El segundo intento del macrojuicio de la Perla Negra arranca este lunes en la Audiencia

Larga instrucción judicial que se inició en el Juzgado de Instrucción número 2 en 2013 y que continuó por la Audiencia hasta este 2024 por unos presuntos delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración por supuestos 'pelotazos' urbanísticos del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo en Arroyo de la Encomienda (hoy, inmueble de Soluciones Empresariales) y las parcelas del parque empresarial fantasma de Portillo.

Unas operaciones que habrían resultado «ruinosas» para las cuentas y supervivencia de la empresa pública Gesturcal, pérdidas que al final tuvieron que ser asumidas por la propia Junta, según subrayan las acusaciones (Fiscalía, Junta de Castilla y León y PSOE) y de las que se habrían beneficiado cinco excargos de la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo de los tiempos del consejero y vicepresidente de la Junta Tomás Villanueva (fallecido durante la instrucción cuando estaba en calidad de investigado) y siete empresarios afines al Gobierno regional. Una compleja y tediosa causa que sentará en el banquillo, por ejemplo, a Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal, con más de 80 años.

Junto a él, durante dos meses y medio, estarán los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez; Ángel Román Montes López, también de Urban Proyecta; Alberto Esgueva Gutiérrez, actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internacionalización de servicios de ADE; su hermano Francisco, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador; Luis Antonio Recio García, vocal, y Carlos González Maestro, que fue secretario de dicha sociedad.

Atribuyen al equipo de confianza del consejero Villanueva «enconcertación» con los empresarios, seis delitos de corrupción por las operaciones de arrendamiento y compra del edificio de la Agencia de Desarrollo en Arroyo y de las parcelas para el parque industrial en Portillo. La suma total de las peticiones de cárcel de la Fiscalía superan los 70 años, por los 221 que solicita el PSOE en sus calificaciones.

Y todo esto se empezará a juzgar a partir del próximo lunes. Las tres primeras sesiones (26, 27 y 28 de febrero) se dedicarán a las cuestiones previas para iniciar las declaraciones el 4 de marzo. Como testigos pasarán por la Audiencia de Valladolid Pablo Trillo-Figueroa el 5 de marzo, mientras que el 12 de marzo declarará la exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo. El 14 de marzo será el turno del expresidente Juan Vicente Herrera. Tres de los noventa testigos citados, muchos de ellos por videoconferencia, que ocuparán la sala hasta el 10 de abril y entre los que también destacan José Rodríguez Sanz Pastor (exadministrador de la Agencia de Desarrollo, José Armando Baeta (director general de Presupuestos con Pilar Del Olmo), Carlos Martín Tobalina (actual viceconsejero de Economía y Competitividad), Santiago Salas (exinterventor general), Mariano Gredilla (cargo de confianza de Tomás Villanueva, ex delegado de la Junta y actual gerente de la Universidad de Valladolid), Patricio Llorente (constructor de Collosa), Ramiro Ruiz Medrano (presidente del Partido Popular durante los años en los que estuvo en auge la Perla Negra), José Manuel Jiménez (alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente), Francisco Javier de Andrés Guijarro (secretario general con Pilar del Olmo) o María Teresa Mata Sierra (ex secretaria general de Hacienda y delegada territorial en León).

A partir del 11 de abril, según acordó y aprobó el tribunal de la Sección Segunda, declararán los doce acusados (consulte aquí para conocer las peticiones de cárcel). Semanas, muchas de ellas, de tres días para dejar liberada la agenda de la Sección Segunda para, principalmente, causas con presos.

La acusación pública argumentará durante el juicio que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública Gesturcal (después Ade Parques y ahora Instituto para la Competitividad Energética) pagara por el inmueble de Arroyo casi 60,5 millones de euros «cuando su valor no debió superar los 50 millones» y que además «abonara otros 9,7 millones de euros por conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3».

Respecto de los terrenos de Portillo, concluye, «las actuaciones concertadas por los acusados no solo determinaron un considerable incremento del precio de las fincas que pagó ADE Parques, superior a los 3 millones de euros, sino el pago de otros conceptos que supusieron 3,3 millones de euros más». Además, enjugó las deudas de las empresas promotoras, con lo que la situación financiera de ADE fue empeorando: en 2010 tuvo pérdidas de 10,2 millones.