La región perdería 93 millones al año de ayudas directas con la propuesta de la PAC

¿Qué supondrían esos datos para Castilla y León? Las cuentas las hace COAG: con los números actuales sobre la mesa, las ayudas del pilar uno (ayudas directas) experimentarían una merma del 10,1% y la comunidad autónoma perdería 92,84 millones de euros al año en comparación con el marco actual.

El análisis va más allá y en el pilar dos, el Fondo de Desarrollo Rural, que está cofinanciado por el Estado y las comunidades autónomas, «el tijeretazo sería de 30,25 millones de euros anuales si se aplica la intención de la Comisión de bajar un 25,1% la partida de 120,5 millones de euros al año que Castilla y León percibió de media en el periodo 2014-2019». «Estaríamos hablando de 125 millones anuales que pierde Castilla y León en este planteamiento», resume Aurelio Pérez, coordinador de COAG.

De consumarse «este hachazo tremendo», Pérez propone «que haya un reparto más justo, una priorización porque lo que no se puede es que los que tienen como único medio de vida la agricultura y ganadería estén tratados como aquellos que lo tienen para irse de vacaciones».

Clara Aguilera asume que «la amenaza no es nueva», no es la primera ocasión en la que se habla de recortes aunque en su momento se especuló con un 4% para el primer pilar y un 18% para el segundo «pero el planteamiento que hace ahora el presidente del Consejo es brutal».

Con los ganaderos y agricultores en las calles, no solo en España, la eurodiputada mantiene que «esto no es una crisis agrícola de España, es del modelo europeo», al tiempo que se muestra convencida de que si esa propuesta llegara al Parlamento Europeo «la vamos a rechazar».

Esa propuesta para el marco financiero será analizada mañana en Bruselas en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y en opinión de Aguilera «no podemos poner todas las expectativas ahí, primero se hablará mucho, pero no sé si van a ser capaces de llegar a acuerdos; ojalá, por los tiempos, pero es difícil».

Sin un presupuesto definitivo Aguilera define como «mala práctica» avanzar en otras cuestiones relacionadas con la reforma de la PAC por lo que «se trabaja pero esperando la propuesta del marco financiero». Ella se muestra convencida de que, a pesar de que trabajan con el objetivo del 1 de enero de 2022 para la entrada en vigor de la nueva Política Agrícola, «la realidad es que nos podemos ir a 1 de enero de 2023».

Su colega en el Parlamento Europeo, el popular Juan Ignacio Zoido, amenaza con el bloqueo a los presupuestos europeos: «El Parlamento había pedido el 1,3% de la renta nacional bruta y se parte del 1,074% de la renta media europea». En el capítulo agrario tiene claro que «ni se debe cambiar el modelo ni se deben bajar las cantidades de la PAC y menos en una situación de mayores exigencias medio ambientales, de precios injustos, de aranceles abusivos. No vamos a consentir la bajada en el presupuesto de la PAC». La impresión de Zoido es que el Consejo «va a volver a hacer otra oferta con un incremento de cantidades, pero una bajada en el presupuesto de la PAC es inasumible», por lo que invita al presidente Pedro Sánchez a que establezca prioridades: «O defiende el campo o quiere priorizar otros sectores como el medio ambiente, que no digo que no haya que hacerlo, pero no a costa de quien ha hecho un esfuerzo en materia de cambio climático».

Concluyó que «si hay presupuesto, la PAC puede aprobarse antes de final de año; vamos a tener que correr, no dormir, pero puede sacarse con la presidencia alemana y así despejar el horizonte».

El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, opina que el recorte con el que amenaza Bruselas es «una barbaridad, más aún cuando las exigencias medioambientales cada vez son más pero cobrando menos». En el peor de los casos y de llevarse a efecto el tijeretazo, Donaciano Dujo se muestra partidario de que «sea el Gobierno el que garantice los fondos, lo puede poner perfectamente o conjuntamente con las comunidades».

Contrario a este planteamiento se manifestó el secretario de UPA, Aurelio González. «Poner fondos cada país sería una renacionalización de la PAC y entrar en competencia unos con otros».

Su teoría es que, a menos fondos «mejor reparto», que empieza por concretar la definición de agricultor genuino y «priorizando a los que vivimos principalmente de esto, a las explotaciones familiares, porque estamos vendidos a los mercados».

Jesús Manuel González Palacín ve la situación «bastante difícil» pero insiste en que llegados a este punto se hace necesario poner porcentajes claros al agricultor genuino y que «para cobrar las ayudas, el 25% de los ingresos, como mínimo, sean agrarios».