Más requisitos para las universidades privadas: ¿qué opinan en los centros de Castilla y León?

Según el informe 'Datos y Cifras del Sistema Universitario Español', publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en enero del año actual, en el curso 2023-2024 funcionaron en España 91 universidades (50 públicas y 41 privadas). La última universidad pública que se construyó en España data de 1998.

Lo que plantea el Gobierno es una modificación del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

Aunque faltan por concretar las variaciones a aplicar, el presidente ya adelantó que, entre otros requisitos, se exigirá que los campus tengan 4.500 alumnos en sus primeros cinco años de vida, que se creen un 10% de plazas de alojamiento universitario o que un 2% del presupuesto salga de concursos competitivos de investigación.

Sobre todo esto, ¿qué opinan las universidades privadas de Castilla y León? En la comunidad hay cinco universidades privadas y cuatro públicas. Con todas ellas ha intentado hablar El Norte de Castilla, aunque varias han declinado el ofrecimiento hasta ver el texto definitivo.

Entre las privadas, la Universidad Católica de Ávila e IE University no han querido hacer declaraciones, mientras que desde la Pontificia de Salamanca, aunque prefieren aguardar a saber con concreción qué es lo que se establece, ya adelantan que están tranquilos, porque es algo que afectará, principalmente, a la creación de nuevos centros.

Quien sí se ha mojado ha sido Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I. Sostiene que esta medida conlleva en cierto modo una «reacción política a la situación de enfrentamiento que se tiene con las comunidades de Madrid y Andalucía». El rector también llama la atención por el hecho de que se vaya a modificar un decreto de reciente creación (2021): «Significa que algo se hizo mal», subraya.

Gómez estima que hay «descalificaciones que no son convenientes», refiriéndose a la denominación de «chiringuitos» que Sánchez dio a algunos de los centros privados. «No creo que ninguna universidad privada esté repartiendo títulos», señala el rector.

Critica, asimismo, el modo elegido para sacar adelante esta medida: «Creo que es un cambio importante, que requiere un análisis reflexivo, y no hacerlo por la vía de la urgencia». Y se refiere al requisito de obtener un 2% del presupuesto de concursos: es complicado de cumplir, cuando «más del 80% de las convocatorias excluyen a las universidades privadas», destaca.

El rector, no obstante, afirma que las universidades de Castilla y León «cumplen sobradamente con los requisitos» y no van a tener ningún problema en adaptarse a las nuevas exigencias.

Muy tranquilo también se muestra el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), David García López. «Entendemos que este tipo de medidas son buenas para el sistema, porque persiguen mejorarlo. Pero no deberían usarse como un medio para enfrentar y polarizar».

No obstante, reconoce que le ha llamado la atención «la falta de diálogo con el sistema universitario español». «Hasta donde yo sé, la CRUE aún no conoce el texto definitivo», resalta.

En sus palabras, «no se debería hablar de públicas Vs. privadas, sino de buenas Vs. malas». En Castilla y León, comenta, «somos un ejemplo de convivencia entre los centros privados y los públicos».

Asevera que en su universidad «tienen una hoja de ruta marcada y no necesitan una ley que les diga cómo tender hacia la excelencia». «Cumpliremos con los requisitos. Estamos tranquilos», indica tajante.

¿Y qué opinan las universidades públicas de Castilla y León? Sí están de acuerdo con esa designación de «chiringuitos» en la Universidad de Burgos. Aunque aclaran que no es algo generalizado: «Hay de todo, universidades serias y otras que no». A pesar de que los informes de las agencias de evaluación tienen carácter consultivo, fuentes de este centro público creen que no deberían aprobarse universidades privadas con estos informes en contra, «pero no siempre pasa así».

En su opinión, las exigencias para que un centro pueda denominarse «universidad» han de estar claras: «Tienen que ser entidades de formación, que puedan llevar a cabo generación de conocimiento, y no solo transmisión del mismo. Y deben tener investigación».

«Nadie está en contra de que aparezcan empresas o entidades dedicadas a la formación, pero sí de que se llame 'universidad' a cualquier cosa», matizan.

Como algo positivo lo percibe Antonio Largo, rector de la Universidad de Valladolid. Para él, «el hecho de garantizar la calidad de la educación superior siempre será una medida oportuna, a todos los niveles. Cualquier centro de educación superior no puede asimilarse, sin más, a una universidad, y todas las medidas conducentes a asegurar unos niveles de calidad adecuados al más alto nivel de formación y de contribución a la generación de conocimiento serán oportunas».

Respecto a esa tendencia que puede llevar, a corto plazo, a que haya más universidades privadas que públicas en España, Largo manifiesta que los centros públicos «deben seguir velando por la misión de salvaguardar y promover el acceso a una enseñanza de educación superior, y de calidad, a todos los ciudadanos».

Los rankings académicos a nivel mundial, subraya, «muestran que las universidades públicas españolas garantizan una formación de calidad. En ellas priman los principios de igualdad, mérito y capacidad, independientemente de los recursos económicos. Además, el 70% de la investigación en España se realiza en las universidades públicas. Estos resultados deben seguir garantizándose y potenciándose».

A su vez, Nuria González Álvarez, rectora de la Universidad de León, afirma que hay que «fortalecer la calidad de nuestras universidades, tanto en su dimensión educativa como investigadora».

Por ello, agrega, «es esencial este compromiso para responder a la confianza que la sociedad ha depositado en estas instituciones, entendidas como motores de progreso, generadoras de oportunidades y garantes de un futuro sostenible».

En la Universidad de Salamanca han optado por no realizar declaraciones.