El plan aprobado el martes por el Consejo de Ministros para reducir la temporalidad en las administraciones públicas afectará en Castilla y León a unos 47.000 empleados públicos, según los cálculos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública difundidos hoy, que señalan que el porcentaje de interinidad en las administraciones públicas de la comunidad se sitúa en torno al 28,6%, superado en actividades como la Educación Secundaria, donde ronda el 30%, así como en Sanidad y en la Administración Local, ambos casos en torno al 37%.
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El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, mantuvo este jueves un encuentro de trabajo con representantes sindicales para informarles del acuerdo que fue suscrito el lunes por el ministro Miquel Iceta con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF. El plan recoge que ninguna persona podrá ocupar con carácter interino una plaza estructural de la administración durante más de tres años. El ministerio pondrá en marcha un proceso de estabilización con un sistema de concurso-oposición en el que la experiencia contará un 40%.
La cifra de posibles afectados en Castilla y León aportada por la Delegación del Gobierno llama la atención si se contrasta con la referida por el ministro Iceta a nivel nacional, ya que éste aludió a 300.000 interinos regularizables en toda España. De ser 47.000 de ellos castellanos y leoneses supondrían más del 15% del total de personas afectadas. La Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, que rechaza el plan pactado con los sindicatos y acusa al Gobierno de «mentir a la opinión pública», asegura que la cifra de afectados en toda España asciende a 800.000. «El plan no convierte en fijo a nadie. Obliga a presentarse a procesos selectivos que han sido rechazados por el Tribunal de Justicia de la UE. No se sanciona el buso y las indemnizaciones que se fijan no son disuasorias», sostienen.
En Castilla y León hay 166.682 empleados públicos, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de los que 97.201 pertenecen a la administración autonómica, 35.641 a las entidades locales y el resto, 33.840, al Estado. El INE, sin embargo, cuantifica la cifra de ocupados en el sector público en la comunidad autónoma en 203.100 personas.
El acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre estabilización laboral en las administraciones públicas es para CSIF Castilla y León «un primer paso para solucionar un problema de gran complejidad, como es el de la interinidad, que lleva arrastrándose más de doce años». Así lo ha indicado la portavoz María José San Román, quien añade que «tendrán que venir otras muchas medidas para su implementación y CSIF permanecerá vigilante y exigirá que se lleven a cabo todas y cada una de las medidas necesarias».
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