La rivalidad fiscal autonómica agrava la fuga de empresas y trabajadores de la región

Cada año se marchan de la comunidad autónoma por haber encontrado un trabajo mejor más de 12.000 personas –la mitad, a Madrid–, mientras que solo en el primer semestre de 2019 han cerrado sus instalaciones en la región para irse a otra autonomía cerca de doscientas empresas, dos de cada tres al 'agujero negro' capitalino.

El gobierno de la Comunidad de Madrid, comandado por el PP con el apoyo de Ciudadanos, ya ha hecho pública su intención de rebajar los tipos mínimo y máximo del tramo autonómico del IRPF, que ya ahora son los más reducidos de España. El ejecutivo castellano y leonés, con los mismos colores políticos, también es partidario de bajar impuestos con el argumento de que estimula la actividad económica y crea empleo; pero por encima de esto desearía una armonización fiscal «a la baja», según el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ya que la competencia entre comunidades «puede provocar efectos nocivos, como la fuga de empresas», según el vicepresidente, Francisco Igea.

Lo cierto es que Castilla y León es, tras Madrid, la segunda comunidad con menor presión fiscal en el Impuesto sobre la Renta en prácticamente todos los tramos de renta y está más cerca del nivel bajo que del alto en el caso del Impuesto de Patrimonio. En Transmisiones patrimoniales y en Sucesiones, por el contrario, se sitúa dentro del grupo de las que más gravan el hecho imponible, mientras que en Donaciones solo Andalucía tiene una tributación más elevada y la región ocupa el segundo puesto, empatada con Extremadura según un análisis comparativo del Registro de Asesores Fiscales (Reaf).

Este tributo en particular se erige en uno de los paradigmas de la desigualdad que sufren los españoles. Un padre dona 800.000 euros a cada uno de sus hijos y mientras el que vive en Santander no paga impuestos, el que vive en Madrid paga 2.000 euros y el empadronado en Andalucía, más de 208.000. En Castilla León pagaría 200.000 euros.

El principal problema al que se enfrenta Castilla y León cuando se mira en el espejo madrileño es que una y otra autonomía, aunque solo estén separadas por una sierra, no se parecen en nada. Y una bajada de impuestos en una de las áreas económicas más dinámicas del país, con un tejido empresarial pujante, la riqueza per cápita más elevada, el segundo salario medio más abultado del mapa –tras el País Vasco– y una población que ya supera los 6,6 millones de habitantes; no produce los mismos efectos que en una autonomía que aparece por debajo de la media nacional en todos los parámetros y que pierde no solo población, sino mano de obra en un incesante goteo.

Un ejemplo de lo más elocuente: Madrid, que apenas tiene tributos propios, recaudó por ellos en 2017 diez millones de euros, el 10% más que un año antes;mientras que Castilla y León –con impuestos sobre el aprovechamiento del agua embalsada, los parques eólicos, el transporte de energía eléctrica de alta tensión y la eliminación de residuos en vertederos– ingresó 70 millones, solo el 3,5% más. Paralelamente, los ingresos tributarios totales de la primera aumentaron más del 12% y los de la segunda, el 6%.

Para la patronal regional, Cecale, está claro que la presión fiscal en Castilla y León es «superior» a la de otras comunidades autónomas. Desde hace años mantienen la tesis de que impuestos como Patrimonio, Actos Jurídicos y Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) «merman la capacidad inversora y competitiva de las empresas de la comunidad, que ven en territorios como Madrid el escenario idóneo para continuar su actividad y crecer». Con los últimos datos comparables en el caso de TPO, de 2016, Castilla y León recaudó 163 millones de euros, el 10,4% menos que un año antes; y Madrid, 774 millones, el 12% más.

Entre los meses de enero y junio de este año, 184 mercantiles hicieron las maletas en dirección sobre todo a Madrid (114), Galicia (33) y el País Vasco (8), según cálculos del grupo Informa D&B. De otras autonomías vinieron a Castilla y León 109 empresas, lo que arroja un saldo negativo de 75, el tercero peor tras Andalucía y Cataluña. Pero la capacidad de atracción, tentación o succión del foro no se limita a las empresas.

En 2017 se trasladaron desde la región a otros territorios por motivos laborales 12.252 trabajadores (5.795 a Madrid, 6.130 un año antes) y a cambio vinieron 7.526, con un saldo en rojo de más de 4.700. Según la fuente, la Agencia Tributaria, el 62% de quienes se marcharon tenían menos de 35 años. Y, según recuerdan desde CC OO, «quienes se fueron de Castilla y León obtuvieron importantes incrementos salariales, en concreto del 15%, lo que da idea de que encontraron empleos de mejor calidad y ocupaciones de mayor cualificación profesional». Además, pagaron un poco menos de impuestos, en este caso en el IRPF.