La cesta de la compra sube seis veces más que los sueldos en Castilla y León

De los 364.512 trabajadores adscritos a los 190 convenios colectivos sectoriales de la comunidad, tienen una cláusula de garantía de que su salario subirá como el índice de precios 75.589, es decir uno de cada cinco, según los datos facilitados por UGT Castilla y León. Sin embargo, de los 37 convenios colectivos con cláusula de salvaguarda 21 están caducados, de modo que los 16 que sí están en vigor amparan a 50.119 trabajadores, el 13,7% del total o uno de cada siete. A ellos habría que sumar otros 5.000 asalariados con convenio de empresa.

En un artículo en el que analiza el impacto de la inflación sobre la negociación colectiva de 2022, el Banco de España señala que el porcentaje de convenios que incluyen cláusulas de salvaguarda salarial para 2022 ha mostrado un «aumento considerable» en los dos primeros meses de 2022, hasta alcanzar a casi el 30% de los trabajadores con convenio, después de haber descendido por debajo del 20% en los últimos años.

Los propios sindicatos dicen entender que, en un contexto de inflación disparada, no es realista exigir alzas salariales vinculadas al IPC y abogan por «tener visión a tres años, de manera que en ese plazo las plantillas no pierdan poder adquisitivo». «No se pueden pedir de manera generalizada subidas del 7%, aunque sí haya empresas con beneficios incluso mayores, pero sí se puede llegar a acuerdos a varios años vista para ir adecuando la recuperación. Somos responsables y sabemos que incrementos iguales a la inflación en este momento no son fáciles, pese a los millonarios excedentes empresariales que no se han repartido», señalaban la pasada semana los responsables de Acción Sindical de CC OO y UGT.

Lo cierto es que en marzo, con una inflación interanual en España del 9,8%, la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de salarios es un hecho. A partir de una diferencia del 7% con la revalorización del sueldo supone que las catorce pagas de un asalariado se quedan en trece. La moderación en la negociación colectiva en Castilla y León viene de lejos y es sostenida. Los 165 convenios colectivos firmados hasta febrero de este año o con efectos económicos en este año (que engloban a 24.249 empresas y 167.616 trabajadores) recogen una subida salarial media del 1,69%. Esta tasa es inferior al 2,26% registrada en el conjunto de España y más inferior aún a la inflación media. Con respecto al 9,8% es casi seis veces menor.

Es más cosas ese 1,69% de alza salarial pactada. Es el incremento más leve de las 17 autonomías y a bastante distancia del siguiente, Murcia con un 2,14% de subida. En el País Vasco el aumento es del 5,16%; en Cantabria, del 4,93% y en Galicia, del 3,42%. A nivel provincial, el abanico castellano y leonés va del 2,47% de Zamora o el 2,35% de Segovia hasta el 1,20 de Palencia y el 1,35% de Burgos. En Valladolid, el incremento medio pactado hasta febrero es del 1,83%.

Los 97 convenios de empresa en vigor (con 12.147 trabajadores) incluyen un aumento de sueldos del 2,20%, frente al 2,47% de media nacional; y los 68 convenio de ámbito superior (155.469 trabajadores) reflejan un alza del 1,65%, lejos del 2,25% del conjunto del país.

Desde el mes pasado, CC OO, UGT, CEOE y Cepyme se sientan a la mesa para alcanzar un nuevo acuerdo nacional de negociación colectiva y para el empleo (AENC), que se convierta en la hoja de ruta de las subidas salariales. El presidente de la patronal manifestaba hace unos días en Segovia que de no apostar por la contención salarial se corre el riesgo de hacer estructural una inflación que aún podría ser coyuntural. Que va a ser más larga de lo esperado, pero que también podría ver redoblados sus efectos negativos si se comete el «error» de indexar los salarios al IPC.