Sacyl mantiene un 47% de consultas telefónicas que respaldan los pacientes

La Atención Primaria en España está «infrafinanciada», todas las comunidades destinan menos del 25% de su presupuesto sanitario a este primer nivel asistencial que resuelve el 98% de la atención sanitaria. Así se mueven –con datos de 2021– entre el 11% de la Comunidad de Madrid y el 17% de Andalucía. Castilla y León llegaba al 15,55%.

El porcentaje de los presupuestos sanitarios dedicados aumentó entre 2021 y 2023 y corrió algo tal debilidad; pero, entre este año y 2024, presentó un aumento mínimo en general y ninguno en Castilla y León con un 16,47% para los centros de salud del total presupuestario dedicado a Sanidad. Este porcentaje en 2024 oscila entre el 18,58% de Extremadura y el 9,23% de Valencia.

Un bajo porcentaje lejano a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La FADSP denuncia la falta de atención por parte de las administraciones al nivel asistencial «más importante para el funcionamiento del sistema sanitario».

La evolución muestra además una caída del 3,73% en la comunidad entre 2020 y 2021; aunque el gasto por habitante, de 292,18 euros per cápita, es el segundo mejor de España tras los 302 euros que dedica Navarra. No obstante, este cálculo hay que relacionarlo con el envejecimiento, más mayores es más demanda asistencial y más gasto por cada uno.

En cuanto a los recursos, la comunidad disfruta de una buena media en la presión asistencial, la mejor del país, con solamente 931 tarjetas sanitarias por facultativo mientras algunas autonomías alcanzan las 1.400 y 1.500. La proporción castellano y leonesa empeora, no obstante, considerablemente y vuelve a cifras de 2010. Fueron 907 antes de la pandemia y 909 en 2020 para subir a 922 en 2022. No obstante, tal medida media no pone sobre la mesa los problemas de este territorio, dado que en las ciudades se desborda la presión asistencial y en las zonas rurales puede ser incluso bajísima.

La información recopilada por esta organización, en base a datos sobre todo de 2022, muestra un aumento generalizado de los pacientes que asume en su consulta cada médico de Familia. En dicho año fue Baleares la comunidad con peores datos (1.735 pacientes asignados por profesional) y Castilla y León, la de mejores datos, mientras que la media se sitúa en los 1.356.

En el conjunto de España, el 59,35% de los médicos de familia tiene más de 1.500 tarjetas y el 4,14%, más de 2.000 pacientes. Destacan los casos de Madrid donde el 47% de los facultativos superan los 1.500 pacientes, Baleares con el 77,52% y la media nacional se de 59,35%. En Castilla y León solamente el 8,95% tiene más de esos 1.500 considerados como el máximo deseable y ninguno, según este informe, supera ya los dos millares.

En Pediatría, la media autonómica actual es de 824 pequeños por facultativo, una cifra que ha bajado desde 2019 y solamente el 0,8% tiene más de los 1.250 considerado el tope máximo en el caso de los niños.

En Enfermería, los datos mejoran en una comparativa con 2010 cuando la media en la región era de 1.158 mientras que ahora ahora son 1.127 tarjetas. Por debajo de la media nacional de 1.426. Sin embargo, en la comunidad, es baja la cobertura de los auxiliares administrativos que se encargan de todo el papeleo con 3.521 tarjetas sanitarias por cada profesional frente a los 2.755 del promedio.

La actividad es ingente en Castilla y León. En el año 2022 los médicos atendieron más de dieciséis millones de citas y de 10,6, los enfermeros. La frecuentación lógicamente se dispara entre los más mayores que superan los seis millones de consultas al médico frente; pero aún es superior la carga asistencial entre los 34 y los 64 años, con 6,3 millones.

El trabajo también analiza la valoración de os pacientes en cuanto a la atención telefónica de sus problemas de salud. España fue el país de la UE que tuvo un mayor porcentaje de atención telefónica los doce primeros meses de la Covid-19 (The State of Health in the EU: Companion Report 2021). Este empleo de la teleasistencia, a pesar de que la pandemia ya ha finalizado, llegó para quedarse y no ha disminuido. Según la OCDE las consultas telefónicas en España, en el año 2021, fueron del 39%, mientras que la media de la Unión Europea fue del 21%.

Un tema importante a valorar es la evolución de las consultas telefónicas entre 2020, 2021 y 2022. En 2022 se dio en el conjunto del país una reducción significativa (-27%) en el número de teleconsultas de medicina y un aumento en las presenciales (26%). En Castilla y León bajó el 28% y crecieron las presenciales un 34%. Estas últimas varían notablemente entre las autonomías, desde un 50% de incremento en Asturias hasta una disminución del 27% en Baleares. Las consultas telefónicas se han reducido en forma global, a excepción de un incremento del 733% en las Islas Baleares.

Actualmente, en Castilla y león las teleconsultas suponen el 47,78% de la atención médica –más alta que la media del 40,29%– y solo superada por Cataluña, Asturias, Extremadura y el País Vasco en su empleo. Baja al 34,48% cuando de pediatría se trata y en Enfermería supone tan solo el 13,46%. Pero tal modalidad es apreciada en general por los pacientes. El 52% está de acuerdo con ello y el 43% lo rechaza. En cuanto ala satisfacción en la región de su empleo, el 46,7% lo avalan mientras que el 27% lo repudia y un 28,6% declara estar 'algo satisfecho«.

En cuanto al gasto farmacéutico es alto en la comunidad en correlación también con su envejecida población y alcanzó, en 2022, casi los 754,6 millones de euros, 319,38 por habitante cuando la media es de 269,63.

En cuanto a la opinión de la ciudadanía, la AtenciónPrimaria pública es la preferida por el 79% de los habitantes, nueve puntos más que el promedio español. No obstante, pierde puntuación en las últimas encuestas del Barómetro Sanitario del Ministerio del ramo para caer desde la época prepandémica, del notable, a la actual a una nota de 6,65.

También recoge el informe las dificultades para acceder al médico y constata que el 7,3% de la población declara haber necesitado consulta y no haber disponido de ella –la media es de 11,2– y un 10% declara no haber logrado atención pese a un verdadero problema de salud, algo más bajo que la mayoría de las autonomías.