¿Por qué no hay salario político para todos en las Cortes de Castilla y León?

Llegó 1987, y con él la ley electoral. Ahí debían regularse las incompatibilidades, pero como no había un régimen económico que permitiera a los procuradores dedicarse en exclusiva a su labor política, «se veían obligados a compaginar el desempeño de sus funciones parlamentarias con sus trabajos», recuerda el reciente informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes sobre las incompatibilidades. Así que se dejó estar. De aquel vacío, el agujero de hoy.

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En 1990 se reforma el Estatuto de Autonomía y se introduce un cambio esencial. Se suprime la prohibición de recibir un sueldo por la labor parlamentaria, pero no se tocan las incompatibilidades, como por lógica debería hacerse. Tampoco se instaura un sueldo para todos los procuradores, sino que se deja en manos de las propias Cortes, que desde entonces deciden, al principio de cada legislatura, cuántas dedicaciones exclusivas se conceden. De entrada, las de los seis miembros de la Mesa de las Cortes. Después, los portavoces de cada grupo. Y después, se suele dotar también de otra para un portavoz adjunto.

A mayores, según el número de procuradores de cada grupo parlamentario se otorgan algunas dedicaciones exclusivas más. En la presente legislatura, por ejemplo, al Grupo Mixto (Por Ávila, Ciudadanos entonces y Unidas Podemos) se le dejó únicamente con una Portavocía, por lo que Francisco Igea y Pablo Fernández (Unidas Podemos) rotan en el puesto.

A partir de ahí son los grupos los que deciden quiénes reciben esa nómina exclusiva. Y eso da lugar a fricciones internas y a utilizar esas designaciones como herramienta de control del grupo parlamentario. En el PP, la legislatura pasada, había dos plazas sin cubrir. Ahora queda una, con la que se puede premiar a alguien o dejarla sin ocupar. En el PSOE, Luis Tudanca relevó a Nuria Rubio -alineada en el bando oficialista- y a Alicia Palomo, tras la destitución y dimisión de Ángel Hernández, y puso en su lugar a Consuelo Pablos, Rosa Rubio y Yolanda Sacristán.

El propio informe de los Servicios Jurídicos admite que esta situación de 25 exclusivos y 56 sin sueldo «crea una diferencia de estatus jurídico» que «no parece plenamente respetuosa con el principio de igualdad». Repercute, añade, «negativamente en el funcionamiento de las Cortes».