La Junta concedió el año pasado casi 1.300 ayudas de entre 150 y 500 euros para financiar el cambio de calderas antiguas de calefacción y calentadores, pero dejó sin atender 457 solicitudes que cumplían los requisitos. Se adjudicaban por orden de presentación y se ... acabó el dinero. Y no habrá repesca para esos 457 ciudadanos. Fueron 1.751 peticiones las que recibió la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Muchas para los 200.000 euros previstos inicialmente, que el Gobierno autonómico de coalición PP-Vox aumentó en otros 200.000, aún así insuficientes para atender a todos los peticionarios que cumplían los requisitos en unas ayudas planteadas como un 'Plan Renove', y que se otorgan por orden de entrada, sin atender criterios de renta.
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PP y Vox votaron este martes contra una iniciativa del PSOE que planteaba en las Cortes de Castilla y León instar a la Junta a sacar una convocatoria que atendiera las solicitudes afectadas por esa falta de fondos en 2022. Tampoco salió adelante la propuesta para que la convocatoria que prepara el equipo del consejero Mariano Veganzones (Vox) para este año incorpore criterios de «progresividad» que den prioridad a los hogares con menos ingresos en una línea de ayudas que funciona, históricamente, por orden de presentación y sin tener en cuenta el poder adquisitivo de quien la solicita.
Fue un debate en el que la oposición criticó con dureza que se hayan quedado fuera esos 457 solicitantes, mientras han recibido una subvención de 400 euros «responsables públicos que tienen unos ingresos muy elevados», apuntó el socialista Jesús Guerrero. Citó, entre otros, al exconsejero Ángel Ibáñez, actual portavoz adjunto del PP en las Cortes.
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«Es evidente que esto no puede volver a suceder y no solo por criterios de justicia y ejemplaridad», apoyó Igea. «Al menos en las formas y el resultado da una apariencia de clientelismo… Me sorprende enormemente que miembros de la Junta y altos cargos tengan este grado de desahogo», refirió el procurador de Cs sobre la solicitud y concesión de estas ayudas. Vanessa García Macarrón, de Soria ¡Ya!, recordó que la retirada de calderas obsoletas incide en el ahorro de combustibles y de emisiones contaminantes, pero también en una mejora de la confortabilidad y la seguridad. «El año pasado se saldó con más de 500 intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. La antigüedad de los aparatos genera peligrosidad real», argumentó para reclamar un refuerzo del programa.
PP y Vox votaron en contra de la iniciativa del PSOE, pero con matices diferentes en sus planteamientos. Mercedes Cófreces precisó que se trata de una ayuda no tanto social como de orientación medioambiental, para sustituir calderas no eficientes por otras que sí lo son. «Castilla y León utiliza los mismos criterios que otras comunidades autónomas y los mismos criterios que otros planes 'renove' cuyo objetivo fundamental es la eficiencia energética. Cuando usted alude a determinados dirigentes del PP en este caso, con los mismo derechos, ni más ni menos, como cualquier otro ciudadano de Castilla y León que cumpla los requisitos», replicó Cófreces al socialista Guerrero.
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La línea de subvención para el cambio de calderas arroja una gran desigualdad provincial, lo que permite pensar que hay provincias con un desconocimiento profundo sobre la ayuda de la Junta. La mitad de las solicitudes parten de hogares de Valladolid: 887 de 1.751. Burgos, Salamanca y Palencia registran más peticiones que León, por ejemplo, que cerró 2022 con 120 solicitudes. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo tramitó 10 expedientes de Soria, provincia en la que concedió 4 ayudas. Ese es el recorrido del plan renove de calderas en una provincia donde el termómetro no da tregua en invierno. El socialista Jesús Guerrero argumentó que estas cifras obligan a replantear la labor de difusión sobre estas ayudas que hacen las delegaciones territoriales de la Junta y los servicios de Industria en las provincias. «Quizás tengan que trabajar más con las empresas instaladoras» (claves para registrar las solicitudes de subvención), apuntó el parlamentario de la oposición antes de insistir en que es una línea «mal diseñada» en criterios, tramitación, difusión y agilidad en el pago
Fátima Pinacho, de Vox, avanzó que el equipo de Veganzones está realizando «un estudio económico para introducir la progresividad en la concesión, en función de la renta de los solicitantes» para este año, pero que eso no va a significar poner limitaciones de solicitud por niveles de ingresos. La parlamentaria de Vox añadió que la línea de ayudas partirá con los 200.000 euros de crédito de siempre, la misma cuantía que la Junta tuvo que recrecer en 2022. Desde el PSOE vaticinaron que se volverán a quedar cortos. «Va a ocurrir obviamente lo que ocurrió en años anteriores. Mucha gente que tiene derecho se quedará fuera», auguró Jesús Guerrero, quien insistió en la «injusticia» de no abonar la ayuda a esos 457 solicitantes de 2022 para los que no llegó el dinero al tiempo que «no es edificantes encontrarse con altos cargos que reciben esa subvención» al no haber límite de ingresos y presentar antes la solicitud.
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