Castilla y León

La 'sangría' de la plusvalía

Es la principal conclusión que se extrae del informe sobre el análisis del impacto de las constantes reformas impulsadas en este tributo en el último quinquenio, que ha elaborado el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

La sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional dio un revolcón a todo el sistema tributario de los municipios. Aunque aquel fallo no determinó la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones, abrió el camino para que posteriores fallos del mismo tribunal (año 2020) aclarasen aspectos parciales. El más destacado: la nulidad de la regla de cálculo cuando determine un incremento de valor superior al efectivamente obtenido por el vendedor. Es decir, que no se pueden aplicar los porcentajes legales de subida a propiedades con valores de mercado a la baja. Además, esto sucedía en años de grave crisis financiera y cierto desplome del valor de los inmuebles.

Todas estas sentencias del TC abrieron un proceso de revisión y cambio en el impuesto que llevó a la nulidad tanto de la determinación de la base imponible como de la gestión del propio impuesto «en la medida en que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor», explica el Consejo de Cuentas.

De ahí que este órgano decidiera analizar cual ha sido la incidencia y la adaptación en Castilla y León. De entrada, los consistorios notaron la caída de ingresos, que pasaron de casi 70,2 millones de euros en 2017 a 49,7 millones en 2020. La recuperación del sector mobiliario se hizo patente en 2021 con un 'rebote' hasta alcanzar los 53,2 millones. Por provincias, Valladolid encabeza la comunidad en 2021 con 12,2 millones recaudados, por delante de Salamanca (10,8 millones y Burgos (9 millones).

En todo caso, el análisis destaca que este ingreso ha reducido su peso relativo sobre el total de los impuestos locales de la región, al bajar del 9,2% al 7,1%. En todo caso, muy lejos del de Bienes Inmuebles (IBI), que sigue aportando a las arcas de los municipios más del 50% de todo lo que recaudan por esta vía.

Este informe buscaba analizar la incidencia de las sentencias y la adaptación de las ordenanzas fiscales a las mismas y se hizo sobre una muestra de 25 ayuntamientos de Castilla y León. Ninguna de estas administraciones locales «acordó expresamente la suspensión transitoria de la aplicación de la ordenanza» sobre la plusvalía, concluye el Consejo.

Sin embargo, en ese periodo 2017-2021 algunos ayuntamientos, aunque sin acuerdo expreso «sí que suspendieron transitoriamente su aplicación, «bien mediante suspensión de hecho o no practicando las liquidaciones»

Han sido años de una elevada conflictividad. Desde 2017 y con incrementos anuales, se interpusieron 1.426 recursos contra la liquidación por importe global de 5,8 millones. La mitad de ellos fueron estimados. De hecho, las devoluciones por los ayuntamientos alcanzaron los 8 millones.

La nueva realidad fiscal de los municipios ha llevado a todos los analizados a contemplar en sus ordenanzas «la posibilidad de una estimación directa de la base imponible a instancias del sujeto pasivo cuando se constante que el importe del incremento de valor es inferior al importe del importe de la base imponible» (conforme a estimación objetiva).

Pero hay que tener en cuenta que solo el 10% de las haciendas locales liquidan esta tasa en la región. Sí lo hacen el 100% de los mayores de 20.000 habitantes y el 80% de los que superan los 5.000 empadronados.

Por provincias, Valladolid, que es la que más recauda, también fue la que ha logrado evitar grandes oscilaciones. Tras bajar 2,5 millones entre 2017 y 2020, en 2021 recaudó apenas medio millón menos que hace cuatro años.