la banda ancha? ¿Alcanzará todos los rincones de Castilla y León?

–Trabajaremos para que llegue. Es uno de los compromisos clave del programa transformador del presidente. El proceso de digitalización abarca muchas cosas: nuevas tecnologías en la sanidad, en la administración electrónica, la empresa 4.0, en la construcción... La banda ancha es capital. Hay que movilizar 130 millones de euros, de los cuales 100 han de ser públicos, 50 de ellos procedentes del Estado, como se comprometieron otros gobiernos.

–¿Cree que ese compromiso se mantendrá?

–Vamos a exigirlo. Sea el gobierno que sea, creo que se cumplirá. Los otros 50 millones de dinero público deben salir de las diputaciones y de la Junta. Nos lo tiene que autorizar el Estado, porque la banda ancha es una competencia ministerial. Preparamos una primera convocatoria de 10 millones de euros para el primer semestre de 2020. A ello sumaremos a las diputaciones que quieran participar para objetivos de sus provincias. Me he reunido con los presidentes de la Diputación de León y de Soria. Me han dicho que quieren participar.

–¿Espera que el resto de diputaciones también lo hagan?

-Sí. Confío en que sean 10 millones de la Junta y 10 de las diputaciones para una primera convocatoria de 20 millones en ayudas a la extensión de banda ancha.

–¿Cuáles son los otros grandes objetivos que se marca la Consejería de Fomento para esta legislatura?

-Colaborar con nuestras políticas en el proyecto de modernización y transformación de Castilla y León, mejorando la cercanía de los servicios públicos a las ciudadanos y luchando por el mundo rural. Todos deben tener los mismos servicios vivan donde vivan. Eso tejerá transversalmente todo lo que hagamos. Hay que seguir mejorando nuestras carreteras. En vivienda, vamos a relanzar el programa 'Rehabitare' con ayuda de las diputaciones para que haya más casas en el medio rural con alquileres sociales. Queremos mejorar el bono de transporte para que resulte casi gratuito para determinadas capas de nuestros mayores o jóvenes. Debemos seguir avanzando en depuración de aguas residuales y en las políticas de nuestro medio natural, que debemos promocionar, así como en la lucha contra el cambio climático, con una estrategia más moderna de desarrollo sostenible.

-¿Qué espinas se le quedaron clavadas en la anterior legislatura?

-Mejorar la banda ancha. Llegamos a más de 600.000 personas, pero queda alcanzar pequeños núcleos de población, donde las empresas no invertirán en internet porque no les interesa económicamente. Esa asignatura, que no se ha completado, se hará esta legislatura. También en la depuración de aguas residuales, donde hay una importante labor por hacer. Quedan miles de kilómetros en las carreteras que deben ser adecentados. Hay otras cosas que dan frutos ahora. Una legislatura no es suficiente para que los proyectos lleguen a materializarse y ejecutarse.

–¿Cómo es su relación con el vicepresidente Igea? Fue especialmente beligerante con usted durante la campaña electoral y en el proceso negociador para formar gobierno.

–La pregunta lleva la respuesta. Fue una época de negociación, de lógico rifirrafe político, en la que se hacen planteamientos y hay que respetarlos. Ahora es el vicepresidente de mi gobierno, el consejero de Transparencia y de Ordenación del Territorio. Las relaciones son extraordinarias. Hablamos de un gobierno único. Nos sentamos todos los jueves para adoptar los acuerdos que correspondan a favor de los ciudadanos de Castilla y León. No hay fisuras. Adoptamos las decisiones por unanimidad, lealtad y con un objetivo: cumplir un acuerdo de gobierno sustentando en dos partidos que han alcanzado un acuerdo político para cumplir el programa que expuso el presidente en su investidura.

–Durante la negociación podría haber prosperado ese veto de Igea sobre usted. Sin embargo, se impuso la voluntad del presidente Mañueco. Le estará agradecido...

–Por supuesto. Estoy muy agradecido al presidente Mañueco. Me identifico con su proyecto, tengo una extraordinarísima relación y estoy muy orgulloso de estar en este gobierno como lo estuve en el Ejecutivo anterior. Este gobierno es fruto del acuerdo político y, por lo tanto, de las dos partes que formaron parte de ese acuerdo político.

–¿Nota tensiones entre PP y Ciudadanos en la Junta por la personalidad tan fuerte de Francisco Igea?

-Todo debe ser la oportunidad para que haya diferentes puntos de vista y que se tomen acuerdos. Fue un acuerdo que llevaron con sensatez el presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea en representación de Ciudadanos. Ese entendimiento también está sobre la mesa del Consejo de Gobierno.

-Usted es uno de los dos consejeros que continúa del gobierno anterior. ¿Qué diferencias ve entre el expresidente Herrera y el presidente Mañueco?

-Veo más similitudes. Un conocimiento tremendo de la comunidad, una pasión por nuestro territorio y nuestra gente, y una pasión por llegar a los mejores servicios públicos para los hombres y las mujeres de Castilla y León. Es tal la pasión y el conocimiento que en eso son exactamente idénticos. Tienen las ideas muy claras de lo que quieren conseguir en Castilla y León. Veo más similitudes que diferencias. Son dos personas accesibles, cercanas, inteligentes, preparadas...