PP y Cs salvan el primer escollo del presupuesto de Castilla y León gracias a Por Ávila

El procurador que ha acudido en auxilio presupuestario del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco y vicepreside Francisco Igea ha dejado claro que su 'sí' al techo de gasto «no es ni mucho menos un cheque en blanco». Pedro Pascual ha recordado que faltan de cumplir proyectos acordados con PP y Cs en las cuentas que están en vigor, las de 2021, y que su formación no apoyará el presupuesto para 2022 si no hay garantía de que se plasma lo acordado y se suman nuevas partidas.

Pascual ha exigido al Ejecutivo autonómico reciprocidad en los apoyos. Eso conlleva una apuesta por una provincia que se caracteríza por encabezar las listas del paro, por la falta de empresas pujantes y de infraestructuras, ha precisado el abulense. «Tienen una oportunidad para demostrar que Ávila y los abulenses les importamos. Seguimos estando a la cola de España y de Castilla y León. Cuando se duplica el casi cero, nos quedamos en casi cero, es lo que lleva años sucediendo en Ávila», ha remarcado Pedro Pascual sobre los presupuestos estatales y los autonómicos.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido en el hemiciclo autonómico la cifra de ingresos no financieros sobre el que se sustentará el presupuesto de la Junta para 2022 que el Gobierno de coalición prevé presentar las próximas semanas. Con retraso, porque debían haber llegado a las Cortes antes del 14 de octubre, fecha que marca el Estatuto de autonomía. El límite de gasto no financiero para el año 2022 asciende a 11.621, 3 millones de euros, 641 más que el de 2021. Carriedo lo definió como «realista y prudente», sustentado sobre una previsión de crecimiento de la economía (Producto Interior Bruto) del 4,9%. «Será en el año 2022 cuando podamos recuperar las cifras de PIB que teníamos en 2019», avanzó el consejero, que ha enumerado los riesgos que pueden afectar a ese crecimiento económico y, por tanto, al cálculo de ingresos de las cuentas autonómicas: el escenario de elevada inflación, unos costes energéticos al alza, las dificultades de aprovisionamiento de materias primas y el anuncio de subida de impuestos estatales.

El techo de gasto de la Junta para 2022 crece por los fondos europeos, la partida del IVA que el ministerio adeuda a la Junta de diciembre de 2017 (los 182 millones son ya 190 al incluir los intereses de demora) y la previsión al alza de la recaudación de los tributos que gestiona directamente la comunidad.

«La reducción de impuestos no está afectando a la recaudación», ha subrayado Carriedo, en referencia a la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares directos: cónyuges, padres e hijos que ha entrado en vigor en mayo. El consejero ha sido muy crítico con la decisión del Gobierno de España de no prorrogar el Fondo Covid y ha vuelto a reiterar que el reparto de la financiación autonómica perjudica a una comunidad extensa, despoblada y envejecida como Castilla y León, circunstancias que además encarecen la prestación de servicios públicos.

Rosa Rubio, portavoz del PSOE en las Cortes en asuntos presupuestarios y fiscales, ha acusado al Gobierno de Mañueco de «preferir hacer caja en vez de ayudar a la gente» y al consejero Carriedo, en concreto, a quien ha calificado de «funambulista de los números» de dar una información sesgada y «opaca», presentando un techo de gastos «incoherente» basado en previsiones de crecimiento económico y recorte del paro «imposibles». «Baja el paro porque se marcha población en edad de trabajar a la que ustedes no están dando oportunidades para quedarse en Castilla y León», ha señalado la procuradora del PSOE.

Rubio ha destacado que el IVA que va a abonar el Gobierno de Pedro Sánchez fue el que «robó» Cristóbal Montoro a Castilla y León por orden de «Mariano Rajoy». También que en la anterior crisis la Junta tuvo que devolver dinero al Gobierno central, con una decisión de «Rajoy» por la que la comunidad sigue abonando aún 74 millones anuales en pagos aplazados, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez aportó en 2021 una bolsa de 633 millones a Castilla y León solo asumiendo una parte del objetivo de déficit que debía afrontar la Junta. «Una medida inédita y beneficiosa» para que las autonomías hicieran frente a la pandemia, subrayó la socialista.

