Uno de cada diez niños amparados por la Junta en 2018 sufrió maltrato físico por parte de sus padres

Un año después del crimen de la niña Sara F. M., la pequeña vallisoletana de cuatro años que murió el 3 de agosto de 2017 como consecuencia de los golpes y después de sufrir posibles abusos sexuales, el número de expedientes de protección abiertos por la Junta sobre menores víctimas de maltrato o abandono van en aumento y, aunque tímidamente, los familiares y personas del entorno de los pequeños en situación de abandono empiezan a denunciar más, aunque siguen siendo los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones los mayores detectores de esta violencia contra los más pequeños. El 'efecto Sara', que llevó a la consejera de Familia Alicia García a comparecer en las Cortes para anunciar el refuerzo de las medidas de protección a la infancia y la revisión de la coordinación entre administraciones, ha supuesto, en el primer semestre del año 2018, la apertura de un 30% más de expedientes respecto del mismo periodo del año anterior, antes del asesinato de la pequeña Sara.

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, aunque se resisten a reconocer la relación causa-efecto e indican al respecto que tiene que pasar más tiempo para que se asienten las estadísticas, sí consideran que el refuerzo de las campañas de sensibilización y «sobre todo, de contarle a la gente qué pasos hay que dar para denunciar estos casos, así como de facilitar las vías de denuncia» están empezando a dar resultados. En lo que va de 2018 son 214 los expedientes de protección, respecto de los 148 tramitados en el mismo período del año anterior. También se han completado 153 tutelas por situaciones de desamparo y desatención afectiva, frente a las 122 contabilizadas en el primer semestre de 2017.

En la actualidad, 1.649 niños de Castilla y León están 'monitorizados' por la Junta, que tiene abiertos expedientes de protección sobre sus condiciones de vida y son 1.348 menores los que, directamente, han pasado a ser tutelados por la Administración autonómica, al considerar los equipos técnicos que los niños sufren desamparo y que sus progenitores no les atienden adecuadamente. En otros 300 casos, se han impuesto medidas para proteger a los pequeños. Son 59 expedientes de protección más en 2018 respecto de los primeros seis meses del año anterior. Y durante todo 2017, la Junta abrió 1.959 expedientes, tuteló a 1.488 niños y acordó 471 medidas.

Es llamativo, también respecto del primer semestre del año pasado, que los casos de abusos sexuales hayan aumentado dos puntos, al pasar del 0,61% al 2,9%. Ocurre igual con los casos en los que los padres inducen a los menores a delinquir, aunque, aclaran desde Familia, «se trata de porcentajes muy bajos que, en cuanto ocurre un caso más, se dispara la estadística».

Siguen siendo los CEAS de ayuntamientos y diputaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad quienes más alertan de situaciones de abuso, violencia o abandono infantil, (41,12 y 12,15%), aunque va en aumento la implicación de los profesionales del sector sanitario (12,62%), de la Fiscalía (7,48%) y los familiares, que han pasado de ser solo el 2,44% en los seis meses previos al caso Sara al 7,01% que recoge la última estadística. La colaboración siendo escasa en los colegios.

El director de Familia, Pablo González, señala que el trabajo de formación que se está haciendo desde la Junta, «y que comienza a reflejarse en el aumento de las denuncias», está incidiendo en la coordinación, la sensibilización de los colegios profesionales, la universidad y en que la ciudadanía, en general, «sepa cómo actuar cuando tienen conocimiento del maltrato infantil. Y creo que eso lo estamos consiguiendo». La Junta pretende incorporar también este año a las guarderías y campamentos a la cruzada contra el maltrato infantil.