El requisito de presentar recibos bancarios dejó a 332 familias de Castilla y León sin la ayuda de alquiler

Esos recibos que no se dieron de paso presentaban enmiendas y tachaduras, estaban incompletos o llegaron hechos a mano en una convocatoria que exige que el pago se haga por el banco, mediante ingreso, transferencia o domiciliación y que refleje claramente quién paga, quién recibe y por qué concepto.

Los recibos manuscritos dejaron sin ayuda a 332 solicitantes que cumplían los requisitos y figuraban en el listado de beneficiarios. Son datos facilitados por la consejería de dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones al Procurador del Común sobre la convocatoria de 2017, cuya tramitación culminó en 2018. Es la última edición de subvenciones cerrada oficialmente. La Junta ha empezado a abonar en marzo las ayudas de 2018, que resolvió el pasado mes de enero. La presentación de recibos bancarios es un requisito ineludible.

Tomás Quintana es el Defensor del Pueblo autonómico, instancia que inició de oficio una investigación sobre la repercusión que tenía la exigencia de abonar la ayuda de alquiler por el banco. Los asesores del Procurador han valorado los datos y la normativa estatal, además de efectuar un análisis comparado con las fórmulas empleadas en otras comunidades autónomas.

Con todo ello, Quintana ha recomendado a la Junta que flexibilice ese requisito «permitiendo justificar el pago de la renta a los efectos de abono de esta ayuda no solo a través de la transferencia bancaria, la domiciliación bancaria o el ingreso en efectivo en la cuenta del arrendador, sino también mediante otros medios distintos acreditativos del pago en metálico, aún cuando sea con carácter excepcional, siempre que con ellos no se contribuya a fomentar la economía sumergida».

La investigación del Procurador del Común considera que la «limitación absoluta» que aplica la Junta de Castilla y León de justificantes bancarios «puede conducir a un resultado injusto y perjudicial». Añade que siendo un objetivo «deseable» el de combatir el fraude, este resulta «ajeno a la finalidad estricta perseguida con la justificación del pago de la renta», que no es otra que verificar que se cumple con lo que se subvenciona: el desembolso del alquiler.

La resolución que firma Tomás Quintana refleja que la Ley de Arrendamientos Urbanos permite a las partes, propietario e inquilino, acordar la forma de pago, que puede ser «en metálico». Eso lleva a inferir que puede resultar un «castigo» desechar «medios válidos» de justificación de abono y sobre los que el arrendatario puede no tener «capacidad autónoma» de decidir, puesto que no puede imponer al propietario el pago a través del banco.

El Procurador repasa los requisitos de estas ayudas en Andalucía, Asturias, Madrid, Canarias y Cataluña, comunidades que priman el justificante bancario, pero articulan cómo deben presentarse los recibos manuscritos si se abona la renta de alquiler en mano.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente rechazó la resolución firmada por Tomás Quintana. La Dirección de Vivienda redactó un amplio informe sobre los argumentos por los que defiende mantener la exigencia del pago por el banco, asentada ya entre los solicitantes tras varias convocatorias. Se resumen en dos: previene el fraude, tanto fiscal de ingresos que los propietarios no se declaran como en el cobro de las subvenciones por las personas que figuran en el contrato, y es una exigencia pactada con los agentes del Diálogo Social.