Los servicios jurídicos de las Cortes obligan a «reconsiderar» la proposición vetada al PSOE

Patricia Gómez Urbán, lógicamente, cogió el informe por la parte favorable y dejó claro que no había un motivo que justificara la decisión de la Mesa de las Cortes. Algo que también reconocen los servicios jurídicos. «Se trata de una causa de inadmisión distinta de las que habían venido siendo aplicadas por la Mesa de la Cámara para enjuiciar la admisibilidad de ese tipo de iniciatiovas parlamentarias», señalan. Y recuerda que el Tribunal Constitucional es «muy restrictivo» a la hora de dar validez a «causas de inadmisión de estas iniciativas parlamentarias».

«Ahora tenemos un informe de los letrados que da la razón al Grupo Parlamentario Socialista», se ufanó Gómez Urbán, «pero es la Mesa de las Cortes la que tiene que decidir si la admiten a trámite. Si no la admite, la presentaremos en los mismos términos. Forma parte del debate político y se verá en sede parlamentaria si es coherente o no».

El caso es que el texto de la PNL, tal y como finalmente se presentó, reza algo que evidencia el carácter político de la proposición, que busca hurgar en la herida de la reforma sanitaria que abrió la brecha entre PP y Ciudadanos. Decía así: «Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que […] desautorice la política sanitaria que se está llevando a cabo desde la Junta de Castilla y León [...]». Los letrados recurren incluso al análisis semántico y gramatical del verbo «desautorizar», que es un verbo «transitivo que requiere un complemento directo sobre el cual el sujeto ejercite la acción». Y concluye que pedirle a la Junta que se desautorice es un «contrasentido lógico». «Si se desautoriza al desautorizador, su desautorización deja de ser tal». Un trabalenguas que muestra lo enrevesado del asunto y pese a lo cual insiste en que no se puede «inadmitir» la proposición por eso.

«Respecto a la PNL, las presentaremos como consideremos y no como ellos querrían», dejó claro Patricia Gómez Urbán, que explicó que ahora es la Mesa de las Cortes la que debe volver a tomar en consideración la iniciativa. «En función de lo que resuelva, estudiaremos todas las posibles consecuencias», aseguró. Y no se descarta acudir, judicialmente, hasta donde sea posible.

David Castaño, portavoz de Ciudadanos, lo resumió con equilibrio. «Le da la razón y se la quita al PSOE. Los servicios jurídicos dicen que la propuesta de resolución es incongruente y de imposible cumplimiento. En cuanto a lo estrictamente jurídico es legal, pero hay una Mesa de las Cortes y una Junta de portavoces que velan por que las proposiciones no de ley sean coherentes», defendió.