PP y Vox respaldan el modelo de tele autonómica al que la Junta inyecta 20,2 millones al año

Los socios del gobierno autonómico tumbaban así una iniciativa del PSOE en la que su portavoz, Luis Tudanca, planteaba la revisión de oficio de la licencia y el cese de la financiación por una cuestión de «limpieza democrática», haciendo suya la denuncia de «manipulación informativa» que ha hecho pública el comité de empresa de la tele, y que beneficia, a juicio del dirigente socialista, a quien está al frente de la Junta «en un medio de comunicación que pagamos en Castilla y León a escote».

Ángel Ibáñez, exconsejero de Presidencia y portavoz adjunto del PP en las Cortes, replicó al socialista que el modelo de Castilla y León surge del «consenso», que el trabajo de «profesionales y directivos» es «magnífico», que la televisión supone una factura asequible (que cifró en 8,4 euros al año por ciudadano) en comparación con otras autonomías y que el PSOE actúa por «oportunismo político», poniendo en riesgo el futuro de «las 325 familias» de los trabajadores del canal televisivo.

Vox ha respaldado al PP, pero con matices. Javier Carrera ha arremetido contra el gasto de 1.125 millones que cuestan «todas las teles autonómicas de España» y justificó que recientemente votaron a favor de ingresar a la sociedad propietaria de la de Castilla y León el pago anual de más de 20 millones de euros por parte de la Junta en un «ejercicio de responsabilidad», pero que su grupo trabaja en la revisión del modelo. El procurador de Vox anunció que los «gestores» del canal autonómico tendrán que buscar otro camino para no depender exclusivamente de los recursos públicos. Pero eso será en un futuro no precisado, a tenor del voto en contra de la iniciativa del PSOE.

Desde la bancada de la oposición afeaban a los de Juan García-Gallardo el cambio de criterio respecto a la televisión autonómica que esgrimió en la campaña electoral de febrero, con la promesa de suspender la financiación. «Qué rápido se domestica la derecha y la extrema derecha. Están a proteger al PP, a tapar la corrupción», replicó Tudanca a los procuradores de Vox.

«Todo mis respetos a los trabajadores y a aquellos que han sido removidos de sus puestos», remarcó Francisco Igea, que aseguró haber recibido por este asunto «más presiones de las que son tolerables» desde que desembarcó en la política autonómica. Pablo Fernández, de Unidas Podemos, situó el cambio de criterio del dirigente de Vox en que es ahora «el beneficiado de la manipulación de la televisión» y acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de usar el canal autonómico «como si fuera el Nodo» franquista.

García-Gallardo siguió desde su escaño todo el debate. No así el presidente de la Junta ni la mayor parte de los consejeros del PP, ausentes del hemiciclo en ese momento.