Sólo 10 de los 48 solicitantes de Castilla y León recibirán indemnización por la talidomida

Sólo una quinta parte de los 609 solicitantes de toda España han sido incluidos en las indemnizaciones del Real Decreto del Ministerio de Derechos Sociales que establece el pago de 12.000 por cada grado de discapacidad reconocida. Una persona con un 33% podría recibir 396.000 euros. Han pasado 73 años desde que naciera el primer afectado por la talidomida en España y en julio se cumplen los primeros cinco años de la Ley de Presupuestos Generales del 2018 donde se aprobaban las compensaciones económicas. Esa normativa, como denuncia Avite, contenía la Disposición Adicional 56 en su cuarto artículo que indemnizaba a estos afectados con los ahora aprobados 12.000 euros por punto de discapacidad. El Gobierno dotó entonces una partida de 20 millones de euros para tal fin.

La talidomida es una sustancia activa comercializada en España a partir de la década de los cincuenta y que fue prescrita a las mujeres gestantes durante los primeros meses del embarazo para paliar las náuseas. Su ingesta llevó aparejada en miles de casos el desarrollo de graves enfermedades connatales. La comercialización en España se realizó por los laboratorios Medinsa, como distribuidora de Grünenthal, tal y como lo repasa el Real Decreto 574/2023, de este 4 de julio.

En Castilla y León, de las 48 solicitudes presentadas, solamente diez fueron valoradas como positivas y serán las únicas víctimas que percibirán ayudas.

Para Rafael Basterrechea, es «evidente que los datos no son creíbles. En julio de 2018 nos dijeron que de los entonces 28 casos el 90% eran positivos y ¿ahora no llega ni a la cuarta parte?», se pregunta. «Es un número decepcionante y poco creíble. En todos estos años nadie ha descolgado en el Gobierno central el teléfono para atendernos. El estudio genético de Castilla y León fue asumido directamente por el Comité Nacional sin cuestionarlo, ni una discrepancia ni en los 'síes' ni en los 'noes'. Ninguna porque no creemos que ni los repasaran y al europeo solo llegaba si había discrepancias. En Castilla y León hubo intereses ilegítimos para favorecer a las farmacéuticas por coleguismo con el comité nacional. Todos los políticos están relacionados con ellas y no hay nada limpio», denuncia.

Repasa este afectado de 58 años que también ha quedado excluido de las indemnizaciones que «si solo el Reino Unido tiene 500 casos; Italia, 300; Irlanda u Holanda, con pocos habitantes, 120 y 80... no es de sentido común que en España sólo haya 130 de las 609 solicitudes. No encaja. No encaja que sea donde menos en proporción. En Avite tenemos 300 socios afectados y 74 positivos; de ellos, unos 37 de Castilla y León«, señala Rafael Basterrechea. »Llevo 18 años en la asociación y diez como vicepresidente, en este tiempo he aprendido algunas cosas y tenemos a personas con idénticas patologías y unas son reconocidas y otras no. Además, ¿cómo es posible que en Asturias casi el 40% hayan sido positivos y en Castilla y León tan pocos cuando el uso tuvo que ser similar? Es cuestión de sentido común y nada de esto está bien justificado. Nos tocará seguir lidiando. Es un buen principio, no obstante, pero hay que volver a los pleitos y, para nosotros, cada día es el día de la discapacidad». añade

Por su parte, fuentes sanitarias consultadas indican que «la proporción en Castilla y León es muy similar a la del resto de España». Defienden, además, que «se trabajó con doble ciego, en Madrid recibían cada caso con un código y sin conocer el informe autonómico que lo acompañaba. Luego se cotejaba, una vez acabado, y si había discrepancias se remitía al europeo. No obstante, añaden que «la distribución es muy diferente porque no se usó de la misma proporción en toda España. Por ejemplo, de esta región, en Medina del Campo y en alguns otra zona confluyeron más casos de los esperados. Eso es simplemente por el ginecólogo de referencia de la zona, por el uso diferente del medicamento.Había médicos, también de cabecera, que lo recetaban más que otros y por eso hay variabilidad incluso dentro de una comunidad».

Los excluidos se deben o bien a una patología explicada por otras causas, incluso genéticas –que es el punto que comparten desde la asociación–, por malformaciones transversales en las que hay ausencia de todos los elementos distales (parte del cuerpo que está más lejos del centro corpóreo que) a un nivel determinado y el miembro se asemeja a un muñón de amputación o por trastornos disruptivos al fallar la circulación.