Rosa Rubio aseguró que la Junta llega «sin los deberes hechos» para aprovechar los fondos europeos para la recuperación y afirmó con ironía que echaba en falta en la suma de ingresos «el dinero de la trama eólica que el Partido Popular ha robado a manos llenas a los castellanos y leoneses». Y los procuradores del PSOE votaron en contra.

«Parece que debemos caer postrados ante Pedro Sánchez», ha replicado la procuradora del PP Leticia García a la bancada del PSOE, al defender las cuentas de Fernández Carriedo. Una suma de recursos «realista» que crece «fundamentalmente por los fondos europeos, no de Sánchez, y el pago de la sentencia del IVA». Leticia García ha contrapuesto la seriedad presupuestaria del Gobierno de Castilla y León al presupuesto «del optimismo sobreactuado» confeccionado por el Gobierno de la nación. Que están hechas, ha añadido la parlamentaria del PP sobre las cuentas estatales, al dictado de los «separatistas» catalanes y de los que hacen «homenajes a los terroristas».

David Castaño, portavoz de Ciudadanos en las Cortes, ha lamentado el «debate de tópicos» que se desarrollaba en el hemiciclo. El parlamentario de Cs cifró en 474 millones de euros el sobrecoste que las medidas para afrontar la covid-19 ocasionará a Sanidad (364 millones), Educación (100 millones) y Familia (10 millones) y criticó que pese a que ese gasto existe, el Gobierno central elimina el fondo covid para 2022. Castaño se ha referido a la insuficiencia del modelo de financiación autonómica por el que el Gobierno central reparte fondos entre las autonomías. «Si abrimos el melón de la financiación autonómica ahora, que lo sepan todos, vamos a perder», aventuró el dirigente de Cs, añadiendo que Sánchez modificará los criterios de reparto para beneficiar a las comunidades de las formaciones que necesita para seguir en La Moncloa.

Del Grupo Mixto votaron en contra Podemos, Vox y UPL. Pablo Fernández, de Podemos, tachó el techo de gasto de «timorato y del todo insuficiente para reconstruir la comunidad autónoma en el momento que estamos atravesando». Fernández afeó al consejero Carlos Fernández Carriedo no haber hablado de las soluciones que proponen ese techo de gasto para luchar por las personas de esta comunidad. «Ni una sola palabra», remarcó el parlamentario de Podemos. Ni sobre listas de espera, ni sobre potenciación de autónomos, ni sobre más plazas en residencias de mayores, ni sobre reindustrialización ni sobre revertir la despoblación enumeró el dirigente morado, que coincidió con el consejero en que Castilla y León está infrafinanciada en el modelo de financiación autonómica. Fernández apuntó que la UE y «hasta el Papa Francisco» defienden políticas expansivas para afrontar la crisis de la covid-19, algo que no refleja el techo de gasto elaborado por la Junta para 2022.

UPLoptó por la abstención el año pasado, pero no repitió en esa ocasión. «Dimos un voto de confianza. Ese ejercicio de fe no nos salió bien», confesó Luis Mariano Santos. El procurador leonesista recordó que PP y Cs no le aprobaron luego ni una enmienda. Eso llevó a Luis Mariano Santos a votar en contra de un techo de gasto «poco ambicioso» para 2022.

Vox votó en contra porque entendía, según ha explicado la procuradora Fátima Pinacho, que el presupuesto mantenía las «poltronas» de PP y Cs y los «chiringuitos», con gastos superfluos en «observatorios, organismos duplicados, puestos directivos y subvenciones a sindicatos».

Los 'noes' se completaron con el voto de la exparlamentaria de Cs y ahora procuradora no adscrita María Montero.