Renuncia en bloque el tribunal de la polémica oposición de la Junta para bedel, camarero y limpiador

Los cinco miembros encargados de la oposición para acceder a 384 plazas como personal de servicios de la Junta han presentado su renuncia en bloque. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. El examen de este proceso selectivo saltó a la actualidad por el contundente nivel de un cuestionario de 88 preguntas (ocho de ellas de reserva por si había que anular alguna de las 80 de que contabilizaban), tanto de normativa como de temas específicos, para unas plazas que se sitúan en el eslafón más bajo de la plantilla autonómica y nóminas del entorno de los 850 euros al mes.

El tribunal titular fue el encargado de elaborar el examen para el que el pasado 2 de junio estaban citados 18.889 aspirantes y que ha sido anulado a principios de ese mes por los responsables de Presidencia con el argumento de que 13 preguntas del bloque de los temas más orientados a la práctica de estos puestos (la mayoría de las plazas son de bedel, camareno y limpiador) tenían un planteamiento claramente teórico, al versar sobre denominación de normativa o articulado.

Ese examen esta pendiente de volver a convocarse de nuevo. La prueba de junio recibió 181 recursos de opositores que criticaban la dificultad del cuestionario y afirmaban que había preguntas que no se ajustaban al temario. La Junta resolvió que todas las preguntas estaban en el temario, pero entendió que había cuestiones, esas 13, que no se ajustaban a la convocatoria.Algo que no comparten otros opositores que consideran que ellos han superado el examen.

La renuncia en pleno los cinco funcionarios públicos que integraban ese tribunal titular pone en marcha el mecanismo para que se hagan cargo del proceso selectivo los cinco suplentes, lo que en principio podría demorar la realización del nuevo examen, previsto para octubre.

La anulación ha provocado malestar entre un grupo de aspirantes que, tras cotejar la plantilla de soluciones que hizo pública la Consejería de la Presidencia, consideran que han aprobado la prueba. Estos opositores se han unido para entablar acciones legales contra esa decisión administrativa de repetir el examen.

Una portavoz de esos aspirantes ha valorado que la «dimisión en bloque del tribunal nos da la razón, puesto que la decisión de anular el examen quitó toda la legitimidad a la autonomía plena que tienen sus miembros para elaborar un cuestionario que sí se ajusta a la convocatoria».