El sector residencial se recupera y ya están ocupadas el 92% de sus 48.211 plazas en Castilla y León

Castilla y León vivía, antes de la pandemia, ya una situación de plazas vacías porque tanto las iniciativas privadas como sobre todo de entidades locales y administrativas (Junta e Imserso) no se relacionaban entre si, no había una estrategia que diseñara y cruzara mapas y necesidades. «Cada ayuntamiento quería su propio centro en su pueblo, gestionados directamente o, más habitual, puesto en manos ajenas; pero las plazas no se llenaban en unas zonas y podía haber carencias en otras», destacan fuentes del sector empresarial.

Así las cosas, Castilla y León tenía en 2019 un total de 48.098 plazas; de las que 15.761 eran públicas (que incluyen los conciertos): 11.579, sin ánimo de lucro y las restantes 20.749, privadas también pero con fines productivos. Un considerable incremento en comparativa con las 38.789 de 2007 o las 43.867 de 2012, por señalar algunos antecedentes. La ocupación era en la época precovid de entre el 85% y hasta el 89%, según momentos tal y como recogen distintos informes de la Consejería de Familia. Los últimos datos cerrados, de 2020, establecen en 48.211 el número de plazas autonómicas (15,766 públicas; 11.500 sin ánimo de lucro y 20.945 privadas) en las nueve provincias. León, Valladolid y Burgos son, en correlación también con su población, las que de más oferta disponen.

La pandemia hizo estragos en las residencias en la primera ola, hasta que llegaron las medidas, los protocolos y la capacidad de protegerse y de realizar pruebas y aislar a los enfermos y potenciales contagiados. La organización e intervención lograron darle la vuelta a la incidencia incluso antes de las campañas de vacunación que, actualmente, dan altas garantías de seguridad. Entre la alta mortalidad (4.348 usuarios en toda la pandemia, según la Junta) y el miedo a institucionalizar a los ancianos, el sector residencial vio vaciarse hasta 2.500 camas en septiembre de 2020, una de las peores fechas en cuanto a ocupación de plazas. Aquel verano vio perderse muchos usuarios: en mayo había 43.044 residentes y cuatro meses después solo 42.030. Después, progresivamente, el sector se ha recuperado poco a poco y un par de meses más tarde de ese bajón tuvo una alta demanda de plazas y pronto recuperaría hasta un millar de plazas más de nuevo ocupadas.

Actualmente, según contemplan los datos de la Junta, a fecha del 5 de abril, hay 44.517 residentes en Castilla y León, la mayoría ancianos pero también hay personas con discapacidad; pero hay 3.779 plazas libres. Incluso ya hay lista de espera en algunos centros. Los públicos, los primeros y más demandados por un sector de renta media y baja de la población, cuentan con menos oferta libre que los privados en su conjunto; aunque algunos de estos últimos ya carecen de plazas, en particular, de las de habitaciones individuales que son más escasas. La ocupación llega ya prácticamente al 92%; aunque, según zonas y demanda, algunas residencias disponen de mucha más oferta que otras. Y en todo este balance de plazas no hay que olvidar la obligatoriedad de reservar un 5% de las plazas en cada centro por la necesidad de posibles aislamientos.

Es este un recurso básico para las familias porque la residencia no es siempre opcional sino que, cuando se trata de mayores muy dependientes –y en las plazas asistidas es en lo que se centra la oferta pública– requieren cuidados continuos y muy profesionales lo que limita la posibilidad de ser atendidos en su hogar.

Castilla y León se sitúa a la cabeza de España con mayor porcentaje de plazas residenciales de carácter público, incluidas las concertadas, con un 80%. Su cobertura de plazas por personas mayores de 65 años es del 7,8%, lo que supone la ratio más alta del país, cuya media se sitúa en el 4,2%. Del porcentaje autonómico, el 6,3% corresponde a plazas de financiación pública –propias o concertadas– y un 1,5%, de privada. Castilla y León supera, por lo tanto, en 17.409 plazas la ratio de cinco camas por cada 100 personas mayores de 65 años, que es el criterio marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según datos de la la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sobre la situación y evolución de los servicios residenciales, que recoge que solo cinco territorios (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) alcanzan tal recomendación.

Sin embargo, estimar la cobertura de atención a través de la oferta de plazas residenciales «no es indicativo del número de profesionales que pueden atender a la población; ya que puede haber muchas plazas, pero pocos profesionales. Por ello, se calcula el índice de cobertura de atención residencial en términos de 'empleos equivalentes' por cada cien personas de 65 años y más. El resultado global de este indicador en 2019 era de 1,03, es decir, 1,03 trabajadores en residencias de mayores por cada 100 personas de 65 años y más», precisa Julia Montserrat Codorniú, consultora en la Red Europea de Políticas de Protección Social. En un informe sobre el Impacto de la pandemia en las residencias y las nuevas necesidades postcovid (Panorama Social, 2021), recoge a este respecto que Castilla y León, aparece –junto a Extremadura y Castilla-La Mancha– con alta oferta de plazas; pero «sus índices de cobertura de atención son bajos, es decir, no tiene un mayor número de profesionales». Son las tres comunidades con peor cobertura de trabaajdores, Castilla y León con solo 0,2 por cada cien usuarios.

Y plantea este trabajo que, tras la experiencia del covid, las necesidades estimadas son en realidad mayores, hay una gran precariedad laboral y necesidad de mejor gestión en términos generales y con sus excepciones.

Concluye asimismo que el crecimiento del sector residencial para mayores está liderado por las entidades privadas; en 2021, a pesar de la pandemia, la previsión del sector privado es de un aumento del 10,6% en número de centros y de 7,8% en nuevas plazas (38.557). En Castilla y León, la oferta privada representa el 67% del total y con ánimo de lucro, el 43% del total.

El porcentaje de habitantes de 65 y más años en Castilla y León –613.511– representa casi la cuarta parte de la población de la comunidad (25,5%), según datos del INE. En el año 2020, se previó un crecimiento continuo en el número de habitantes de estas edades que rebasaría los 700.000 habitantes pertenecientes a la llamada tercera edad a partir del año 2030. Y si el 7,8% actualmente vive en residencias, serían 7.800 plazas las que podrían hacer falta en ocho años. Una previsión que conduce o a la masificación de los geriátricos –de la que ya hablan los profesionales de cuidados de los mayores– o a una considerable ampliación de la oferta.

La crisis sanitaria de este último año ha ralentizado el crecimiento previsto y ha relegado el modelo de atención centrado en la persona, en el bienestar y la socialización tal y como contemplan ya todos los planes de futuro inmediato del sector tanto público como privado. Sin embargo, la no prevista –salvo como re curso de convalecencia– hospitalización de estas instalaciones ha ganado terreno. Recuperar la confianza de las familias es ahora la principal obsesión de los responsables de estos centros.