El SEPE abona el 98% de los ERTE mientras la Junta quiere renegociar ahora su complemento

Mientras, el complemento de 7 euros diarios para cada expediente de regulación temporal de empleo que la Junta pactó dentro del Consejo del Diálogo Social el 25 de marzo –y así fue recogido en el decreto ley de medidas urgentes que fue ratificado por las Cortes– no solo no se ha materializado, sino que puede quedar en agua de borrajas.

Iba a estar destinado a todos aquellos afectados con bases reguladoras inferiores a 1.600 euros, a partir de los 15 días de suspensión, y a tal fin se destinaba una cantidad inicial de seis millones de euros, con el compromiso de que sería ampliada con los créditos que fueran necesarios, ya que se consideraba «urgente y extraordinaria».

Ahora, esta ayuda anunciada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es vista como no prioritaria por el vicepresidente y portavoz Francisco Igea, quien le ha restado importancia al afirmar que con seis millones de dotación «solo reportaría 30 euros a cada trabajador». Según Igea, que ignoró así el compromiso de aumentar la dotación presupuestaria para cumplir con la medida, tal cantidad «es menos relevante que otras necesidades de ciudadanos afectados por la crisis del coronavirus». «No se ha incumplido ningún acuerdo», sostuvo ayer, sino que se trata de «tomar decisiones» sobre «cómo emplear los recursos», en lugar de utilizar la fórmula del «sorteo o de quien llega primero». «Lo que está firmado se va a cumplir, otra cosa es en qué condiciones», afirmó Igea tras el Consejo de Gobierno.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, informó de que la cuantía abonada en Castilla y León asciende a 268,95 millones de euros y agradeció a los trabajadores del SEPE el «ingente esfuerzo realizado para sacar adelante estos cientos de miles de expedientes con efectivos infradimensionados con respecto al volumen de trabajo que provocó la crisis sanitaria».Destacó asimismo el esfuerzo que «está llevando a cabo el Gobierno para asegurar el sostenimiento, en la medida de lo posible, del empleo y la economía», así como «negociando la ampliación de los ERTE de fuerza mayor más allá de la vigencia del estado de alarma».