Los frutos del pacto PP-Vox en Castilla y León: mucho ruido y poca sustancia

Si la cuestión clave es identificar la impronta de Vox en estos dos años y cuatro meses de Gobierno de coalición y deslindar en qué aspectos se ha singularizado en relación al anterior ejecutivo, basado en el pacto entre PP y Ciudadanos, la respuesta que mejor lo resume es esta: mucho ruido y poca sustancia. El ruido ha venido, fundamentalmente, en forma de declaraciones y no pocos exabruptos por parte del vicepresidente, Juan García-Gallardo, quien, en su papel de terminal regional de Santiago Abascal, ha venido lanzando propuestas de máximos en materias como la violencia de género, la memoria democrática o las políticas de inmigración. La falta de sintonía entre los dos socios de gobierno, PP y Vox, que en todo momento han venido funcionando como dos compartimientos estancos, tan desconfiados como alejados, ha terminado por imponerse en la opinión pública. Algo así como un matrimonio de conveniencia mucho peor avenido que aquel de Mañueco-Igea.

Por eso su mayor logro ha sido sacar adelante los presupuestos para 2024, aprobados el pasado 30 de abril y que ascienden a más de 14.500 millones de euros, y registrar en las Cortes, el 24 de marzo, una proposición de Ley de Concordia que enmienda el decreto de Memoria Histórica del gobierno de Juan Vicente Herrera al equiparar las víctimas de la sublevación del 18 de julio de 1936 y del franquismo con las del periodo republicano, expulsar a las asociaciones memorialistas y a otros colectivos de la nueva comisión, y no permitir la divulgación de los nombres de las exhumaciones. El nuevo ejecutivo regional también la ha emprendido contra otra de las señas de identidad del gobierno de Herrera, como era el diálogo social.

En esta ocasión, el principal responsable de la ofensiva ha sido el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, del que llama la atención su conversión política, vía Vox, desde aquel primer papel como coordinador del Diálogo Social a las órdenes de Germán Barrios, anterior consejero con Ciudadanos, a una suerte de doméstico «McCarthy» que ve comunistas por todos los lados. Consecuentemente, en noviembre de 2022 anunció un recorte de más de 20 millones de euros a las entidades patronales y sindicales que afectaba de lleno a los planes de empleo, las actividades de orientación laboral a parados y migrantes, los planes de prevención de riesgos laborales y las medidas de mediación laboral.

Especialmente dura ha sido su actuación con el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), pues además de eliminar las partidas que recibían patronal y sindicatos por las labores de asesoramiento, ha impulsado una modificación de sus estatutos que conlleva su traslado a las dependencias de la Junta, eliminando así el alquiler del edificio donde se encontraba, la eliminación de la figura del director y una reducción considerable del número de mediadores.

Lo demás ha sido, fundamentalmente, ruido y encontronazos. Así, Vox no solo no ha cumplido su propósito de derogar la Ley de Violencia de Género de Castilla y León, sino que tampoco ha visto sustanciada esa Ley contra la Violencia Intrafamiliar que, supuestamente, habría de cohabitar con aquella.

Más estruendo mediático, y conflicto político, provocó en enero de 2023 aquel protocolo antiaborto presentado en rueda de prensa, de forma inesperada, por García-Gallardo en compañía del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que recogía medidas como ofrecer asistencia psicológica a las mujeres embarazadas, un protocolo de latido fetal entre las semanas sexta y novena de embarazo, y una ecografía 4D. Diversos colectivos alertaron, no sin indignación, de que tal medida conllevaba un riesgo de coacción y contradecía el protocolo de atención a mujeres embarazadas existente ya en Castilla y León, lo que obligó a Fernández-Mañueco a echar marcha atrás y aclarar que no se obligaría a nada similar ni a médicos ni a mujeres.

Vox también ha tensionado las relaciones con el PP en el plano simbólico de la Comunidad, concretamente en la fiesta de Villalar, de la que el partido de Abascal se ha desmarcado en estos dos años y a la que García-Gallardo se ha referido asemejándola a un «macrobotellón» orquestado por la extrema izquierda. Ya en 2023, la Junta aprobó un calendario laboral que suprimía la fiesta del 23 de abril al caer en domingo y no pasarla al lunes siguiente, al tiempo que hacía festivo el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol. Un claro intento de descafeinar la fiesta de Castilla y León que, sin embargo, en diciembre de 2023 fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, que, además, impuso a la Junta costas de hasta 2.000 euros. En este mismo sentido, el nuevo ejecutivo autonómico, a instancias de VOX, recortó sensiblemente el presupuesto de la Fundación Castilla y León, que ha pasado de 1,1 millones de euros a 795.000, lo que sirvió de argumento para no renovar el convenio con el Ayuntamiento de Villalar para alquilar los terrenos donde se celebra la fiesta. Esa misma pretensión de desactivar Villalar ha llevado a la Junta, en 2024, a distribuir la fiesta de Castilla y León por once sedes más.

Lo que sí han dejado estos dos años y cuatro meses de gobierno de coalición PP-Vox son exabruptos y salidas de tono por parte de su máximo representante en el ejecutivo. Desde aquella referencia de García-Gallardo en las Cortes, en mayo de 2022, a una procuradora socialista con discapacidad física a la que calificó «como si fuera una persona como todas las demás», pasando por el calificativo de «imbécil», proferido también en sede parlamentaria, contra el procurador Francisco Igea, hasta desembocar, recientemente, en un tuit sobre los «moros» para los que pide «billete de vuelta» por, a su juicio, deteriorar la convivencia. Un asunto este, el de los jóvenes migrantes, que ha terminado por romper las costuras del Gobierno de coalición.

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