Castilla y León

Sólo el 2,9% de los pobres de la comunidad recibe la renta de inserción

La estatal es una ayuda económica para hacer frente a necesidades básicas de subsistencia mientras que la autonómica promueve un recorrido formativo y profesional que persigue la inclusión social a través del trabajo.

Castilla y León ha reducido entre 2020 y 2022, último y nuevo balance cerrado, un 63,3% su gasto en rentas mínimas de inserción al implantarse el Ingreso Mínimo Vital. Es el cuarto mayor descenso a nivel nacional en términos porcentuales y supone que solamente el 2,9% de la población de la comunidad bajo el umbral de la pobreza recibe la prestación de la comunidad. De esta forma, tiende a la extinción la de la Junta y crece la estatal hasta el 7,94% pero, sin embargo, aun lejos del casi 11% que suponía la autonómica hasta que llegó la del Gobierno central. La regional se queda cinco puntos por debajo de la otra.

Así, la ayuda de la Administración regional ha pasado de 30.007 perceptores en 2019 a solo 15.320 en 2021 y 18.994 en este último balance de 2022, tras una caída intermedia a 26.529 en 2020.

Aragón y Madrid, ambas con más de un 80% de reducción, lideran el descenso de Rentas Mínimas desde la implantación de la vital. Le siguen Castilla-La Mancha (-72,9%), Castilla y León (con el citado -63,3%), La Rioja (-55,6%) y Murcia (-55,2%). En el otro extremo Canarias aumenta su cuantía un 126,7%, Baleares (87,3%), Cataluña (23,3%) y Comunidad Valenciana (10,81%).

La media nacional registra un en la ayuda autonómica del 12,8% de media.

El análisis realizado de la citada la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Derechos Sociales destaca que «la reducción de los presupuestos de las rentas de inserción en la mayor parte de las comunidades, supone que en los dos años transcurridos desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011 y suponga una pérdida global de 241 millones de euros. Como han denunciado «reiteradamente» desde este observatorio, muchas comunidades destinaron este 'ahorro' en el presupuesto de sus ayudas a otros apartados fuera de los servicios sociales, y solo el 7,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las que ofrecen las autonomías. Castilla y León registra solamente el citado 2,9%, muy por debajo de la media nacional, donde las cifras, se están reduciendo desde 2015, con la excepción de 2020, el año de la pandemia, cuando alcanzó su nivel más alto, con un 8,7%.

Destaca además este informe que «este porcentaje encubre diferencias extremas: dos comunidades –Navarra y País Vasco– destacan con porcentajes que suponen el 50% de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Asturias y Cataluña, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 o 6 personas bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, en cuatro comunidades sus rentas mínimas de inserción ni siquiera alcanzan al 2,5% de las personas bajo el umbral de la pobreza: Madrid (2,4%), Murcia (1,6%), Andalucía (1,6%) y Castilla-La Mancha (0,6%).

La cuantía media por persona perceptora de las mismas en el conjunto de España supone el 13,9 % de la renta media por hogar en el país. Una factura «extremadamente baja y que se ha reducido dos puntos este último año. En el caso de Castilla y León, ese indicador se sitúa en el 11,4%, dos puntos y medio por debajo del conjunto nacional».

También en este aspecto las diferencias entre autonomías son enormes. Las que otorgan cantidades más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%); Canarias (18,3%); Asturias (17,2%), Comunidad Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%). Por el contrario, se encuentran Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y el caso más extremo, Aragón, donde la cuantías de sus ayudas de inserción sólo representan el 2,5% de la renta media de los hogares de su territorio.