Solo una de las nueve universidades de Castilla y León cumple las exigencias ministeriales

Ese proyecto, que ya ha superado el trámite de audiencia pública, concede a la enseñanza superior un plazo de cinco años para ajustarse a los nuevos objetivos. Entre ellos destaca la obligatoriedad de dedicar el 5% del presupuesto a investigación, presentar cinco proyectos al año en esta materia, recibir al menos otros cinco encargos científicos en otros tantos años y lograr seis publicaciones por cada tres profesores de plantilla a tiempo completo en revistas de ciencia en un periodo de tres años.

Para chequear esta realidad, el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) acaba de realizar el estudio '¿A qué puede llamarse Universidad?' en el que radiografía el grado de cumplimiento en todo el país. El informe concluye que solo 18 de las 81 universidades analizadas (48 públicas y 33 privadas) están habilitadas hoy para esa adaptación.

En el capítulo docente no podrá homologarse quien no ofrezca 10 títulos de grado, seis de máster y tres de doctorado. Por último, les exige a todas que tengan al menos la mitad de sus matriculados en sus grados, para evitar la proliferación de títulos propios que, muchas veces, no pasan auditorías externas ni controles de calidad.

Todas las públicas de Castilla y León superan de largo estas exigencias. En doctorados, destaca Salamanca (40), por delante de Valladolid (29), León (18) y Burgos (11). Por contra, el Observatorio concluye que ninguna de las cinco privadas lo consigue por su carencia de títulos de doctor.

La Pontificia de Salamanca oferta dos cursos de doctorado (le falta uno para homologarse). Mientras, la Isabel I de Burgos y la Católica Santa Teresa de Ávila, no ofrecen todavía ninguno. En medio, Instituto de Empresa (IE University) de Segovia y la Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, no pasan de uno. Es en investigación donde se aprecian las enormes diferencias entre públicas y privadas. De las primeras, las de Castilla y León se sitúan en la media nacional de contratos anuales (151 de media), muy por encima del mínimo de cinco. De las segundas, ninguna ha obtenido proyectos de I+D en el último quinquenio.

De todas formas, los rectores de unas y otras han cuestionado el estudio de la OSU por contener «imprecisiones» que rebajan la verdadera calidad de la oferta.

El rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), David García López, anuncia que su institución, que va a celebrar sus 20 años de vida, «va a cumplir con la investigación porque está en nuestra apuesta estratégica». De hecho, la UEMC es la de más alta nota en propuestas entre las cinco privadas de la comunidad. García López, que lleva apenas ocho meses en el cargo, asegura que el proyecto ministerial «va al 'peso' y no a la calidad» y echa de menos que «se piense en la aplicabilidad real de esa ciencia».

Esta institución anuncia un Plan de Investigación con líneas prioritarias, aunque para ello «hacen falta fuentes de financiación propias y privadas para poder competir en las grandes ligas europeas, en el círculo virtuoso», demanda García López.

El OSU no saca conclusiones respecto a los presupuestos en investigación por falta de datos, pero sitúa a Burgos en la cola de las públicas en España con un 5,2%, muy por debajo de algunas catalanas como la Pompeu Fabra que llega al 23,5%.

El rector de la de Valladolid (UVA), Antonio Largo Cabrerizo, apuesta por mejoras en la financiación que permitan «contratos más estables y programas para dotar plazas con doctores, personas que ya tienen claro que su carrera docente irá ligada a la investigación».

Otra cosa es la excelencia de esos trabajos. Porque, mientras Salamanca y León superan el corte de al menos seis publicaciones en tres años por cada tres profesores de dedicación completa, Valladolid (5,4) y Burgos (4,4) se quedan a las puertas.

Antonio Largo Cabrerizo también cree que los datos «están mal contabilizados» y recuerda que «el 40% de las patentes que se presentan en Castilla y León proceden de la UVA». Por eso insiste en defender los nuevos requisitos «no porque lo diga un Real Decreto, sino por convicción nuestra y porque la cultura de contribución científica se ha instalado en nuestros centros».

Capítulo aparte merece el apartado laboral. El abuso en la contratación de profesores asociados (externos) en casi todos los centros, con porcentajes muy por encima de lo que permite el ministerio desde hace décadas, dejaría a todas las universidades de la región, públicas o privadas, en claro 'fuera de juego'.

El objetivo del ministerio que dirige Manuel Castells es garantizar que la universidad del futuro cumpla con las tres misiones que debe tener encomendadas: docencia, investigación y transferencia de conocimiento a la sociedad.